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Puigdemont quiere proclamar la república catalana por vía de urgencia

Aplazada la modificación del reglamento del Parlament para aprobar sin debate la ley de desconexión

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (derecha), y su vicepresidente, Oriol Junqueras, este martes durante la reunión semanal del gobierno catalán.

La estrategia independentista para lograr la secesión ha dado este martes un nuevo paso con la presentación de un escrito de Junts pel Sí para modificar el reglamento del Parlament, de manera que pueda aprobarse la ley de desconexión esquivando la tramitación habitual y los controles legales y de la oposición. Los letrados de la Cámara han advirtido del defecto formal y la cuestión se ha aplazado una semana. De este modo, ya ha empezado la cuenta atrás para proclamar que Cataluña se constituye en “una república de derecho, democrática y social” como dice el artículo primero de la llamada ley de transitoriedad jurídica.

Junts pel Sí y la CUP pretenden aprobar la ley de desconexión, que amparará la convocatoria del referéndum de independencia, por el procedimiento de lectura única. Es un trámite reservado ahora a los proyectos de ley que presenta el Gobierno catalán o a las proposiciones de ley si las firman todos los grupos. Una de las enmiendas del texto de Junts pel Sí para reformar el reglamento es que un solo grupo parlamentario pueda impulsar una proposición legislativa, que es lo que sucederá con la ley de desconexión.

La Generalitat soslaya el conflicto y pide prudencia a la oposición

ÀNGELS PIÑOL

El Gobierno catalán ha soslayado este mediodía el conflicto suscitado por el intento de reforma exprés del reglamento del Parlament al sostener que se inscribe en las dinámicas parlamentarias y que es a los grupos a quienes les corresponde hacer las valoraciones. Con todo, la consejera portavoz del Ejecutivo catalán Neus Munté ha matizado que ese cambio se enmarca en una reforma global del reglamento, ya impulsada desde hace tiempo, que también aspira a modificar el “voto delegado” o a las peticiones de Iniciativa legislativa popular.

Tras la celebración del Consell Executiu, Munté ha replicado así cuando se le ha planteado si la fórmula escogida no revela la misma baja calidad democrática que suele atribuir siempre al Gobierno español. “La ley (de transitoriedad jurídica) no es aún ninguna norma y que no está ni tan siquiera en fase de tramitación. No avancemos acontecimientos”, ha señalado. “Solo se discute una reforma del Parlament. Solo hemos oído airadas reacciones de grupos que realizaron una reforma exprés de la sacrosanta constitución. Deberían ser más prudentes”, ha señalado.

Munté ha vuelto a reiterar que no existe ninguna negociación entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de la Generalitat para desencallar el conflicto soberanista. La portavoz ha intentado justificar por qué negó hace una semana en reiteradas ocasiones que los dos presidentes se habían reunido en La Moncloa. “Estoy convencida de que me podía haber explicado mejor. Una cosa es la agenda privada y otra la pública, que es lo que tenemos que explicar”, ha deslizado. Con todo, ha señalado que ha subrayado que coincide con el portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, de que y además en estas circunstancias “la discreción es un valor”.

De esta forma se esquivará el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre si la norma de desconexión es constitucional y si se adecua al Estatut. También evitará la tramitación habitual y el debate parlamentario con la presentación de enmiendas por parte de la oposición, que es lo que sucede habitualmente cuando se presenta una ley.

Junts pel Sí y la CUP anunciaron el pasado 29 de diciembre con sendos comunicados idénticos que habían logrado un acuerdo sobre la ley de transitoriedad jurídica, que es el marco legal con el que se pretende regular el camino de la autonomía a la independencia. Dos meses después se sigue sin saber nada de esa ley, que consta de un preámbulo y nueve epígrafes, de los que el séptimo se refiere al referéndum de independencia.

La aprobación de esa ley será el punto de no retorno del proceso independentista, porque se utilizará para convocar el referéndum, que el Tribunal Constitucional ya ha advertido que suspenderá. Junts pel Sí y la CUP aseguran que se trata de un acto de soberanía que permitirá “el ejercicio del derecho de autodeterminación”. En la práctica, será la proclamación de la república catalana de la que habla el artículo primero de la ley.

Eso explica las enormes cautelas de los dos grupos independentistas en el proceso de tramitación para sortear todos los mecanismos de control ahora vigentes y mantener a salvo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a su Gobierno.

Con la modificación del procedimiento, la ley de desconexión la presentarán dos grupos y no un departamento de la Generalitat. También se evitará que se publique ningún texto en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña para eludir la suspensión del Tribunal Constitucional. Y junto a todo eso, se esquivará el debate parlamentario.

Con la reforma del reglamento del Parlament que se inició este martes por parte de Junts pel Sí y que apoyará la CUP, una vez que se constituya una ponencia conjunta y su debate en el pleno, se estará allanado el camino. En menos de dos meses será posible aprobar la ley de desconexión, lo que no significa que lo vayan a hacer de inmediato, si es que alguna vez lo deciden. Se trata de tener previstos “todos los escenarios”, como les gusta decir a los grupos independentistas.

La aprobación del texto se hará por sorpresa por el procedimiento de lectura única en un pleno en el que se modificará sobre la marcha el orden del día para incorporar ese punto, como ya sucedió con las conclusiones de la comisión del proceso constituyente. De esa manera, los diputados conocerán en el momento de votar el texto sobre el que han de pronunciarse, algo insólito en una Cámara legislativa. De ahí las críticas vertidas ayer.

Alejandro Fernández (PP) calificó a Junts pel Sí de “trileros políticos”, mientras que Fernando de Páramo (Ciudadanos) aseguró que “hacen trampas y quieren un reglamento a medida para hacer lo que les plazca con el Parlament”.

Ferran Pedret (PSC) remarcó que se trata un “procedimiento inadecuado” y David Pérez, también diputado socialista y miembro de la Mesa, ha ido más allá. "Lo que está haciendo Junts pel Sí me parece intolerable, es un atropello. Se están cruzando todas las líneas rojas y hay que empezar a decirlo claro", ha asegurado.

Joan Coscubiela (Catalunya sí que es Pot) ha afirmado: “Cada vez que con una astucia pretenden engañar al Estado, lo que hacen de verdad es sustraer el debate a la ciudadanía y degradar el Parlament”. Por el contrario, Roger Torrent (Junts pel Sí) considera que “es una reforma que amplía los derechos de los grupos parlamentarios y es sorprendente que se muestren en contra”.

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