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El tribunal frena un tercer intento de suspender el juicio por el saqueo de la depuradora de Valencia

Los magistrados juzgarán por separado a un acusado del 'caso Emarsa' cuyo abogado no ha comparecido

Ignacio Zafra
Cuesta, Bernácer, Crespo y Morenilla en el arranque del juicio del 'caso Emarsa'.
Cuesta, Bernácer, Crespo y Morenilla en el arranque del juicio del 'caso Emarsa'.MÒNICA TORRES

El tribunal que debe examinar el supuesto saqueo de la depuradora de Valencia, Emarsa, por importe de 23 millones de euros, ha rechazado este martes suspender por tercera vez el juicio de un proceso cuya fase de investigación empezó en 2010 y concluyó en 2015.

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Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Valencia han decidido juzgar por separado a uno de los acusados, el empresario José Luis Sena, cuyo abogado de oficio no se ha presentado en la sala, alegando que está enfermo, después de haber intentado sin éxito en las últimas semanas que le dispensaran de seguir defendiendo a su cliente.

Los jueces han tomado la decisión contra el criterio de casi todas las partes, incluidos el resto de acusados, 24, y la Fiscalía, que han advertido que la medida puede tener consecuencias para la validez del juicio, al romperse la continuidad de la causa.

Entre las acusaciones cundía la impresión de que Sena podrá beneficiarse de la atenuante de dilación indebida a pesar de ser, desde su punto de vista, el principal causante del embrollo procesal que se ha vivido esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Las vistas contra los 24 acusados, ex cargos públicos y empresarios a los que se atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales por haberse apropiado presuntamente de fondos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima (Emarsa) hasta llevar a la quiebra, empezarán este miércoles, a las 10 de la mañana.

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Dos suspensiones

La investigación del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia concluyó que Emarsa quebró después de pagar 23 millones de euros por servicios falsos o cuyos precios fueron hinchados artificialmente, además de costear viajes de placer y artículos de lujo a sus responsables, vinculados al PP y a Unión Valenciana. Emarsa, una empresa del Ayuntamiento de Valencia y otros municipios de su área metropolitana, fue liquidada y el servicio de saneamiento, privatizado.

La primera suspensión del juicio se produjo tras el anuncio de extradición a España del empresario de lodos Jorge Ignacio Roca. Considerado uno de los cerebros del saqueo, Roca había sido detenido en 2015 en Moldavia, donde vivía bajo una identidad falsa.

La segunda suspensión se produjo en marzo a petición de varios abogados de oficio, entre ellos el de Sena, que argumentaron que no habían tenido tiempo de estudiarse los 200.000 folios del sumario. El juzgado concedió un aplazamiento de 50 días y fijó para este martes la reanudación.

Su cliente no le cogía el teléfono

El abogado de Sena que hoy no ha comparecido solicitó hace unas semanas al Colegio de Abogados de Valencia que le permitiera abandonar su defensa asegurando que su cliente no le cogía el teléfono y que había abandonado a su anterior letrado de forma fraudulenta, con el aparente objetivo de retrasar el juicio. El Colegio de Abogados rechazó su petición y el letrado no ha comparecido este martes después de haber presentado una baja por enfermedad en la corporación.

El tribunal ha decidido deducir testimonio contra el letrado, es decir, remitir los hechos al decanato de los Juzgados de Valencia, para que se investigue si su comportamiento es delictivo—. Los magistrados no han aceptado la propuesta de los letrados de otros tres acusados que se han ofrecido a defender a Sena hasta que el Colegio de Abogados le asignara otro de oficio.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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