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OPINIÓN

Millet, nuestro Bárcenas

La vieja Convergència cree con tanto ahínco como el moderno PP en la presunción de inocencia. Ambos están hermanados en los tribunales por la corrupción

Cuando estalló la sublevación militar del 18 de julio de 1936, Francesc Cambó, el líder de la Lliga Regionalista, se hallaba navegando por el Adriático. El día que se inició el juicio del caso Palau, Artur Mas, alma de la derecha catalana, pronunciaba una conferencia en la prestigiosa Universidad de Oxford. Si la pasión marinera era utilizada por Cambó para poner tierra de por medio en momentos conflictivos, el independentismo sobrevenido del PDECat es utilizado por Mas como un cortafuego para alejarse de la corrupción de Convergència, la deixa envenenada que le legó Jordi Pujol.

A diferencia de Cambó, Mas no ha instalado su residencia ni en la Liguria, ni en Ístria. Cree que no precisa distanciarse geográficamente. Está tan seguro que, afirman, no desdeñaría siquiera entrevistarse con corruptos en alta mar. El expresidente de la Generalitat, presunto futuro candidato del PDECat, confía en que políticamente no está acabado y prefiere supervisar las operaciones sobre el terreno. Desde Barcelona lanza a sus bombarderos contra las posiciones enemigas con los argumentos de la presunción de inocencia para CDC en el caso Palau, asegurando que no se puede dar credibilidad a las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull, saqueadores confesos del coliseo modernista.

La vieja Convergència cree con tanto ahínco como el moderno PP en la presunción de inocencia. Ambos están hermanados en los tribunales por la corrupción. Y al igual que el Partido Popular con Luis Bárcenas, CDC ha convertido a Millet en su muro de contención. Los auténticos tesoreros de Convergència emergían de la sociedad catalana, no de la estructura orgánica del partido. Al abrigo de las complicidades que tejió el cesarismo pujolista, el ahora partido de Mas ha contado históricamente con la aquiescencia no solo de las instituciones sino del patriciado catalán. Compartían hasta tal punto objetivos que, presuntamente, llegaron a repartirse ordenada y jerárquicamente las comisiones de Ferrovial en la adjudicación de obra pública: un 2,5% para CDC y un 1,5% para los emprendedores Millet y Montull.

Es lógico que fruto de esa comunión de ideas, tanto la Fundación Palau de la Música como el consorcio de la institución musical —en el que están integrados la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, además del Ministerio de Cultura— hayan dejado fuera de su acción acusadora a aquellos miembros de CDC que el juez ha imputado en el caso. Si los patricios de la Fundación decidían no acusar a Convergència, ¿por qué iba a hacerlo la Generalitat o el Ayuntamiento, en manos del partido? Cuando en 2013 se cerró la instrucción del caso Palau —en el que se han esfumado unos 26 millones de euros— tanto el entonces alcalde Xavier Trias como el Gobierno de la Generalitat, dirigido por el mismísimo Mas, consideraron prudente retirar la acusación a Convergència.

Entonces se trataba de dar aldabonazo a la gestión de Joan Llinares, director del Palau tras la entrada de los Mossos. Llinares se convirtió en un auténtico incordio. Incluso ahora ha vuelto a la carga desde el Ayuntamiento de Barcelona solicitando que el consorcio revise su posición respecto a los imputados convergentes, tal como avanzó este diario. Lo cierto es que su gestión como director general del Palau fue breve pero contundente y capotó con el fin del tripartito, en 2010.

Luego volvió la pax romana convergente. Pero en ese modesto interregno afloraron temas económicamente sorprendentes y culturalmente simpáticos. Por ejemplo, tres millones de euros en facturas falsas; mailings que tenían un coste de 3.500 euros y por los que el Palau pagó hasta 190.000 euros. Pantallas que costaron 300.000 euros y que jamás se instalaron en el coliseo modernista. Empresarios que han reconocido haber facturado al Palau 190.778 euros por conceptos falsificados o 824.299 euros que pagó el patriciado (todos nosotros) en lugar de CDC.

Y qué decir de las subvenciones por 600.000 euros que el Palau concedió generosamente a la fundación Trias Fargas. Con ese dinero se trataba — según Daniel Osácar, tesorero de CDC e imputado— de que en las fiestas mayores de los pueblos las sardanas ganaran el pulso a la “música andaluza”. Es verdad que no pudo poner ni un solo ejemplo de esa encomiable gestión en pro de la cultura popular catalana. Y, por cierto, los documentos que deberían acreditarlo han desaparecido de la fundación de CDC. Tiempos de hermandad ecuménica a la que no es ajena la actuación de los bancos: la fiscalía y el juez han lamentado la escasa colaboración del BBVA y Catalunya Caixa, entre otros, a la hora de identificar, desoyendo la legalidad, a quienes cobraban talones al portador por miles de euros. Tiempos de aquiescencias, connivencias y silencios.