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Un juez colombiano ordena a una filial del Canal a devolver las infraestructuras del agua de Santa Marta

El municipio acusaba a Metroagua, una empresa participada en un 35% por la empresa pública madrileña, de suministrar agua de mala calidad

El enfrentamiento que mantienen desde hace meses el distrito colombiano de Santa Marta (500.000) habitantes, capital del Departamento de Magdalena, y la empresa Metroagua (participada por el Canal de Isabel II), que gestiona el suministro, el acueducto y el alcantarillado de la ciudad, ha dado un nuevo giro. Un juez colombiano ha ordenado a la sociedad madrileña entregar al municipio todas las infraestructuras, que incluyen bienes muebles e inmuebles, el listado de clientes y los pozos abiertos por el Canal para abastecer al distrito. La empresa anuncia que se irá, pero acudirá a los tribunales.

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Imagen de una calle de Santa Marta (Colombia).

El auto, fechado el pasado 15 de febrero, obliga a la empresa del Canal a entregar todos sus bienes a la ciudad de Santa Marta. Metroagua —que está participada en un 35% por el Canal, un 33% por un inversor privado y un 28% por el municipio— dispone de 10 días para acatar la decisión judicial. El ente público madrileño, según fuentes de la compañía, está dispuesto a abandonar la ciudad, pero anuncia que continuará luchando judicialmente por recuperar sus inversiones, valoradas en 19,8 millones de euros.

Desde el Canal de Isabel II se sostiene que su intención era dejar la ciudad el 17 de abril próximo, fecha en la que finaliza el contrato que lleva en vigor 25 años. Los mismos portavoces aseguran que lo tenían todo preparado para el traspaso, con el inventario realizado, el único problema era que el distrito no les comunicaba a quién tenían que entregar los bienes junto con las bases de datos de los clientes.

El exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, que pidió las medidas cautelares, indicó ayer a EL PAÍS en conversación telefónica que el municipio tenía muy avanzado el contrato público que regirá la próxima concesión de suministro del agua en la ciudad. Hay dos empresas interesadas en el proyecto, Veolia y Aqualia. En su opinión, la decisión judicial no hace sino reforzar sus denuncias sobre el mal servicio que estaba prestando Metroagua. “Pensamos que las inversiones que ha realizado la empresa se hicieron con plata pública y habrá que determinarlo”, aseguró.

60.000 tomas ilegales de agua

El Canal afirma que los cortes de agua que denuncian los alcaldes se deben a que tienen registradas unas 60.000 tomas ilegales de agua, que provocan caídas en la presión y el consiguiente desabastecimiento. La única solución para Santa Marta es la construcción de un acueducto desde el río Magdalena situado a 90 kilómetros de distancia que, según un estudio de Metroagua, costaría 100 millones de euros. Caicedo asegura, sin embargo, que esa propuesta partió de ellos y que incluso hay una hoja de ruta marcada.

Expropiación ‘de facto’

También considera que el auto avala la decisión que tomó el 11 de febrero pasado el actual regidor, Rafael Alejandro Martínez, cuando modificó una cláusula del contrato de arrendamiento inicial del acueducto y del alcantarillado firmado por las partes. El punto que cambió le permitía rescindir de forma unilateral el contrato con la empresa, algo con lo que no estaba de acuerdo el Canal porque consideraba que era una “expropiación de facto”. De hecho, el ente público madrileño había pedido la suspensión de ese “acto de expropiación” hasta que no se decidiera cuál era el modo de transmisión de la empresa y a quién. También ha solicitado amparo al Defensor del Pueblo colombiano.

El conflicto hacía temer a los ciudadanos que se produjera un desabastecimiento de agua cuando se finalizara el contrato, donde se contemplaba una prórroga que el alcalde no deseaba.

Santa Marta es una gran ciudad de veraneo, que ha recibido a más de 100.000 desplazados huyendo de la violencia en los últimos años. Caicedo aseguró ayer que el nuevo contrato de licitación está muy avanzado y “no existirá ningún problema”. Es más, “se solucionarán”, porque está mucho mejor estudiado y será más beneficioso para el distrito.

Tanto el alcalde actual como su predecesor en el puesto coinciden en que el servicio que está prestando Metroagua es muy deficiente, llevando “agua no potable” a la población, con cortes continuos y falta de las infraestructuras adecuadas; de tal forma que las aguas negras salen por muchos puntos y se mezclan con el agua potable. Una situación que niega de forma rotunda el Canal.

El grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid denunció la situación en la que supuestamente se encontraba Santa Marta. Tras la decisión judicial, el diputado Eduardo Gutiérrez sostiene que “una vez más se pone de manifiesto cómo hace las cosas la empresa pública el Canal”. “La Justicia está dando la razón a los samarios [gentilicio de los habitantes de la ciudad]”, puntualiza.

La salida de la ciudad, según fuentes del Canal, debería haberse producido sin dificultad, debido a que su política actual no incluye la expansión por Sudamérica como en épocas anteriores, durante el mandato del expresidente Alberto Ruiz-Gallardón. De hecho, la empresa madrileña está cerrando aquellas sociedades cuyo objeto no tiene nada que ver con el ciclo del agua.

Los mandatarios de la ciudad colombiana consideran, además, que el contrato que se firmó hace 25 años contiene cláusulas abusivas, entre ellas un arrendamiento en vez de la concesión administrativa. También denuncian que a lo largo de los años se han llevado a cabo modificaciones del acuerdo inicial que benefician al contratista. Ha desaparecido el pago inicial comprometido de 183 millones de pesos anuales —unos 55.000 euros— y se ha reducido el porcentaje del 33% mensual de la recaudación bruta a solo un 2%. También se pactó que las mejoras en las infraestructuras de cancelarían a costa del distrito de Santa Marta.

Fuentes del Canal de Isabel II explican que el suministro en la ciudad se ha ido complicando desde hace unos 10 años a esta parte, debido a la persistente sequía que ha vaciado los ríos de los que obtenían el agua. Por ese motivo, tuvieron que construir varios pozos, desde donde se bombea a las casas.