Exculpados tres vecinos de Alcorcón por desórdenes en la huelga general de 2012

Los cuatro acusados entraron en la sala del Jugado de lo Penal número 5 de Móstoles el pasado 17 de abril con peticiones de condena de hasta siete años de cárcel, pero el fiscal lo rebajó al entender que no había pruebas suficientes para condenarles. De hecho, el ministerio público quiso llegar a un acuerdo de conformidad y reducir la condena para los procesados, pero estos se negaron. El tiempo les ha dado la razón. El magistrado Leandro Martínez Puertas ha exculpado en su sentencia a tres de los cuatro acusados, ante la falta de pruebas que permita considerarles autores de los delitos de atentado contra agente de la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, además de por faltas de lesiones y daños.

Los hechos por los que se ha enjuiciado a los cuatro vecinos de Alcorcón (167.300 habitantes) ocurrieron la madrugada del 14 de noviembre de 2012, durante una huelga general. En el polígono industrial de Urtinsa y en la estación de Cercanías de Alcorcón central se registraron altercados, quema de contenedores, barricadas y destrozos en un coche de la Policía Municipal y en un autobús de la empresa De Blas.

El juez declara en su sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, que no ha quedado probado que los acusados cometieran el delito: “Al respecto constan versiones contradictorias de los hechos, no avaladas por prueba suficiente”.

Por la indumentaria

Los arrestos se hicieron a raíz de que varios agentes de la Policía Municipal señalaron a los supuestos autores de las agresiones y destrozos. Eso sí, reconocieron que llevaban capuchas, estaban a cierta distancia y era de noche. “Les identificaron por la indumentaria, método evidentemente de escasa fiabilidad en un grupo de tantas personas y sin que se detalle algún elemento concreto de la vestimenta que permita individualizar a una persona del resto”, recoge el juez en su fallo.

La sentencia recoge además la versión del cabo de la policía que estaba al grupo de los agentes de paisano que vigilaban esa noche la localidad. Este reconoció que, una vez recibidos los datos de sus compañeros, le pasó la información al resto. Sin embargo, este mando no estuvo “como testigo presencial” en la detención e identificación de los autores. Y eso pese a que es lo habitual “en todo hecho delictivo”.

A esto se une que el agente que vio romper las lunas y el retrovisor del coche patrulla no logró identificar al autor durante el juicio. Durante los hechos, sí le reconoció y se lo señaló al cabo responsable del dispositivo. “Esta forma de identificar al autor no puede evidentemente considerarse prueba de cargo suficiente para considerar acreditada la autoría y enervar el principio de presunción de inocencia”, recoge la sentencia.

El cuarto acusado ha sido condenado por un delito de resistencia a agente de la autoridad tipificado en el artículo 556 del Código Penal y por una falta de lesiones. Eso sí, el juez aprecia la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. El caso estuvo paralizado por causas ajenas a los acusados durante cerca de dos años.