Otros dos imputados por pertenecer a la “trama delictiva de Consuelo Ciscar” en el IVAM
La juez cree que contribuyeron a que la exdirectora del museo cometiera los supuestos delitos
La juez que investiga el caso IVAM ha imputado a otras dos personas por formar presuntamente parte de la "trama delictiva originariamente urdida por Consuelo Ciscar" cuando era directora del instituto de arte moderno valenciano. La magistrada ha acordado en un auto distribuido este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía acceda al contenido de los ordenadores de ambos.
Los primeros indicios contra Jorge Reyes García Vallés y Pilar Mundina, indica la magistrada Nuria Soler, figuran en una denuncia anónima incorporada al sumario. La denuncia no puede considerarse "prueba de cargo", pero sí "una fuente legítima de investigación" cuando se ve corroborada por "elementos de naturaleza objetiva", como entiende la magistrada que ocurre en esta ocasión.
Mundina era presentada en la mencionada denuncia como la "asistente personal" de Ciscar. "Le hace y deshace las maletas, le organiza el ajuar y realiza todo tipo de trabajos al servicio exclusivo y personal" de la entonces directora, a la que acompañaba en los viajes intercontinentales "como criada", detallaba el autor de la denuncia.
La magistrada cree que hay elementos que confirman esta denuncia y la irregularidad de la situación de Mundina, quien, pese a no trabajar para el IVAM, sino para el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), vio cubiertos gastos de sus viajes con Ciscar por importe de 37.903 euros entre los años 2009 y 2011.
Los viajes le eran abonados por el museo como "gastos a terceros" y Mundina recibió pagos "como anticipos", según las pruebas documentales y testificales reunidas por la magistrada. El análisis de correspondencia electrónica y de la documentación entregada por la empresa La Imprenta —que confirman la entrega en casa de la nueva imputada de catálogos del artista Rablaci, Rafael Blasco Ciscar, hijo de la exdirectora del IVAM y del exconsejero Rafael Blasco— confirman para la instructora "la estrecha relación" existente entre Ciscar y Mundina. Esta, agrega la juez en su auto, se benefició "de una manera consciente" de los viajes pagados por el IVAM a sabiendas de que no existía base legal para ello.
Relaciones con altos cargos del Estado en el extranjero
El segundo nuevo imputado, Jorge Reyes García Vallés se dedicaba, según la denuncia anónima, a viajar también a costa del IVAM mientras se dedica a "montar y desmontar exposiciones de Rablaci" que la propia trama organizaba "haciendo coincidir lugares y tiempo con las del IVAM". Y, además, "intermediando en las relaciones públicas con altos cargos del Estado en el extranjeroy galeristas" en favor del artista.
La magistrada también menciona en este caso documentos y testimonios que corroboran el contenido de la denuncia, empezando por la contratación "a dedo" —tal y como la describe la Intervención General de la Generalitat— del investigado por parte del IVAM.
Más tarde, prosigue la juez, Ciscar, que sigue siendo miembro del Consell Valencià de Cultura, creó "un puesto en el IVAM ex profeso para García Vallés para con ello, presuntamente, facilitar la consecución de sus fines delictivos". El imputado se dedicó no solo a montar exposiciones, sino a escribir cartas dirigidas a la embajadora de España en Guatemala, que Rablaci debía remitir como si las hubiera escrito él, para promocionar una de sus exposiciones, así como a galeristas con el mismo fin.
La juez mantiene que García Vallés formó parte "de una trama delictiva organizada por Ciscar" que, además de otras "actuaciones", intentó "dar una proyección o impulso a la carrera artística de su hijo con cargo a fondos del IVAM". La participación de García Vallés fue "clave en ese propósito, al igual que la de otros investigados como Raquel Gutiérrez (imputada en la causa y que sigue como directiva en el IVAM) y Enrique Martínez Murillo".
Para justificar la intervención de los ordenadores de los dos nuevos imputados, la magistrada alude al "rechazo social que producen actuaciones como las investigadas, en las que la sociedad se ve obligada a contemplar con estupefacción cómo, a costa de dinero público, se enriquecen unos pocos en perjuicio de los más necesitados, con un claro desprestigio de las instituciones o Administraciones".
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