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La Asamblea estudiará la Ley para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción

Ciudadanos, promotor de la medida, PSOE y Podemos han votado a favor del inicio de la tramitación y el PP en contra

La Asamblea de Madrid iniciará la tramitación de la ley que pretende crear mecanismos para proteger a los funcionarios que denuncien casos de corrupción. Entre las medidas que se piden se encuentra la creación de la figura del defensor del denunciante, que se sería una figura "completamente independiente del Gobierno regional" que se elegiría por tres quintos de la Cámara.

Ciudadanos ha presentado la iniciativa en la sesión plenaria que se está celebrando en la Asamblea de Madrid. El grupo pretende facilitar la denuncia de delitos o infracciones administrativas a los funcionarios que las detecten y evitar supuestos acosos y persecuciones. La proposición de ley tiene ahora un largo camino por delante, que comenzará por consensuar sus artículos con el resto de grupos. 

La diputada de la formación naranja, Dolores González Pastor, ha explicado que uno de sus objetivos fundamentales es "poner punto final a la corrupción política que asola la Comunidad de Madrid". La parlamentaria ha destacado que su intención es "proteger a los valientes, porque hay personas que "en muchas ocasiones han podido observar posibles casos de corrupción y no se han atrevido a denunciar".

El defensor del funcionario o comisionado garantizará por una parte la protección integral del funcionario denunciante y por otro el desarrollo de una labora de investigación previa a la judicial, indica el texto inicial de Ciudadanos.

El PP ha votado en contra porque, según ha indicado su portavoz Enrique Ossorio, Ciudadanos ha presentado una ley con el mismo contenido en el Congreso de los Diputados que ha sido tomada en consideración. En el documento estatal se dice que el defensor del funcionario daría servicio a las comunidades autónomas, por lo tanto, la figura se duplicaría. Además, consideran que es una ley inconstitucional, porque la competencia es del Congreso de los Diputados. 

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