Primera condena en Euskadi contra un municipio por el uso de amianto

El Ayuntamiento de Llodio, gobernado por EH Bildu, tendrá que pagar 133.000 euros a la familia de un trabajador municipal que murió víctima de un mesotelioma causado por el amianto. La sentencia, la primera contra un ayuntamiento vasco, aunque ya habían sido condenados otros por la misma razón, entre ellos el de Madrid, puede ser recurrida ante la sala de lo social del tribunal Superior de Justicia del País Vasco. "Creemos en la Justicia", ha declarado la viuda de Kepa Galdós, Pilar Gabas, "y la sentencia, como esperábamos, condena al Ayuntamiento. En la familia recibimos la sentencia con mucha emoción después de un proceso tan largo. Ahora solo queremos descansar".

El caso se remonta a 2012 cuando el trabajador Kepa Galdós falleció y la familia comenzó una auténtica carrera para que, primero la mutua que atendía a los trabajadores del ayuntamiento, y después el propio ayuntamiento, reconocieran la vinculación del fallecimiento con el amianto. En ese proceso judicial el Ayuntamiento de Llodio no ha colaborado de manera especial en el apoyo de la familia de la víoctima. De hecho incluso le negaron la palabra a su esposa en marzo de 2016 cuando quiso explicar el caso ante el pleno.

El alcalde, Natxo Urkixo, de EH Bildu tuvo que dar, sin embargo, marcha atrás debido a la presión que ejerció la asociación de los afectados por el amianto, Asviamie, el sindicato de la izquierda abertzale, LAB y el PSE en la localidad. Era la segunda vez que Urkixo vetó una moción de la familia que entró en plazo. La primera vez el alcalde priorizó otras dos sobre piscinas y presos de ETA. La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) ha denunciado el "total desprecio y la falta de sensibilidad" que ha mostrado el alcalde de la localidad alavesa de Llodio, Natxo Urkixo (EH Bildu), hacia los afectados por la exposición a este material durante todo el proceso.

La sentencia considera probado que la víctima trabajó durante más de dos décadas en una brigadilla municipal que se encargaba de la reparación de las tuberías del agua, muchas de ellas de fibrocemento, que cortaban y rebarbaban sin ningún tipo de protección, cuando ya se sabía que sus fibras eran un  veneno que podía tener consecuencias fatales para la salud. La sentencia considera probado además que el Ayuntamiento de Llodio no había tomado medidas sanitarias ni preventivas contra el amianto, pese a las normativas que le obligaban a ello.