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Los jueces validan los indicios de soborno de Ortiz al exalcalde de Alicante Díaz Alperi

La Audiencia ratifica el procesamiento del político por el supuesto amaño del PGOU

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.

El exalcalde de Alicante del PP Luis Díaz Alperi está un paso más cerca de ser juzgado por favorecer al empresario Enrique Ortiz con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Un tribunal ha confirmado los indicios que apuntan a que recibió sobornos por parte del promotor, tanto sobres con dinero en efectivo como un viaje en jet privado a la isla griega de Creta, a cambio de información secreta del nuevo planeamiento.

La sección tercera de la Audiencia de Alicante ha ratificado el auto de procesamiento dictado contra él por el juez Manrique Tejada por delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. En esta pieza separada del caso Brugal figuran también encausados el propio Ortiz, la sucesora de Díaz Alperi en la Alcaldía alicantina -la también popular Sonia Castedo- y otras siete implicados. Todos ellos han recurrido la decisión del magistrado Tejada que pone fin a la instrucción del proceso, aunque sus apelaciones se resolverán en los próximos meses por otras salas de la Audiencia Provincial.

La investigación, que se inició en 2008 en el marco de la Operación Brugal por un juzgado de Orihuela, destapó una presunta trama de corrupción relacionada con el urbanismo de Alicante. La causa se asienta en decenas de conversaciones telefónicas entre Ortiz y los políticos del PP intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía.

El titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, sostiene que hay sospechas fundadas de que Ortiz logró corromper a Díaz Alperi y la entonces concejal de Urbanismo de la ciudad, Sonia Castedo, con diversas dádivas para que le facilitaran información reservada sobre el futuro PGOU y le "pintaran de azul" (reclasificaran como urbanizable) varias parcelas de su propiedad en distintos sectores de la ciudad.

El instructor ha determinado que los políticos del PP influyeron en el arquitecto encargado del nuevo planeamiento, Jesús Quesada, y se valieron de un bufete de abogados en el que participaba el hermano de la propia Castedo, José Luis Castedo, para favorecer los intereses de Ortiz, un empresario que ya ha confesado haber financiado de forma ilegal al PP valenciano en el marco de la 'trama Gürtel'.

A cambio de ello, la exalcaldesa se habría beneficiado de vacaciones pagadas junto a su familia a Ibiza y Andorra y el regalo de un coche Mini Cooper, mientras que el exalcalde recibió presuntamente entregas en metálico que ascienden en su conjunto a casi 400.000 euros y un vuelo en jet privado a Creta valorado en 36.000 euros.

La Audiencia de Alicante ha validado ahora los indicios delictivos descritos por el juez Tejada en su auto de enero pasado por lo que respecta a Díaz Alperi. El tribunal ha desestimado el recurso del exalcalde contra su procesamiento porque no incluye “una versión de los hechos exculpatoria ni argumentos de defensa sobre la forma en que pudieron suceder los hechos”. Para la sección tercera de la Audiencia, la resolución del instructor “se encuentra dotada de la suficiente motivación, tanto fáctica como jurídica” y no es “arbitraria ni carente de fundamentación”.

Por el contrario, los magistrados consideran que la investigación ha confirmado la existencia de “indicios bastantes“ para sostener que el ex primer edil pudo incurrir en los delitos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción. “Todo ello sin perjuicio o independientemente del carácter jurídico que se otorgue a la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana, lo que será objeto de análisis en su caso por el órgano encargado del enjuiciamiento”, precisa el auto de la Audiencia hecho público este lunes. La resolución allana a continuación el camino hacia el juicio de esta rama del 'caso Brugal': “Los indicios así señalados podrán convertirse en auténticas pruebas de cargo o quedar desvirtuados por la prueba de descargo a presentar por la defensa, pero unas y otras a practicar en el acto del juicio oral”.

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