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El extesorero de CDC implicado en el 3% se escabulle del ‘caso Palau’

Un inspector de Policía confirma que Ferrovial financió a CDC

Daniel Osàcar también negó los pagos.

Andreu Viloca, el extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) acusado en el caso 3% ha logrado escabullirse, este martes, en su declaración como testigo por el caso Palau. Viloca ha optado por no dar detalles sobre la gestión de su antecesor en el cargo, Daniel Osácar, con el pretexto de que carece de "memoria histórica" y de que él mismo está imputado, lo mismo que Osácar, por hacer de intermediario en el pago de comisiones de empresas adjudicatarias al partido de Artur Mas.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) ejerce la acusación popular en el juicio por el caso Palau, que se celebra estas semanas en Barcelona. La vista oral pretende aclarar el expolio del Palau de la Música (24 millones de euros) perpetrado por quienes fueron sus máximos responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull, quienes han admitido parcialmente los hechos. También se dilucida si Ferrovial pagó comisiones ilegales a Convergència para conseguir adjudicaciones de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol.

El único responsable del partido que se sienta en el banquillo de los acusados es Daniel Osácar, que ejerció el cargo de tesorero entre 2005 y 2010, un año después de que los Mossos d'Esquadra registraran el Palau de la Música y cuando aparecieron los primeros indicios de financiación ilegal. Osácar negó el pago de mordidas, lo mismo que ha hecho hoy el hombre que le sucedió al frente de las finanzas. Andreu Viloca ha declarado, de forma brevísima, como testigo.

El abogado de la FAVB, Àlex Solà, es el único que ha preguntado abiertamente a Viloca por los manejos financieros entre Convergència y su fundación afín (la Fundación Trias Fargas, rebautizada como CatDem tras el escándalo del Palau) en la etapa de Osácar. "Ya hace mucho que estoy fuera de este circuito y no tengo memoria histórica", ha respondido el extesorero. Pese a que Solà le ha insistido por esa vía, Viloca ha sabido desmarcarse: "No tiene nada que ver con el motivo por el que no estoy aquí", "me está preguntando por una época que yo no controlaba", "me imagino que en los papeles está todo".

El abogado de Osácar ha salido entonces al rescate de Viloca, al que también defiende en el caso 3%. Un juzgado de El Vendrell (Tarragona) sitúa a Viloca como eje central de una trama de pago de comisiones de empresas adjudicatarias a Convergència mediante donaciones a la fundación afín. Melero ha recordado esa circunstancia. "Aconsejo a mi cliente que no conteste a ninguna pregunta relacionada con esta cuestión".

Viloca apenas ha reconocido que Convergència prestaba servicios auxiliares, de tipo administrativo, a la fundación CatDem, y que pagaba por ellos. "Está todo contabilizado y a la vista de todos". No ha recordado, sin embargo, ni el importe ni el tipo de servicios que se prestaban. El fiscal Emilio Sánchez Ulled, consciente también de la condición de imputado de Viloca en otro procedimiento judicial, ha optado por no formularle ninguna pregunta.

Pago de comisiones

Un inspector jefe de grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha declarado antes de Viloca y ha afirmado que está "completamente seguro" de que la constructora Ferrovial financió de forma ilegal a CDC con "comisiones ilícitas". El inspector ha ratificado el informe que firmó en 2012, en el que concluía que Ferrovial usó empresas intermedias "utilizadas como capas de cebollas interpuestas" para hacer llegar comisiones ilícitas a CDC.

En su informe, el inspector de la UDEF también deducía que el caso de Ferrovial "pudiera no ser el único en el que se atisba un desvío de fondos" hacia CDC, al considerar que otras constructoras o empresas de servicios de agua y autopista podrían haber participado en concursos y adjudicaciones "cuyo resultado pudiera estar viciado por estas aportaciones".

El abogado del tesorero de CDC Daniel Osàcar, Xavier Melero, le ha preguntado al inspector sobre si las conclusiones de su informe relativas a Ferrovial tienen la misma validez que sus "conjeturas" sobre estas otras empresas, a lo que el testigo ha sido tajante, afirmando que no alberga dudas sobre el caso de Ferrovial. "Sobre Ferrovial, mi conclusión es que las donaciones no son tal, se trata de una comisión ilícita que en este caso, para mí, servía luego para financiar al partido político. En el caso de Ferrovial estoy completamente seguro. Ratifico la conclusión de mi informe", ha indicado.

En cambio, sobre su alusión a que este procedimiento podría haberse extendido a otras empresas, con procesos de adjudicación "viciados", el inspector ha afirmado que lo incluyó en su informe a raíz de su conocimiento "por fuentes públicas" de que en otros procedimientos judiciales había donantes del partido implicados y también porque eran cuestiones que se habían debatido en el Parlament de Cataluña, aunque no hizo una investigación específica.

En su informe, el inspector de la UDEF también determinaba que los distintos entes que "gravitan" entorno a CDC, como la fundación Trias Fargas -actual Catdem- o la Fundación Fórum Barcelona funcionaban bajo el principio de "unidad de caja", "lo cual explicaría la frecuente concesión de préstamos entre estos y las transferencias de fondos, muchas de las cuales se amparan en supuestas prestaciones de servicios, ejecutadas por CDC para justificar unas crecientes partidas financieras recibidas".

A preguntas del fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled, el testigo ha detallado que durante el periodo analizado, entre 2002 y 2009, comprobó que la Fundación Trias Fargas concedía "créditos ficticios" a CDC para "desviar liquidez" para financiar al partido, ya que las devoluciones siempre se hacían en imposiciones en efectivo, "lo que no es habitual", por lo que dedujo que se trataba de un mecanismo "de blanqueo o simplemente para amparar el origen del dinero y esconder su procedencia".

Además de este "primer circuito o flujo financiero", el inspector también sostiene en su informe la existencia de "facturas falsas" para amparar el trasvase de fondos al partido, mediante supuestos pagos a servicios de proveedores "que no se habían prestado". Posteriormente, a partir de los manuscritos intervenidos en el Palau, el inspector estableció una "relación" entre los donativos de la constructora Ferrovial al Palau de la Música "con obras públicas que se habían adjudicado" a la constructora.