El Ayuntamiento duplica el gasto en contrataciones urgentes en 2016
Las convalidaciones de gasto alcanzan sus niveles más altos desde 2013, hasta los 65 millones
El año pasado el Ayuntamiento de Madrid utilizó de manera recurrente las convalidaciones de gasto, un instrumento pensado para emergencias, como reparar la caída del techo de un colegio o arreglar un socavón, y que permite adjudicar obras y servicios directamente a una empresa, sorteando el concurso público. El repunte en este ámbito es notable: se convalidaron créditos en 2016 por más de 65 millones de euros, un 155% más que en 2015, y un 70% más que en 2014. Pese a su carácter de emergencia, el Consistorio adquirió de esta forma trípticos de los presupuestos participativos, organizó fiestas de distritos y compró heno para caballos.
Los distritos de Chamartín, San Blas y Barajas, dirigidos respectivamente por los concejales Mauricio Valiente y Marta Gómez (Ahora Madrid), fueron los que recurrieron con más frecuencia a estos procedimientos. Según se desprende de los actos de la junta de gobierno, en Chamartín, por ejemplo, el distrito convalidó 60.000 euros para servicios de seguridad de edificios y para programas de “orientación social” durante el periodo estival.
Otras encomiendas supuestamente urgentes se encargaron para la custodia y la gestión del archivo del área de Urbanismo (casi 100.000 euros), la organización de las fiestas del distrito de Salamanca (65.000 euros), el mantenimiento de los vehículos de los bomberos (145.000 euros), la compra de pienso y heno de los caballos de la Policía Municipal (41.000 euros), la impresión de trípticos de los presupuestos participativos (por 10.000 euros) o servicios de seguridad para la plaza de España (17.800 euros).
Por áreas, la de Equidad, dirigida por Marta Higueras, fue la que más gastó a través de procedimientos de urgencia. Convalidó varios millones a lo largo del año pasado para ayudas a domicilios, comida para mayores y educación social que, si bien pueden considerarse actuaciones urgentes, la vía usual es mediante concurso público. Este fue, por ejemplo, el caso de los programas de información y asesoramiento a la mediación familiar o la puesta en marcha de planes de educación social por valor, respectivamente, de 190.000 y 201.000 euros.
Al tratarse de instrumentos que permiten sortear la contratación a través de concurso abierto, en el que las empresas compiten para obtener el encargo garantizando la solvencia de la administración pública, los organismos fiscalizadores piden que se utilicen lo menos posible, y durante un tiempo restringido. Sin embargo, según los datos ofrecidos en la última comisión de Economía del Ayuntamiento, este gasto se disparó en 2016, por un total de 64 millones y un 155% más que con respecto al ejercicio anterior (25,5 millones). La media de los últimos tres años fue de 30 millones.
El incremento de las convalidaciones demuestra, según la oposición, “la incapacidad de gestión” de Ahora Madrid, la confluencia de fuerzas que orbita alrededor de Podemos y que permitió a Carmena convertirse en alcaldesa en 2015. El problema, según señala Íñigo Henríquez de Luna, portavoz económico del Partido Popular, es que este instrumento implica “la adjudicación directa de importantes sumas de dinero público, prescindiendo del procedimiento contractual”.
“Casi triplicar el gasto vía convalidaciones respecto al año 2015 es la radiografía de un evidente fracaso en la gestión del presupuesto municipal”, explica el edil de la formación liderada en el Ayuntamiento por Esperanza Aguirre.
El delegado del área, Carlos Sánchez Mato, recordó en comisión que el año pasado el gasto en partidas excepcionales representó solo el 1% del presupuesto municipal. “Decir que es la norma general es pasarse de frenada”, afirmó el edil, quien remarcó que por cada actuación hay que “mirar los motivos por los que se ha incurrido en esos retrasos de licitación”.
Citó en este sentido los nueve millones utilizados para el plan urgente de regeneración del arbolado. “El área de Medio Ambiente ha hecho fenomenal en poner en marcha estos procedimientos después de que se verificaran varios accidentes”, se defendió el edil.
La ley permite convalidar gastos también para prolongar contratos existentes, aunque siempre por razones de excepcionalidad. Y el concejal de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, contestó a Sánchez Mato que la interventora del Consistorio, encargada de velar sobre la legalidad de las operaciones municipales, consideró varias veces que las adjudicaciones se realizaron “sin vínculos a contratos en vigor”. Además, recordó que gastos como premios para concursos de música, certámenes de pintura o el torneo de tenis Mutua de Madrid en la Caja Mágica, por importe de 2,6 millones, “deberían haber sido previstos y controlados”.
Los contratos menores repuntan hasta niveles de 2011
A lo largo del año pasado, el Ayuntamiento de Madrid volvió a incrementar el gasto en contratos menores, adjudicaciones en las que se nombra a dedo una empresa tras limitar a tres firmas la concurrencia, por un valor total de más de 30,2 millones de euros, según cifras publicadas en el portal de datos abiertos del Consistorio. Era desde 2011, con el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que el Consistorio no gastaba cifras similares en estos procedimientos (fueron 31 millones de euros). En 2012, el desembolso en contratos menores fue de 18,5 millones. En 2013 bajó a los 17,5, y en 2014 y 2015 fue de entre 25 y 24 millones.
El toque de atención sobre el incremento de los contratos menores del Ayuntamiento ha crecido tras descubrirse que una empresa –Gea21- de la que es socia una asesora municipal recibió encargos de informes por más de 100.000 euros durante el gobierno de Ahora Madrid. El Partido Popular presentará el próximo martes en el pleno municipal una proposición para que se ponga en marcha una comisión de investigación extraordinaria que analice todos los contratos menores del Ayuntamiento.
En febrero del año pasado, el gobierno se comprometió a llevar estos contratos a la comisión ordinaria de vigilancia de la contratación. Pero este encargo ha sido desatendido hasta la fecha alegando problemas informáticos. La portavoz municipal Rita Maestre afirmó durante una rueda de prensa que el gobierno local no tiene previsto aprobar una comisión especial de investigación, al existir “cauces legales” para analizar los contratos menores. El voto en contra de Ahora Madrid se da por lo tanto por descontado, aunque quedará por ver cómo se expresarán las otras formaciones políticas. Los socialistas instaron a la alcaldesa a facilitar más información sobre los contratos menores del Ayuntamiento.
