Puigdemont defiende a Llach en la polémica sobre las sanciones a funcionarios
El presidente catalán tilda de injustos e ignorantes a los que acusan al diputado de coacciones
Junts pel Sí, con Carles Puigdemont a la cabeza, arropó este miércoles a Lluís Llach en el Parlament un día después de que EL PAÍS desvelara que el diputado había explicado en diversas conferencias que los funcionarios tendrán que respetar la ley de desconexión o asumir sanciones. Criticado por la oposición por considerar las palabras del cantautor una “amenaza”, Puigdemont lo defendió sin aclarar si está previsto un régimen sancionador.
Como ha hecho en otras ocasiones —por ejemplo cuando la portavoz Neus Munté estuvo en el centro de la polémica al negar en una rueda de prensa la reunión mantenida entre el presidente catalán y Mariano Rajoy—, Puigdemont se dejó ver al lado de Llach en el bar del Parlament. Pero ayer esa imagen no bastaba. Puigdemont tuvo que sustentar ese apoyo con una defensa cerrada en la sesión de control que se celebró en el hemiciclo. Todos los grupos de la oposición hicieron referencia a las palabras de Llach.
Puigdemont defendió al diputado independiente de Junts pel Sí pero no aclaró si se aplicará un régimen sancionador sobre aquellos funcionarios de la Generalitat que, una vez aprobada la ley de desconexión, duden entre cumplir la Constitución o esa norma aprobada por la Cámara y, previsiblemente, anulada por el tribunal de garantías. Los funcionarios desconocen esa posibilidad y al Gobierno catalán le urge cerrar ya la polémica pese a no querer ofrecer certezas sobre la materia.
Juristas catalanes califican de "inaceptables" las declaraciones de Llach
El grupo de juristas Llibertats ha calificado este miércoles de "inaceptables" las declaraciones del diputado de JxSí Lluís Llach sobre que el Govern prevé sancionar a los funcionarios que no apliquen las leyes de independencia, y ha exigido al Ejecutivo catalán que lo desmienta.
En un comunicado, este grupo de juristas contrarios al proceso independentista ha mostrado su indignación porque consideran que en un Estado de derecho es inconcebible "que un representante de la soberanía popular amenace a los servidores públicos instándoles a incumplir la ley y que el Govern no desmienta categóricamente esta amenaza".
"Quien hace estas afirmaciones no puede continuar defendiendo a los ciudadanos en las instituciones", ha sentenciado, y ha señalado que la ley de transitoriedad jurídica, la última que queda por aprobar para la 'desconexión', se está haciendo en secreto y sin debate entre los grupos.
A su juicio, esto demuestra "la extraordinaria carencia democrática de todo el proceso" y constata que el despliegue de la hoja de ruta independentista se está haciendo vulnerando el Estatut y las leyes.
También ha reclamado que se mantenga a los funcionarios al margen del debate independentista, y ha mostrado su apoyo a todos los empleados públicos, especialmente al cuerpo de Mossos d'Esquadra.
Críticas de la oposición
El enfrentamiento más duro lo tuvo con el presidente del grupo popular, Xavier García Albiol, quien reclamó que Llach fuera desautorizado y cesado. Puigdemont obvió esas peticiones y ensalzó la figura del cantautor, al que presentó como un ejemplo de la lucha de la democracia y una víctima del Franquismo, al haber sufrido “censura, detención, prohibición y exilio”. Y lo situó como víctima de personas que, con el fin de la Dictadura, acabaron siendo diputados de lo que llegaría después a ser el PP. Puigdemont concretó en el nombre de Rodolfo Martín Villa. Esa referencia generó un revuelo en la bancada conservadora, que protestó ante la presidenta de la Cámara.
El presidente catalán también restó valor a las críticas vertidas por la jefa de la oposición, Inés Arrimadas (Ciudadanos), quien acusó a Junts pel Sí y al Gobierno autonómico de sentirse “los amos de los funcionarios y los dueños del Parlament”. El president acusó a su partido de “poner bajo sospecha” a los funcionarios en el tema de la inmersión lingüística.
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