“Farolillo rojo” y “voluntad “maquiavélica” en el Hospital Provincial de Castellón
Aumenta el enfrentamiento en el Hospital Provincial entre la Consejería de Sanidad y la Diputación
El último consejo de gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, del que la Diputación castellonense y la Consejería de Sanidad forman parte al 50%, no ha sido fácil. Más teniendo en cuenta las posturas enfrentadas entre ambas administraciones por la readmisión de 17 trabajadores cesados –opción rechazada este viernes- y que la reunión culmina una semana marcada por la irrupción de la fiscalía en el centro sanitario. El objetivo, cotejar los casi 33 millones de euros en facturas presuntamente irregulares detectadas en el hospital entre 2003 y 2015 y denunciadas por el actual equipo directivo el pasado junio. La personación del ministerio público, junto a la Intervención General de la Generalitat Valenciana, que actúa en calidad de perito, se ha producido en el marco de la investigación abierta para esclarecer los hechos.
Precisamente esta revisión in situ del ministerio público ha motivado que en el tenso consejo de gobierno celebrado este viernes, la consejera de Sanidad, Carmen Montón, incluyera en el orden del día un punto extra. El relativo a la apertura de un expediente informativo, paralelo a la investigación de la fiscalía, “para que se aclaren”, dijo, los 12 años encadenados de facturación “al margen de la legalidad” a empresas como Piaf -vinculada a la trama Gürtel- y Telecso. “Vamos a desterrar toda la irregularidad en la facturación del Hospital Provincial, veremos si además de irregularidad también hay corrupción detrás; estamos actuando en favor de un hospital muy querido y de referencia”.
Pero el consejo de este viernes tuvo como telón de fondo otra polémica: la de la readmisión de los 17 trabajadores cesados el pasado octubre y reclamada por la diputación, que finalmente no salió adelante. El encuentro plasmó, en sus apenas 15 minutos de duración, el abismo que separa a las dos administraciones que integran el consorcio. Tanto, que la consejera Montón reconoció sin tapujos hacer pocas migas con el presidente provincial, Javier Moliner. Dijo de él que es “el farolillo rojo de las diputaciones”, tras confirmar que sí mantiene una “colaboración bastante sana y cordial” con los líderes provinciales de Valencia y Alicante. Moliner tampoco escatimó en elogios hacia la consejera, a quien acusó de tomar decisiones en el Hospital Provincial guiada por una “voluntad maquiavélica” para “ir desmantelando poco a poco un elemento sanitario de primer orden y excelentemente valorado por los castellonenses”.
El gobierno que dirige Javier Moliner forzó la reunión de ayer para exigir la revocación de los despidos materializados en octubre, apelando a las últimas resoluciones judiciales, que han declarado nulo uno de ellos e improcedentes otros siete. En total fueron 17 los puestos cesados con motivo del ajuste de plantilla aprobado por la consejería para “dar solución” a 124 contratos en fraude de ley.
La consejera fue recibida ayer con pancartas de trabajadores del centro en los que podía leerse el lema Montón, no despidos. Poco después, la opción de readmitir a los trabajadores se esfumaba con los votos de la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento castellonense. Según adelantó el gerente del hospital, Joaquín Sanchís, los siete trabajadores cuyos despidos fueron declarados improcedentes por acuerdo mutuo entre las partes serán indemnizados. También ayer anunció que se ha recurrido el fallo que declara nulo el despido de una de las sanitarias.
Con la votación hecha, las interpretaciones de lo sucedido volvieron a plasmar las diferencias. A juicio de Montón, lo que ha hecho el consejo ha sido ratificar el acuerdo de octubre que modifica la plantilla y crea 109 plazas “estables” para cumplir el mandato del Tribunal de Arbitraje Laboral y dar solución a 124 contratos fraudulentos. Tras ello, dijo, la relación de puestos de trabajo pasa de 803 a las 888 plazas estructurales. Sobre las últimas resoluciones judiciales que dan la razón a ocho de los 17 empleados cesados, se congratuló “de que se le reconozcan los derechos laborales a los trabajadores que han sido contratados en fraude de ley, pero tenemos que seguir cumpliendo con la legalidad”.
Para Moliner, el voto de los consejeros de la Generalitat “ratifica, por segunda vez, los despidos aprobados inicialmente en octubre y que la justicia ya ha declarado nulos e improcedentes”. Despidos, dijo, argumentados por “toda una sarta de mentiras” y que conducen “a un escenario en el que cada día los servicios que se pueden prestar a los pacientes son peores porque con menos profesionales se prestan menos servicios”. La cara y la cruz.
