Las saneadas cuentas del Canal, la mayor empresa pública madrileña
La sociedad tiene una deuda de 1.100 millones, obtuvo un resultado neto de 232 y repartió dividendos de más de 100 millones entre los municipios
Los últimos acontecimientos parecen dispuestos a dinamitar la marca Canal de Isabel II, con una historia a sus espaldas de 160 años. La mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid está participada en un 82,4% por Canal de Isabel II y en un 17,6% por 111 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Su misión se limitaba a gestionar el suministro del agua (captación, tratamiento, distribución y saneamiento) de los madrileños, hasta que comenzó su expansión en 2000 por Latinoamérica.
Allí creó una tupida red formada por una veintena de filiales distribuidas por Colombia, Ecuador, República Dominicana y Brasil. El conglomerado presta servicio a 9,73 millones de habitantes (6,63 en España y 3,10 en Lationamérica) y da trabajo a más de 6.200 personas (en torno a 3.000 en América), además de generar 2.400 empleos indirectos, según datos de la empresa.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, detenido hoy por orden del juez Eloy Velasco que investiga una red de corrupción con ramificaciones en el Canal de Isabel II, presidió el Canal desde 2003 hasta 2012. En esa fecha asumió en funciones la presidencia de la región después de que Esperanza Aguirre dimitiera, acosada por los casos de corrupción.
En 2009, el Canal sufrió otro sobresalto: el Gobierno de Esperanza Aguirre propuso su privatización con el argumento de que se necesitaban recursos económicos para nuevas infraestructuras. Entonces se hablaba de 4.500 millones de euros. La operación se topó con la oposición de ecologistas y otras plataformas y no se llegó a materializar porque no hubo ninguna “oferta formal”, en palabras de González.
Pero la idea seguía instalada en el Ejecutivo regional y en 2013, ya con González de presidente, se publicó que se pretendía vender el 49% de la empresa por un importe mucho más reducido: 1.000 millones. González negó las informaciones e indicó en febrero de ese año que "ahora mismo" no se va a proceder a privatizar el ente, convertido en sociedad anónima.
El Gobierno de Cifuentes se ha desmarcado completamente de los planes de sus antecesores. El vicepresidente y portavoz de Justicia, Ángel Garrido, indicó en la Junta General de Accionistas de abril de 2016 que “nuestro compromiso es mantener el carácter público de la empresa”. En la reunión se anunció un dividendo complementario de 100,5 millones de euros, que se suma a los 50,3 millones anunciados en diciembre del año pasado. Porque la empresa, a pesar de los escándalos que la atenazan, es rentable. Cerró 2015 con un resultado neto de 232 millones, un 2,81% más que el año anterior, y su cifra de negocios llegó a los 861,3 millones, con una mejora del 3,68%. También logró reducir 30 millones su endeudamiento que se encuentra en 1.108 millones.
El equipo de Cifuentes reivindica esa parte positiva de la empresa e intenta alejarse lo máximo posible de los supuestos casos de corrupción. En julio de 2016 presentaron un informe ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la compra de la empresa brasileña Emissao. Esta sociedad se encuentra en el centro del escándalo, se adquirió por 21,5 millones y un año después se valoró en una cuarta parte.
En este escenario, los directivos del Canal se encuentran en un “proceso de reflexión” sobre cuál debe ser el papel internacional de una empresa referente como es el Canal de Isabel II. O, incluso “si lo tiene que tener”. De momento, están recopilando la información de todas esas inversiones para determinar la estrategia de salida, si es lo que finalmente se decide. Aunque el proceso de reestructuración en Lationamérica se inició el año pasado con el cierre de 12 filiales con poca actividad o que realizaban trabajos no relacionados con el ciclo integral del agua. El Canal ha llegado a estar ligado con un servicio de cobro de deudas, gestión de créditos y cartera de impagados.
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