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La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Narcís Serra

Anticorrupción acusa el exministro de dos delitos de administración desleal por haber aumentado los sueldos a directivos de CatalunyaCaixa

Narcís Serra, en una imagen de archivo. Foto: EFE. Vídeo: ATLAS

La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para el expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, por el aumento de sueldos a directivos de la entidad. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, solicita la misma pena para el ex director general de la entidad, Adolf Todó, por los mismos hechos: dos delitos de administración desleal. El fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Maldonado solicita a los acusados, además, que indemnicen el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con 2,5 millones de euros.

El escrito acusa a un total de 41 personas, todos ellos miembros de los consejos de administración de la caja de ahorros que aprobaron, en dos votaciones distintas, las subidas salariales. De ellos, 17 consejeros (incluidos Serra, vicepresidente del Gobierno entre 1991 y 1995, y Todó) participaron en las dos reuniones y por eso el fiscal les atribuye dos delitos de administración desleal. Y solicita, por cada uno de ellos, dos años de prisión. El resto (24) votaron a favor de los aumentos solo en una ocasión y afrontan por ello un solo delito y una petición de pena de dos años.

El fiscal denuncia que la entidad aprobara "retribuciones desproporcionada" en una "situación de insolvencia"

"En la entidad han existido retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su real situación de insolvencia", relata el fiscal en su escrito. Maldonado agrega que esas remuneraciones se produjeron "en un entorno de grave crisis económica imperante en nuestro país". "Sorprende", señala, que CatalunyaCaixa "por un lado suscribiera tales contratos y por el otro solicitase la inyección de dinero público por parte del FROB".

La Audiencia de Barcelona tendrá que fijar ahora fecha para el juicio en una causa que nació a raíz de una denuncia de la Fiscalía y que se ha prolongado en el tiempo de forma injustificada, lo que beneficiará a Serra en caso de condena. El exvicepresidente y exalcalde de Barcelona, Todó y el resto de directivos están acusados porque aprobaron, en 2010, resoluciones que incrementaron el salario de los directivos. La decisión se adoptó a pesar de que la entidad se encontraba ya en una situación crítica que le había obligado a solicitar un préstamo de 1.250 millones de euros al FROB.

Los directivos aprobaron los aumentos de sueldo "en perjuicio y desprecio" de la entidad (que más tarde fue absorbida por el BBVA) y de los intereses generales, según el auto judicial que puso fin a la instrucción. Esos incrementos excedían la "prudencia" que exigía el momento de crisis económica, que golpeaba especialmente a CatalunyaCaixa, ya entonces sostenida "con dinero público de todos los contribuyentes".

Las mejoras salariales se aprobaron en dos acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la caja de ahorros, recuerda la Fiscalía en su ecrito de acusación. En el primero (enero de 2010), se aprobó aumentar el salario fijo y el variable anual de Todó (del 35 al 50%) y de quien fue su mano derecha en la entidad, Jaume Masana (del 35 al 45%).

La segunda votación se produjo en octubre de ese mismo año, cuando ya se había completado la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa y había nacido la nueva Catalunya Caixa. Los miembros del Consejo aprobaron las subidas salariales de la dirección para 2011: Todó pasaría a cobrar 812.000 euros (12.000 más que el año anterior) y Masana, 610.000 (también 12.000 más que en 2010). En esa segunda votación, solo una consejera que representaba a los sindicatos votó en contra.

El fiscal perfila cómo los resultados económicos de la entidad fueron a peor desde el inicio de la crisis: de los 493 millones de beneficio de 2007 a los 77 millones de 2010. Y recuerda cómo, ya en julio de 2010, "se hizo urgente la intervención del FROB", que suscribió participaciones preferentes de la entidad por un importe de 1.250 millones, lo que suponía "el 23,51% de los recursos propios". En octubre de 2011, el organismo inyectó otros 1.718 millones. Y al año siguiente se completó la nacionalización con una nueva aportación de 9.094 millones de euros. Los criterios que rigen la actuación del FROB indican, entre otras cosas, que deben "ajustarse las políticas de retribución de los altos directivos" de las entidades, lo que en opinión del fiscal no ocurrió con CatalunyaCaixa.

Teniendo en cuenta ese recorrido, el fiscal duda incluso de la "idoneidad de los acuerdos adoptados en 2008 en cuanto a los fondos de pensiones constituidos en favor de los señores Todó y Masana". Las "provisiones matemáticas" que les correspondían a ambos en 2012 por pólizas y planes de pensiones eran de 8,2 millones (Todó) y 1,7 millones (Masana). "En el marco de la irresponsable política de retribuciones", el fiscal cita también las "escandalosas y millonarias indemnizaciones percibidas" por una serie de personas cuando dimitieron por la fusión de las tres cajas: Lluís Gasul (7,4 millones); Ricard Climent (1,3) y Gloria Ausio (1,3).

Segunda causa contra el exvicepresidente

La gestión de Serra al frente de CatalunyaCaixa no solo ha sido cuestionada por los sobresueldos, sino también por el ruinoso negocio inmobiliario que abordó la entidad. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra el también exministro de Defensa -y también contra Todó- por las ruinosas operaciones que llevó a cabo Procam -la filial inmobiliaria de CatalunyaCaixa- y que dejaron un agujero de 720 millones de euros a la entidad. Serra y la antigua cúpula de la caja serán citados, también en este caso, por el delito de administración desleal.

A partir de un informe demoledor del FROB, la Fiscalía ha denunciado las irregularidades de una treintena de operaciones inmobiliarias fallidas tanto en España como en países europeos (Polonia y Portugal). El documento señala la mala gestión de las operaciones, abordadas en plena era de bonanza del ladrillo. La entidad avaló las operaciones basándose en la simple confianza, de palabra, de los socios que participaban en ellas, y sin que existieran informes independientes previos sobre la "solvencia y capacidad" de los socios para sacar adelante las promociones. Algunos proyectos, por ejemplo, se emplazaron en terrenos no urbanizables.