La presión judicial por el referéndum divide al Ejecutivo de Puigdemont
El president reúne a los portavoces de la mayoría independentista y hace un llamamiento a la unidad
La presión judicial sobre la organización del referéndum independentista está empezando a desgastar y dividir al Gobierno catalán. El Tribunal Constitucional ha advertido a los consejeros y altos cargos de las consecuencias penales si se involucran en la consulta. Los consejeros neoconvergentes y los de Esquerra mantienen una soterrada disputa por quién estampa la firma en la compra de las urnas porque se arriesgan a una inhabilitación. El presidente Carles Puigdemont reunió este martes por la tarde a la mayoría secesionista para hacer un llamamiento a la unidad.
Para sofocar el creciente malestar, Puigdemont convocó en la Casa dels Canonges a los portavoces de Junts pel Sí, tanto los de su partido, el Partido Demòcrata Europeo Catalán (PDeCAT) como de ERC, y de la CUP, según fuentes del Gobierno catalán. Al encuentro asistieron también Carme Forcadell, presidenta del Parlament así como los vicepresidentes Oriol Junqueras y Raül Romeva. Puigdemont pidió unidad y discreción para no dificultad el proceso justo cuando arrecia la presión judicial del Constitucional y de la Fiscalía. Para evitar suspicacias, Puigdemont y Junqueras acordaron que a partir de ahora firmarán conjuntamente las órdenes delicadas y susceptibles de tener repercusiones judiciales.
El acuerdo puso fin a una larga jornada en que se constataron las diferencias entre los consejeros del PDeCat y los de Esquerra. La tensión empezó el lunes cuando el president aseguró que Junqueras sabría como preparar el referéndum, sorteando la suspensión del Constitucional, y continuó cuando trascendió que la consejera de Gobernación, Meritxell Borras, le había pedido a Junqueras que le expusiera por escrito si tenía que convocar el concurso de licitación para comprar urnas, según reveló el diario Ara.
Multas de 90.000 euros para la ANC y Òmnium
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium con 90.000 euros por tener una base de datos inoperativa en Estados Unidos. Esta sanción se suma al reciente embargo de 240.000 euros que se les impuso en febrero por la Gigaenquesta que las dos entidades hicieron en 2014, antes de la consulta del 9-N, para preguntar a los ciudadanos cómo querrían que fuera una Cataluña independiente. "El Estado sigue con la estrategia de intentar ahogar económicamente las entidades para frenar el referéndum", lamentaron los dos colectivos en una nota. "Si Franco no pudo cerrar Òmnium, tampoco podrá el Estado", sentenció Jordi Cuixart, presidente de la entidad cultural.
Justo cuando se celebraba el Consell Execuitiu, ERC abrió otra brecha. Marta Rovira, su secretaria general, dijo en Rac1 que la Generalitat estudia reclutar a trabajadores en paro para que sean voluntarios en las mesas electorales. Rovira alegó que así se protegería a los funcionarios. La revelación de Rovira mereció una dura respuesta de Neus Munté, portavoz del Gobierno y del PDeCat. “No me consta”, dijo. “Estamos analizando todos los escenarios pero los planes del Gobierno solo los puede explicar el Gobierno”.
Rovira no es una diputada cualquiera. Es la número dos de Junqueras y portavoz de Junts pel Sí. La reacción de Munté refleja esa división. Son hoy socios de Gobierno, pero mañana rivales electorales. Los recelos son mutuos: el Constitucional ha suspendido la partida de la consulta y quien firme la convocatoria del referéndum u ordene licitar los concursos para el despliegue de la logística se arriesga a una condena por inhabilitación. Esa ha sido la suerte que han corrido cuatro políticos: tres del PDeCAT (Artur Mas, Irene Rigau y Francesc Homs) y una de la extinta Unió, Joana Ortega.
Los recelos son mutuos. El Gobierno catalán acordó el 21 de marzo asumir de forma colegiada el entramado del referéndum instando a los departamentos a racionalizar “el gasto” para hacerlo efectivo. Pero el episodio de las urnas es sintomático: Borràs no se conformó con una orden verbal y exigió a Junqueras que se lo pidiera por escrito. Éste se negó. Munté evitó ahondar en el conflicto y se acogió a que las deliberaciones del Ejecutivo son secretas. No quiso revelar su estrategia de la misma forma, alegó, que el Gobierno central tampoco lo hace. Eso si: dijo que el Gobierno tiene un “acuerdo total” en culminar el referéndum.
“Hoy he recibido la quinta notificación del Tribunal Constitucional. No dejaremos de ir adelante”, dice el president
Rovira no es una diputada cualquiera. Es la número dos de Junqueras y portavoz de Junts pel Sí. La reacción de Munté refleja la división entre los consejeros de uno y otro partido. Son hoy socios de Gobierno, pero mañana serán rivales electorales. Los recelos son mutuos: el Constitucional ha suspendido la partida de la consulta y quien firme la convocatoria del referéndum u ordene licitar los concursos para el despliegue de la logística se arriesga a una condena por inhabilitación. Esa ha sido la suerte que han corrido cuatro políticos: tres del PDeCAT (Artur Mas, Irene Rigau y Francesc Homs) y una de la extinta Unió, Joana Ortega.
El episodio que constata la fractura se ha producido a propósito de la compra de 8.800 urnas. El Gobierno catalán acordó el pasado 21 de marzo asumir de forma colegiada la logística del referéndum instando a los departamentos a racionalizar “el gasto” para hacerlo efectivo. Borràs se negó a ordenar el concurso sin un documento por escrito y Junqueras se negó a firmarlo. Munté evitó ahondar en el conflicto y se acogió a que las deliberaciones del Ejecutivo son secretas. No quiso revelar su estrategia de la misma forma, alegó, que el Gobierno central tampoco lo hace.
La CUP observa con estupor las fricciones porque da por sentado que para hacer un referéndum el Govern deberá desobedecer. Puigdemont no ha anunciado aún la fecha y la pregunta, pese a que como muy tarde se debería celebrar en septiembre. “Hay un acuerdo total y absoluto en culminar este mandato denominado referéndum”, insistió Munté. Puigdemont colgó en las redes sociales una fotografía junto a las cinco advertencias judiciales que ha recibido. “Hoy he recibido la quinta notificación del Tribunal Constitucional. No dejaremos de ir adelante”. No solo el: todos sus consejeros y varios altos cargos.
La Mesa del Parlament aprobó ayer incluir en el próximo Pleno el debate de la ponencia sobre la reforma del reglamento de la Cámara que permitirá a la postre aprobar por lectura única la denominada ley de transitoriedad jurídica de la que penderá el referéndum. Es el primer trámite que debe pasar antes de su aprobación definitiva. Paralelamente, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, restringirá el uso de la palabra a los diputados en las sesiones de control al Gobierno y las limitará a la relación entre el Ejecutivo y los grupos, informa Europa Press. Eva Granados (PSC) lamentó la reforma del reglamento y que los socios del Gobierno gasten su energía en el procés y en marcar perfil propio. “Parece que con lo de recurrir a parados han abierto un concurso de ideas para una iniciativa ilegal”, remachó.
