El Consejo de Garantías considera inconstitucionales los Presupuestos del referéndum

Los planes secesionistas del Gobierno catalán de Carles Puigdemont recibieron ayer otro varapalo jurídico. En este caso el golpe llegó de un organismo de la Generalitat, el Consejo de Garantías Estatutarias, que hizo público un dictamen en el que censura la Ley de Presupuestos de 2017, pendiente de aprobación en el Parlament. El informe, que no es vinculante, considera inconstitucional la disposición adicional que permitiría asignar recursos para un referéndum de independencia si este se convoca. El Ejecutivo catalán insistió en que la consulta se celebrará.

El Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo con unas funciones que se sitúan entre las del Tribunal Constitucional y las del Consejo de Estado, aprobó por unanimidad el dictamen, que había sido solicitado por Ciudadanos, PSC y PP. Las tres formaciones reclamaban aclaraciones respecto a una disposición adicional —la 31— incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos y que insta a la Generalitat a “habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña”.

El dictamen considera que ni el Tribunal Constitucional ni el Estatuto de Autonomía catalán habilitan a la Generalitat ni al Parlament para convocar ese tipo de consultas, ya que “la competencia de regulación y autorización en materia de referendos corresponde con carácter exclusivo al Estado, sin que la Generalitat disponga de margen de actuación normativa o ejecutiva”.

El texto, cuyo ponente es Àlex Bas, un ex alto cargo de la Administración catalana cuando la presidía Jordi Pujol y exasesor en materia jurídica de los nacionalistas en el Parlament, considera que esa disposición adicional incumple el orden competencial (artículo 149.1.32) y el despliegue orgánico (artículo 92) que establece la Constitución.

La disposición adicional 31 es el único punto que censura el Consejo de Garantías, que sí da vía libre a otros tres artículos en los que constan partidas presupuestarias para organizar “procesos electorales”, “consultas populares” y “procesos de participación ciudadana” que son competencia de la Generalitat.

A pesar del varapalo jurídico de su organismo asesor, el Gobierno de Puigdemont mantuvo su discurso de que no tiene intención de paralizar la convocatoria del referéndum, que ha prometido para, como tarde, finales de septiembre. La consejera de Presidencia y portavoz, Neus Munté, pidió tiempo para analizar en profundidad el texto. La CUP, formación a la que le costó decidirse para apoyar los Presupuestos, exigió “no dar un paso atrás”. El dictamen complica las previsiones del Ejecutivo catalán de aprobar en el pleno de la próxima semana las cuentas de 2017.

“Elecciones cuanto antes"

La respuesta de la oposición fue contundente, con un argumento: en esta ocasión quien enmienda a la Generalitat no es el Tribunal Constitucional sino un organismo propio. La decisión del Consejo de Garantías deja al Govern en una compleja situación en la que pretendía ser la recta final de su proceso independentista.

“Es el game over de Puigdemont. Su aventura ha terminado”, afirmó Fernando de Páramo, portavoz adjunto de Ciudadanos, el principal grupo parlamentario tras Junts pel Sí. El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, subrayó que el Gobierno catalán no se podrá escudar en que los dictámenes del Consejo de Garantías no tienen carácter vinculante —a causa de la sentencia del Constitucional que anuló o matizó varios puntos del Estatuto en 2010— porque, si no hacen caso, será el propio PSC quien acudirá al Tribunal Constitucional. No se quedó ahí el líder socialista: consideró que, una vez desactivado el referéndum, “la legislatura ha acabado”. “Lo que tendrían que hacer es convocar lo antes posible unas nuevas elecciones”, dijo. El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, invitó a Puigdemont a abandonar a la CUP y negociar con los populares.

Incluso Catalunya Sí que Es Pot, favorable a la celebración de un referéndum pactado, señaló que el fallo es una “desautorización en toda regla de la estrategia de unilateralidad puesta en marcha por el Govern”, en palabras de su portavoz, Joan Coscubiela.