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Segunda confesión frustrada de Tauroni, cabecilla del ‘caso Blasco’

El fiscal no acude a la declaración del empresario encarcelado

Augusto César Taruni en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.
Augusto César Taruni en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana.

Augusto César Tauroni, codirector de la trama que malversó fondos de la cooperación al desarrollo de la Generalitat valenciana durante la etapa del exconsejero Rafael Blasco, ha vuelto a abortar su confesión este martes, tres semanas después del primer intento.

En aquella ocasión fue Tauroni, que persigue con ello una reducción de eventuales condenas, quien se negó a declarar en el último momento tras haber solicitado él mismo comparecer ante la juez instructora, Nieves Molina. Este martes, en cambio, ha sido la fiscalía quien no ha asistido al interrogatorio después de que se frustrara el intento de acuerdo que el ministerio público y la Abogacía de la Generalitat negocian desde el año pasado.

Las fuentes de la causa consultadas afirman que en unas semanas, puede que en abril, la magistrada dictará el fin de la instrucción y propondrá a las partes la apertura del segundo juicio del conocido como caso Blasco.

Tauroni ya cumple, al igual que el exconsejero, una pena de seis años de prisión por apropiarse de fondos destinados a la ayuda al desarrollo en Nicaragua. Y tiene por delante, al menos, otro juicio por las dos piezas restantes de este caso, centradas en los supuestos fraudes en las convocatorias de ayudas de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat entre los años 2009 y 2011, así como en la construcción de un hospital en Haití para paliar la destrucción causada por el terremoto que asoló la isla en el año 2010.

Las negociaciones a varias bandas del ministerio público y la Abogacía de la Generalitat con Tauroni, Blasco y otros de los principales acusados, como el antiguo jefe de área de la consejería Marc Llinares, han llegado a estar muy avanzadas. Pero no han llegado a fructificar, según fuentes del caso, por la falta de compromiso de los imputados en pagar la responsabilidad civil que se les exige por el dinero público defraudado, estimado en 3,4 millones de euros.

El exconsejero Blasco llegó a ofrecer la dación en pago del lujoso chalé que posee en la Barraca d'Aigües Vives (Alzira, Valencia), para liquidar los 850.000 euros que le tocaría pagar, un 25% de toda la responsabilidad civil.

Tauroni tendría que hacer frente a otro 25%, que también podrían concretarse con la entrega de patrimonio inmobiliario. Llinares, a otro 25%. Y los demás acusados —casi una treintena en total—, al resto.

La negociación prevé que, a cambio, la fiscalía y la Abogacía de la Generalitat rebajen la petición de pena para los cabecillas en el futuro juicio a solo tres años, frente a los ocho a los que podrían llegar a ser condenados. Para Llinares la solicitud se quedaría en dos años y medio de prisión.

El pacto es complejo. En primer lugar, porque la acusación popular que ejerce la Coordinadora Valenciana de ONGD considera demasiado favorable para los principales imputados las penas negociadas, aunque se muestra abierta a aceptar alguna rebaja a cambio de la colaboración con la justicia y la devolución de lo defraudado.

Y, en segundo lugar, porque el pacto se limita solo a los principales responsables del supuesto fraude, pero no a los más de 20 pequeños colaboradores que teóricamente participaron en los hechos, parte de ellos responsables de entidades que habrían sido utilizadas para captar los fondos de ayuda al desarrollo.

Un pacto que solo incluyera a los cabecillas podría concluir, de ese modo, con penas más altas para aquellos que según la instrucción actuaron como peones de la trama que para los máximos responsables de la red.

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