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Cifuentes aprueba un plan para frenar el acoso a los funcionarios

Los 150.000 empleados públicos tendrán dos protocolos para prevenirlo y actuar en caso de que se produzca

F. Javier Barroso

La Comunidad de Madrid ha aprobado dos protocolos para acabar con todo tipo de acoso entre sus 150.000 empleados públicos. La actuación de la Administración regional se destinará a prevenir de manera integral cualquier acción de este tipo y para actuar una vez que se haya producido. El acuerdo ha sido negociado en cuatro reuniones con las organizaciones sindicales con representación. Una de las novedades más importantes es que también habrá actuaciones, incluso judiciales, contra los usuarios que agredan o ataquen a los trabajadores regionales, según la Consejería de Presidencia y Justicia.

Cristina Cifuentes, en un pleno de la Asamblea de Madrid, junto al consejero de Presidencia, Ángel Garrido.
Cristina Cifuentes, en un pleno de la Asamblea de Madrid, junto al consejero de Presidencia, Ángel Garrido.LUIS SEVILLANO

Pocas denuncias en los últimos cuatro años

El Gobierno regional reconoce que son muy pocos los casos de acoso en todas sus modalidades que se han denunciado en los últimos años. Según las denuncias recibidas por la Inspección de Trabajo, en 2016 tan solo se registraron dos casos: uno por acoso laboral y el otro psicológico. En el ejercicio anterior, en 2015, no hubo ninguna denuncia. La Comunidad de Madrid cuenta con 150.000 empleados, entre funcionarios y personal laboral.

El Ejecutivo regional no descarta que se pueda dar algún caso aislado más, pero no le consta en sus estadísticas. “En 2014, solo nos llegó un caso y en 2013 otro, este de carácter sexual”, reconocen fuentes regionales. Muchas veces la víctima prefiere no denunciar o pedir un cambio de destino para evitar un proceso complicado.

Ambos protocolos han sido consensuados con CC OO, CSIF, UGT y CSIT, las cuatro formaciones con representación en la Mesa General de Negociación de la Comunidad de Madrid. Los textos pasarán ahora al Consejo de Gobierno, que tendrá que aprobarlos para que entren en vigor. Después, cada consejería deberá adaptar los textos a las necesidades concretas de sus trabajadores.

Los dos protocolos recogen medidas preventivas para evitar tanto los tipos de acoso como para prevenir la violencia interna entre los empleados, y la externa, con los usuarios de la Administración. También se establece un procedimiento de denuncia, investigación y registro de todo tipo de acoso. “Las denuncias serán estudiadas por la secretaría general técnica de cada consejería, que hará una valoración con todas las garantías jurídicas. Se verá en cada caso si se abre un expediente disciplinario o si hay que llevar el caso ante la justicia”, explica el director general de la Función Pública, Antonio Rodríguez Porto.

Sendos documentos también ofrecen un catálogo de medidas de protección, restitución de la dignidad, de las condiciones de trabajo y de asistencia sanitaria y psicológica gratuita para los empleados víctimas de acoso o de violencia en el ámbito laboral.

En materia de prevención, el protocolo tipifica de manera explícita las conductas que pretenden erradicarse y que pueden ser consideradas como acoso. Entre ellas, destaca como acoso moral o psicológico dejar al trabajador de forma continuada sin una ocupación efectiva o incomunicado sin causa justificada; dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios al alcance del funcionario; ocuparle con tareas inútiles o que no tienen valor productivo; o llevar a cabo acciones de represalia frente a los empleados que han planteado quejas, denuncias o demandas a la Administración o frente a quienes han colaborado con los reclamantes.

También se entienden otras conductas como insultar o menospreciar repetidamente a un empleado, reprenderlo reiteradamente delante de otras personas y difundir rumores falsos sobre su trabajo o su vida privada. “Hemos procurado hacer una serie de supuestos muy amplios y detallados para saber a qué atenernos. Hemos pensado que, cuanto más extensos, era mucho mejor”, añade Rodríguez Porto.

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El protocolo también considera que puede ser acoso sexual —con independencia de si afecta a un hombre o una mujer— el contacto físico innecesario, como rozamientos o palmaditas; las observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, y los abusos verbales deliberados; las invitaciones impúdicas o comprometedoras; el uso de imágenes o pósters pornográficos en los lugares de trabajo; los gestos obscenos; la observación clandestina de personas en lugares reservados, como los baños; o la demanda de favores sexuales.

Los textos recogen como acoso por razón de sexo los comentarios despectivos acerca de las mujeres o de los valores femeninos y, en general, los comentarios sexistas sobre mujeres u hombres basados en prejuicios de género; hacer demérito de la valía profesional de un empleado por el hecho de ser madre o padre; las conductas hostiles hacia quienes ejerciten derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional; o la minusvaloración, desprecio o aislamiento de quien no se comporte conforme a los roles socialmente asignados a su sexo.

Contra la homofobia

El documento entiende que son comportamientos constitutivos de acoso discriminatorio los comentarios o comportamientos racistas; los contrarios a la libertad religiosa o a la no profesión de religión o credo; los degradantes de la valía personal o profesional de las personas discapacitadas; los peyorativos de las personas maduras o jóvenes; y los homófobos, incluyendo, en especial, los comportamientos de segregación o aislamiento de las personas discriminadas.

De hecho, el protocolo aplica el artículo 44 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, que prevé la adopción de este tipo de medidas en el ámbito laboral. “La propia Comunidad de Madrid quiere dar ejemplo en su propia Administración de su compromiso con la no discriminación por razón de orientación o identidad sexual”, resume el director general.

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Sobre la firma

F. Javier Barroso
Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

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