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TRIBUNA

De solidaridad y de derechos: límites y contradicciones

La antropóloga Emma Martín respalda al alcalde de Cádiz en su defensa de la industria naval. "No tenemos derecho a exigir solidaridad a quienes no pueden ejercerla", afirma

El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz Al Saud, pasa revista a una guardia de honor el pasado día 16. EFE

Con enorme cariño y empatía leo la carta de mi colega y amigo Félix Talego sobre el apoyo del alcalde de Cádiz y del partido Podemos a la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí en los astilleros de esta su (mi) ciudad. También me solidarizo con el comunicado de Ecologistas en Acción. Habiendo dedicado la mayor parte de mí actividad académica y política al ámbito de los derechos humanos de inmigrantes y refugiados no puedo más que estar de acuerdo con los argumentos que en ambos comunicados se exponen. Sería una grave irresponsabilidad no asumir que la angustiosa situación de Oriente Medio no es sólo el resultado de la intervención colonial de Occidente, sino del apoyo incondicional, y aún más, de la intervención activa en defensa de estos intereses de las monarquías del Golfo Pérsico. Por tanto, en un contexto de defensa de los Derechos Humanos ambas repulsas son irreprochables, y, como académica, pero también como activista, las suscribo en su totalidad.

El dilema ético se me plantea como persona que en un momento concreto de su biografía decide pasar de la cómoda (sí, cómoda, hasta ahora a nadie han expulsado de la Universidad por mantener posiciones críticas) denuncia desde mi cátedra en la Universidad de Sevilla a la política institucional, aceptando mi inclusión como cabeza de lista del Senado por Podemos en las elecciones de 2015. Cuando acepté era muy consciente de que una cosa era el mantenimiento de la más absoluta coherencia en el plano teórico (en la práctica nadie se libra de contradicciones) y otra aterrizar en la arena, o más bien fango, teniendo en cuenta con quienes jugamos en el Parlamento, de la política. No llegué a obtener escaño, pero tuve suficiente con el atisbo que me proporcionó mi participación en el debate de Onda Cádiz con los representantes de los partidos políticos. Como no podía ser de otra manera, una parte de este debate se centró en la carga de trabajo de Astilleros. Y como representante de mi formación argumenté que era muy importante buscar alternativas al modelo productivo. Este es un elemento central del programa de Podemos y una de las razones de mi apoyo activo a la formación. No podemos continuar con modelo desarrollistas cuyo coste ecológico y social es inasumible, de eso no tengo la menor duda. La cuestión, para mí crucial, es cómo conseguir esta transformación.

Y aquí llegamos al punto central de este debate. La única forma de conseguir esta transformación del modelo productivo es proporcionando a la ciudadanía las herramientas políticas para contar como sujetos. Estoy segura de que quienes han apoyado la denuncia de la construcción de estas corbetas son conscientes de que el ejercicio de la solidaridad implica la plena participación en igualdad. Caso contrario, unos son solidarios y otros meros objetos de esta solidaridad. Difícilmente podremos ejercerla desde la precariedad, y aún menos desde la exclusión. En un contexto de plena implantación de una renta de iguales para todas, donde toda la población tuviera garantizado el mínimo vital, yo sería la primera en rechazar de plano la fabricación de cualquier elemento susceptible de ser empleado como armamento. Sin embargo, tengo claro que anteponer esta premisa a cualquier otra condición es un privilegio que puedo permitirme desde mi situación. Yo me crié en San Severiano, oyendo cada mañana la sirena que llamaba a los trabajadores de Astilleros al tajo. Durante el debate al que he hecho mención, esta memoria de mi infancia acudía constantemente a mi pensamiento. Hoy defiendo que no tenemos derecho a exigir esta solidaridad a quienes no pueden ejercerla, y que la prioridad debe ser garantizar que los trabajadores de astilleros puedan ejercer este derecho, porque no es cierto que construir las corbetas sea compatible con los derechos humanos, pero tampoco lo es que estos derechos puedan ser defendidos exclusivamente por quienes ya gozan (gozamos) de ellos: el segmento que mantenemos unas condiciones dignas de integración en la sociedad.

Muy probablemente en esta coyuntura yo hubiera dimitido, y hubiera vuelto a una actividad laboral muy gratificante y, en mi posición, bien remunerada, pero sólo lo hubiera hecho si detrás de mí hubiera habido gente dispuesta a remangarse y meterse en este doloroso y contradictorio dilema, así que no puedo más que dar las gracias a Kichi, a Noelia y a Juan Antonio por estar ahí y asumir uno de los marrones más evidentes y complicados de la política institucional.

Emma Martín es catedrática de antropología social de la Universidad de Sevilla