El Govern y la CUP tienen hasta el lunes para acordar los Presupuestos
Munté llama al “consenso” para calmar a la CUP ante el dictamen del Consejo de Garantías
Junts pel Sí y la CUP tienen tiempo hasta el lunes por la mañana para alcanzar un acuerdo sobre el anteproyecto de Ley de Presupuestos, después de que el Consejo de Garantías Estatutarias considerara inconstitucional la disposición adicional 31, en la que se aseguraba una partida presupuestaria para organizar el referéndum. La mesa del Parlament ha decidido abrir a partir de este miércoles el periodo para presentar enmiendas vinculada al dictamen del órgano consultivo de la Generalitat, que se prolongará durante tres días laborables, hasta el lunes al mediodía.
El Gobierno catalán tiene intención de abordar la cuestión en las próximas horas. La portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, ha intentado rebajar hoy la tensión entre ambas partes y ha asegurado que se intentará "consensuar" con el resto de formaciones políticas, en referencia a los anticapitalistas. Sin embargo, la CUP ha insistido en su postura irrevocable de que no hay ninguna necesidad de reformar la disposición y que nadie de Junts pel Sí les ha citado para negociar nada. "No hay nada que negociar", ha señalado Albert Botran, diputado anticapitalista. "No nos situamos en la hipótesis de que se quiera cambiar. Ni imaginamos que lo quieran cambiar". La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, ha recordado que los anticapitalistas dieron su apoyo a los Presupuestos por el compromiso "inequívoco" de hacer el referéndum. "Tiene que prevalecer esa voluntad. No tiene sentido que nos boicoteemos".
Si que es Pot se ofrece para pactar la disposición sobre el referéndum
Catalunya Sí que es Pot ha registrado una una enmienda para modificar la disposición 31 que habilita al Gobierno a garantizar los recursos para financiar el referéndum. Su propuesta es que se avalen esos recursos de acuerdo con la resolución que se aprobó en octubre en el Parlament a favor de un referéndum con garantías, reconocimiento internacional y efectivo. Joan Coscubiela, portavoz ecosocialista, ya ha trasladado la propuesta a Junts pel Sí y ha apuntado que es "relativamente fácil" llegar a un acuerdo porque se acoge a las condiciones establecidas en el dictamen de Garantías Estatutarias. La disposición no convencerá a la CUP que sigue vinculando la aprobación de las cuentas a preservar ese texto.
Ni el PDECat, el máximo defensor de modificar un artículo demandado explícitamente por la izquierda anticapitalista, ni el Ejecutivo autonómico, quieren admitir cuál es su propuesta. Munté lo ha demostrado hoy cuando, preguntada respecto a qué modificaciones defenderá el Gobierno, ha señalado que "la exactitud no la puedo responder; se ha de consensuar con otras formaciones políticas. Tenemos que socializar y poder compartir". Munté sí ha dejado claro que el responsable de buscar la solución al nuevo conflicto entre Junts pel Sí y la CUP será el republicano Oriol Junqueras, en tanto que es el titular de la cartera de Finanzas de la Generalitat, de la que pende la elaboración de los Presupuestos.
El dictamen del órgano consultivo de la Generalitat y la negativa de la CUP a asumir sus conclusiones han variado otra vez el calendario previsto por el Ejecutivo de Carles Puigdemont para poder aprobar las cuentas. Ahora, además de las negociaciones para evitar la no aprobación de los Presupuestos y el fin de la legislatura, se está a la espera de que el Consejo de Garantías publique también su dictamen sobre la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, la denominada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.
El Gobierno catalán considera que la organización y convocatoria del referéndum --"irrenunciable", ha dicho Munté-- no quedaría tocada si se retira la disposición adicional 31, ya que entiende que el dictamen sí valida la partida de casi 6 millones de euros para procesos electorales. De ahí que el Ejecutivo llame a hacer una valoración "en su conjunto" del texto aprobado por unanimidad por el Consejo de Garantías.
La CUP no quiere ni oír hablar de cambios y ya ha planteado su disposición a cambiar su apoyo a los Presupuestos si se introducen modificaciones, al considerar que el referéndum quedaría tocado y es el único punto con el que pueden argumentar la aprobación de unas cuentas que no consideran sociales. Asimismo, entre la izquierda anticapitalista se considera que era previsible la impugnación de los Presupuestos, porque la convocatoria de la consulta es un salto que queda fuera de los límites de la Constitución y del propio Estatut.
