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La Generalitat acepta dialogar con Rajoy aunque desconfía de su oferta

El Gobierno dice que ya ha habido contactos, pero Puigdemont afirma que no ha recibido nada concreto

García Albiol, Martínez-Maillo y Alejandro Fernández, este domingo, en (Alcover) Tarragona
García Albiol, Martínez-Maillo y Alejandro Fernández, este domingo, en (Alcover) Tarragona

La Generalitat reiteró este domingo que está dispuesta a negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy hasta el último momento para reconducir la situación política de Cataluña, pero recela de la propuesta que pueda plantear. Lo aseguró el presidente, Carles Puigdemont, quien, pese a su escepticismo, dijo que le “gustaría” iniciar ese diálogo, al igual que lo hizo la vicepresidenta, Neus Munté, que manifestó su confianza de que las conversaciones sean francas y claras aunque ambos dijeron no renunciar a la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña que el Ejecutivo central rechaza de plano. Dos son las razones para su cautela: su compromiso público de celebrar la consulta y la continua disminución de inversiones estatales.

La intención del Gobierno central de presentar una propuesta política a Cataluña, sin negociar el referéndum, se evidenció ayer en las palabras del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien admitió que existen contactos entre el Ejecutivo de Rajoy y el Govern de Carles Puigdemont. Millo habló de encuentros “a todos los niveles” que no siempre se hacen públicos, según dijo. “Estamos absolutamente volcados en buscar un camino de salida”, indicó en una entrevista en TV3.

Después de que el expresidente catalán Artur Mas resucitara el jueves pasado en la Universidad Autónoma de Madrid la posibilidad de una tercera vía sobre el conflicto en Cataluña, el delegado del Gobierno en esta comunidad habló ayer del objetivo de “diseñar entre todos un camino alternativo al de la colisión que supone convocar un referéndum”. “Hay muchas cosas que se pueden aplicar sin cambiar la Constitución” y de una manera fácil, mantuvo Millo.

Rajoy aún no ha concretado su futura propuesta, ya que espera trasladársela al presidente Puigdemont en una próxima reunión. A este hecho se aferró la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de la Presidencia, Neus Munté, que reprochó al Ejecutivo que no exista todavía sobre la mesa una “oferta de diálogo”. “Las únicas cosas que estamos recibiendo son notificaciones de suspensión, amenazas de inhabilitación y advertencias desde los tribunales de justicia”, sentenció. Pero, con todo, aseguró que el Gobierno catalán sí quiere “un diálogo franco y claro”, de la misma manera que las demandas que hacen desde Cataluña “son también muy claras”.

Puigdemont, incrédulo

Horas después, el president Puigdemont negó cualquier tipo de negociación “privada ni oficial” con el Gobierno central sobre las demandas catalanas. Pero, igual que su vicepresidenta, se mostró partidario de llevar adelante conversaciones con el Ejecutivo de Rajoy: “Créanme: nos gustaría”, añadió, al tiempo que manifestó su recelo al considerar la posible oferta del presidente como el “Espíritu Santo”, del que “todo el mundo habla pero que nadie ha visto”.

Las 45 reivindicaciones de la Generalitat a las que Rajoy pretende ahora dar una respuesta constan en el documento que le entregó Puigdemont, en la primera y única entrevista formal que mantuvieron, el 20 de abril de 2016 en Madrid. Ese texto está encabezado por otra petición, la 46: celebrar un referéndum vinculante en Cataluña. La Moncloa descarta cualquier negociación sobre ese aspecto, pero sí pretende dar respuesta a las otras 45, que el president agrupó en cuatro bloques: garantía de derechos sociales, política fiscal y financiera, incumplimientos del Estado con Cataluña e invasión de competencias, y evitar la judicialización de la política.

Para los soberanistas, esta última petición de Puigdemont no solo no se ha cumplido, sino que en los últimos meses se han abierto diversos procesos judiciales impulsados por los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, que el soberanismo ha interpretado como un ataque directo a sus reivindicaciones y a la falta de voluntad política para resolver el encaje de Cataluña en España sin necesidad de acudir a los tribunales.

Las 46 reivindicaciones presentadas por Puigdemont a Rajoy hace 10 meses son justamente el doble de las 23 que le expuso el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas en la entrevista que mantuvieron el 31 de julio de 2014, y que el Gobierno catalán juzga que fueron desatendidas. El Govern entiende que nunca es tarde para negociar y está dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo, pero insiste en que sea bilateral y sincero, para hablar de todo, empezando por la celebración del referéndum. Pero ese es un tema que el Ejecutivo del PP considera innegociable.

El hándicap de ERC

El Ejecutivo catalán estima, además, que la posible oferta de diálogo de Rajoy no es sincera, además de que llega tanto tarde como mal. Entiende la Generalitat que la debilidad política del PP frente a la mayoría absoluta de la pasada legislatura le ha llevado a moderar su discurso y las formas para combatir el independentismo.

El tiempo se agota, es la lectura que se hace desde la plaza de Sant Jaume. Aquella relación de asuntos que planteó Mas se considera ya prediluviana por el Gobierno catalán, del que ahora también forma parte Esquerra Republicana, no como en 2014, cuando la extinta Convergència no había evolucionado en el actual PDECat para lavar su imagen de la corrupción ni había abrazado el independentismo con tanto entusiasmo. Y por si esto no fuera suficiente, Puigdemont superó el pasado mes de septiembre una moción de confianza en el Parlament después de adquirir un compromiso inequívoco con su célebre frase de “referéndum o referéndum”. Es decir, celebrar una consulta en el plazo máximo de un año, sea pactada o convocada de manera unilateral. Esto le permitió lograr el apoyo de la CUP para no convocar elecciones anticipadas. Los anticapitalistas no solo le recuerdan cada día ese compromiso, sino que le apremian para que se celebre cuanto antes. “Pensar que vamos a renunciar a eso es no entender nada”, explica un dirigente independentista.

Por otro lado, la Generalitat recuerda que algunas de las reivindicaciones de Puigdemont a Rajoy son obligaciones legales, como los 3.811 millones de los últimos años para equiparar la inversión en Cataluña en infraestructuras al peso del PIB catalán, tal y como establece el Estatuto de autonomía. O el hecho de que de los cerca de 4.000 millones de euros de inversión previstos en trenes de Cercanías y Regionales entre 2008 y 2015 solo se haya ejecutado alrededor del 10%.

Un portavoz de Artur Mas concretó ayer el mensaje que lanzó el expresidente catalán el pasado jueves. La idea de Mas no pasa por renunciar al referéndum, pero sí quiere que Rajoy se implique para disuadir a los partidarios de la secesión, o a los que están dudosos, con una promesa de que se mejorará la autonomía y que, por ello, continuar perteneciendo a España seguiría siendo la mejor opción.

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