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La dignidad islandesa

La desigualdad de sueldo entre mujeres y hombres es una de las vilezas socialmente consentidas más repulsivas

Es verdad que Islandia es pequeña y remota, y es verdad que de Rodríguez Zapatero casi nadie habla bien desde hace un par de eras. Incluso algunos han acudido a Zapatero como demostración empírica de la inutilidad derivada de la democracia cuando ganan los que no tienen que ganar. Incluso entre la división etílica de Twitter han tenido a bien cargar contra el embarazo de Carme Chacón cuando pasó revista a las tropas y se puso a viajar como una madre loca en lugar de hacer lo que de ella se esperaba, de acuerdo con la más rancia y castradora tradición que a la derecha no parece estorbarle, bandera arriba bandera abajo. Todo eso es verdad, pero es una verdad silvestre y antojadiza, banal y de ínfima categoría: por suerte pueden seguir cultivando la superstición y la magia difundiéndolas sin miedo a la autoridad ni al código penal ni a la palmeta del castigo ni la mirada torva de un poder jurídico.

Pero por muy pequeña que sea Islandia, por poco que cuente su PIB en los rankings globales, por delicada e inestable que pueda ser su futura economía y por lejos que esté, además, ha sido capaz de ponerse por delante de todos (si estoy bien informado) y ha prohibido por ley la discriminación salarial entre mujeres y hombres para el mismo cargo en las empresas privadas, además de perseguir la discriminación por sexo, etnia o nacionalidad. Al antiguo bambi del PSOE (según Alfonso Guerra) también le salió el rabo y los cuernos como a los comunistas bajo el franquismo y empezó a hacer de las suyas en la equiparación de derechos de las mujeres y de colectivos maltratados y vejados estructuralmente por la legislación española. Quizá no llegue a redentor de los parias de la tierra pero puso orden en las casas, sosiego en las conciencias civilizadas y hasta bondad estricta al facilitar la vida contra el acoso, contra la violencia, contra la marginalidad a un puñado de decenas de miles de hombres y mujeres hoy mejor asistidos en sus derechos y más respetados que nunca, aunque demasiada población del país siga más pendiente de vírgenes y santos de escayola que de personas reales.

La lección de Islandia es comunal y artesana, es transversal y sencillísima, saboteadora de los prejuicios y de las formalidades jurídicas destinadas a disfrazar situaciones de hecho aberrantes. Y por muy grandes que seamos los demás países y por muchas cifras que vistan de honra y honor nuestros indicadores macroeconómicos, Islandia parece demostrar en qué consiste tomarse en serio las cosas que van en serio. La desigualdad de sueldo entre mujeres y hombres es una de las vilezas socialmente consentidas más repulsivas porque no se nombra, se sabe y se calla, se padece como si fuese una lacra bíblica, un mandato divino o algo cuyo recuerdo en voz alta tuerce el gesto de los señores y demasiadas veces cuaja una mueca desabrida de hastío y fatiga ante tantas demandas banales, superficiales, tantos asuntos como reclaman las mujeres sin fijarse en los indicadores de auténtico postín y mayúsculas reconsagradas.

Mentira. Esa nueva legislación de un país de 300.000 habitantes salva la cara, la dignidad y la decencia de quienes vivimos fuera de Islandia y con bochorno sumiso sabemos que esa medida de discriminación positiva no embarga derecho alguno de los empresarios, no perjudica a ciudadano alguno y sólo sigue recomponiendo el obsceno maltrato que la cultura judeocristiana (y casi cualquier otra) ha dado a la mujer a lo largo de la historia, bajo el amparo de la inmoralidad profunda de la Iglesia católica, como mínimo la española. Si tuviese la Conferencia Episcopal algún rastro vivo de decencia moral, saldría a la calle para manifestar que la madre de todos sus feligreses —todos, todos, todos— merece el mismo sueldo que el padre. Y tendrán que atragantarse y esconderse si mientras tanto descubren que sobre la paternidad de los padres hay más dudas, cobren lo que cobren.

Si eso debería ser una acción programática de la Iglesia, no sé cómo definir el deber de todos los partidos políticos para activar sin reservas y sin dilaciones una legislación equiparable: exacto, equiparable, para que nadie siga creyendo que su propia madre merece un sueldo inferior al de su padre en el desempeño del mismo trabajo (aunque los dos sean dos gandules de pronóstico reservado).

Jordi Gracia es profesor y ensayista.