_
_
_
_
_

Cobo cree que “probablemente” le espió alguien del Gobierno de Aguirre

El exvicealcalde ha declarado hoy ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid sobre el caso de los espías

Esther Sánchez
 El exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, este viernes.
El exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, este viernes.Álvaro García
Más información
La fiscalía pide el archivo del caso de espionaje a políticos madrileños
La Comunidad de Madrid admite el espionaje a políticos durante la etapa de Esperanza Aguirre
La Asamblea indaga si González retrasó a sabiendas su cita en el caso de los espías

Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid, y una de las personas que fue sometida a un supuesto seguimiento en 2008, sigue pensando que fue “espiado” y, aunque no sabe quién lo ordenó, está convencido de que “fue un cargo de la Comunidad de Madrid”. En cuanto a si podría provenir de su partido, ha mantenido que “probablemente” estaría dentro del Gobierno de la región (en aquel momento de Esperanza Aguirre), pero ha exculpado al PP en su conjunto, porque él también formaba parte del partido.

“Podría ser Francisco Granados o Sergio Gamón [exdirector de Seguridad de la Comunidad], que yo no sé si estaba en el PP”, ha dicho ante la comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid. Esta “gestapillo”, como Cobo calificó hace tiempo al caso de los espías, “fue bastante casposa y cutre, siendo muy grave que se utilicen instrumentos públicos para seguir a un adversario”.

Cobo, que no ocupa ningún cargo público en este momento, ha asegurado a los diputados que tras publicar el diario EL PAÍS la información, preguntó sobre ello a la cúpula del partido de entonces: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Alberto Ruiz-Gallardón. Habló “con todo el mundo”, ha puntualizado. En ese momento, le respondieron que lo desconocían, para más tarde, y según iban avanzando las investigaciones, asegurar que “era mentira y que tenía que pedir perdón”. Ha recordado que Granados dijo que era una invención del diario.

“Desde el primer día queremos que se aclare, pero no tenemos los medios”, ha asegurado. Tampoco cree que puedan existir muchos más elementos de investigación. En ese contexto, ha indicado que “no hay interés por parte de nadie en tapar esta historia”. Cobo ha arremetido contra el Gobierno encabezado por Esperanza Aguirre, que “negaba” el espionaje, mientras que el actual “no tiene nada en contra de que se descubra la verdad”, como demuestra que encargara a sus servicios jurídicos la elaboración de un informe.

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes admitió ante el juez que investiga el caso que empleados a sueldo del Gobierno de Aguirre participaron en el caso de espionaje a políticos regionales. Los abogados de la Comunidad de Madrid emitieron un informe en el que queda acreditado que, “durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”. Los abogados afirman que los guardias civiles y policías implicados en el caso "cumplieron las órdenes dadas por su superior" (Sergio Gamón, de la confianza de Esperanza Aguirre) y emplearon "vehículos y móviles corporativos" para llevar a cabo "una operativa antijurídica".

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El supuesto espionaje a Alfredo Prada (entonces consejero de Justicia) y Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) se produjo entre abril y mayo de 2008, en plena batalla por el poder dentro del PP tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Prada y Cobo se habían alineado con Rajoy en la disputa silenciosa que mantenía el presidente del PP con Esperanza Aguirre, que pensaba entonces en la posibilidad de presentar su candidatura para liderar el partido. Cobo ha restado importancia a esa circunstancia, e incluso la ha negado. El procedimiento judicial por el caso de los espías continúa abierto, a pesar de que la fiscalía pidió en noviembre de 2016 el sobreseimiento provisional del caso, debido a que no apreciaba suficientes indicios que acrediten un delito de malversación de caudales públicos.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_