Poca zanahoria para tanto palo

Menuda metamorfosis! En una semana, la bestia negra de los antiindependentistas, el abominable hombre del 9-N, aquel sujeto sedicioso que se creía astuto y al que el aparato estatal puso en su lugar (o sea, a medio camino entre el banquillo y la inhabilitación), ese mismo individuo se ha convertido en el mirlo blanco, en la gran esperanza, en el clavo ardiendo al que se agarran quienes suspiran por desactivar de una vez la dinámica secesionista. Y todo porque, en un acto celebrado el jueves 16 en la Universidad Autónoma de Madrid, Artur Mas verbalizó lo obvio: que, desde 2010, a la sociedad catalana se le plantea una disyuntiva: o la independencia o un statu quo autonómico en franca involución; y que, “si hay algo en medio, lo tiene que proponer el Estado español”.

Enseguida, tales palabras fueron reinterpretadas como la súplica a dicho Estado de una oferta alternativa a la independencia, incluso como una proposición de Mas al Gobierno de Rajoy (así las leyó el ministro Méndez de Vigo al día siguiente), casi como la bandera blanca con que un independentismo exhausto pide cuartel. Todo el mundo es libre de autoengañarse, y también tiene derecho a echar semillas de cizaña en el campo de los adversarios. Pero creo que sería más útil a una correcta comprensión de las cosas valorar fríamente en qué puede consistir —a la luz de los indicios disponibles— esa eventual oferta monclovita, que ha hecho resucitar el mustio concepto de tercera vía.

Según hemos leído en estas últimas fechas, el Ejecutivo del PP considera que la base de una hipotética negociación deben ser las 45 reivindicaciones que Puigdemont trasladó a Rajoy hace diez meses, hijas a su vez de las 23 demandas llevadas por Mas a la Moncloa en agosto de 2014. Sería magnífico que aquellos viejos temas se desencallasen, porque en gran parte son déficits e incumplimientos del Estado (sobre infraestructuras viarias, inversión para Cercanías, financiación de servicios sociales…) que perjudican el día a día de los ciudadanos. Pero se trata, en todo caso, de flecos del pasado, de asignaturas pendientes que ilustran la vacuidad del Estatuto de 2006 una vez salió del Constitucional, de cuestiones que acreditan el agotamiento del autonomismo… ¿Cómo va un tardío inicio de cumplimiento de esos 45 puntos a disipar el independentismo? ¿Cómo, si encima el Gobierno de Rajoy se propone puentear a la Generalitat y tratar muchos de aquellos temas con unos ayuntamientos que considera más vulnerables al soborno presupuestario?

Según los mentideros de la Corte, el Estado se propone también incrementar su presencia en Cataluña, aunque los ejemplos conocidos de ello son bastante peregrinos: intensificar las visitas ministeriales (como si los ministros fuesen taumaturgos del unionismo), abrir una sucursal del Prado o del Reina Sofía, apoyar los Juegos Mediterráneos de Tarragona (¿no estaba ya comprometido ese apoyo, y hubo que aplazar el evento a falta de los fondos estatales?) o -¡tachán!- celebrar algún consejo de ministros en Barcelona. ¿Sabe alguien en Moncloa que, dejando aparte el caso del gobierno Negrín, residente en la Ciudad Condal entre 1937 y 1939, el único régimen español que ha celebrado ocasionales consejos de ministros en Cataluña, en el palacio de Pedralbes, fue la dictadura de Francisco Franco? ¿Es ese el modelo inspirador de la nueva tercera vía?

Al parecer, Rajoy, Sáenz de Santamaría y sus equipos tienen otras dos metas más sutiles: rebajar el independentismo catalán a un 25 ó 30%, “como en el País Vasco”, y asustar a los votantes “moderados” del PDECat. En cuanto a lo primero, tal vez lo conseguirían si, a partir de mañana, Cataluña gozase del régimen fiscal, de la posición fáctica de Euskadi como una especie de Estado Libre Asociado al Reino de España. Prueben, a ver…

Por lo que se refiere al PDECat, da la impresión de que el establishment capitalino todavía piensa en la vieja CiU con su millón largo de electores, muchos de los cuales no eran ni siquiera nacionalistas, sino votantes de orden, o beneficiarios de las redes clientelares, o devotos de Pujol, o admiradores de Duran Lleida. Pero un trienio largo de apuesta independentista ahuyentó a aquella gente; y, entre los 500.000 electores que le quedan, muy pocos no comparten la tesis de que el pacto constitucional, roto para Cataluña en 2010, sólo puede zurcirse o finiquitarse democráticamente con un referéndum.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.