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Golpe policial contra los pioneros de los clubes cannábicos de Cataluña

Un asesor municipal de Urbanismo de Ciutadans está entre los seis detenidos que han ingresado en prisión

Un hombre fumando un porro. Ampliar foto
Un hombre fumando un porro.

Los Mossos d’Esquadra informaron este jueves de la detención del líder de la primera asociación que se constituyó como club de cultivo y distribución de cannabis en Cataluña: la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA). Esta asociación es además la que se postuló para cultivar marihuana en Rasquera (Ribera d’Ebre), un proyecto que al final no salió adelante. El juez decretó el cierre de la entidad y el ingreso en prisión de 6 de los 12 detenidos en la operación. Entre estos se encuentra el asesor de Urbanismo de Ciutadans en Barcelona, Luis Ignacio R. G., y exconsejero de distrito en Nou Barris. La ABCDA se constituyó en 2010 y abrió así la veda para los clubes. Desde entonces, la Generalitat cuenta con 559 asociaciones registradas (98 pendientes de aprobación).

El serbio Vojislav Djordjevic es el líder de la presunta trama delictiva. Djordjevic presidió la ABCDA en 2012 y fue en su día el interlocutor con el alcalde de Rasquera, Bernet Pellisa, que a su vez fue también imputado en septiembre del año pasado en otra operación de los Mossos, cuando ya no era alcalde del municipio, por el cultivo de marihuana. En la actualidad, Djordjevic no constaba formalmente en la asociación, en la que usaban testaferros, según los Mossos. “Jugaban al gato y al ratón para que no se supiese quién la llevaba”, explicó este jueves el subinspector de los Mossos Joan Alfred Vives.

En el caso del cargo de Ciutadans, los Mossos le acusan de ser el arquitecto de las distintas naves que construyeron los detenidos para cultivar marihuana, y poder surtir así a varias asociaciones. Ciutadans le cesó de sus funciones la semana pasada al saber que había sido detenido, explicó un portavoz del grupo municipal. Luis Ignacio R. está en prisión desde entonces, según fuentes policiales. Antes de asesor, fue consejero de distrito del partido naranja en Nou Barris. En 2011, también fue presidente de la ABCDA.

Los Mossos sospechan que los detenidos, al no lograr la macroplantación en Rasquera, pusieron en marcha el cultivo en varias naves (llegaron a controlar siete) para servir a hasta 15 asociaciones cannábicas. También exportaban al extranjero, según la policía catalana, que no especificó a qué lugares.

La organización se dedicaba además a constituir asociaciones y vender el traspaso de la licencia a terceros, según los Mossos. Vigilancia Aduanera, que también participó en el caso, calcula que la entidad movió 1,1 millones en gastos en dos años, y otro medio millón en efectivo. Los clubes cannábicos no pueden tener, por estatutos, fines lucrativos. El juez decretó también el cierre de otra asociación (ACC) en el distrito de Sant Martí.

La investigación de la policía catalana arrancó en junio de 2016, después del hallazgo de una nave donde se cultivaba marihuana. Ocho meses después, el 9 de febrero, los Mossos registran ocho pisos, cinco naves industriales y las dos asociaciones cannábicas. En los registros encontraron 5.000 plantas y más de un millar de bolsas preparadas para el tráfico de cannabis y hachís. También tenían en los domicilios 60.000 euros en efectivos. Al tesorero de ABCDA le encontraron 40.000 euros divididos en diversos sobres. Los acusados, de nacionalidad serbia, japonesa, bielorrusa y española, llevaban un alto tren de vida, vivían en pisos de lujo y usaban vehículos de alta gama, según los Mossos.

Desde su creación, la ABCDA tuvo problemas. El Departamento de Interior se posicionó en contra de su inscripción en el registro de asociaciones de Justicia. Pero la Fiscalía se pronunció finalmente a favor, y se vieron obligados a aceptarla. Eso abrió el camino para la regularización del consumo de cannabis en Cataluña, donde las asociaciones viven en un limbo legal que podría equipararse al ejercicio de la prostitución. El Parlament aprobó el año pasado debatir sobre la regulación de los clubes, el cultivo y la distribución de la marihuana.

Las asociaciones tienen un código de buenas prácticas pactadas con la Generalitat, pero en los últimos años la policía ha detectado, sobre todo en Barcelona, algunos clubes que se constituyen con la única finalidad de lucrarse y que incumplen con la norma. Incluso hay webs que se ofrecen de intermediarias en la compraventa de asociaciones por hasta 1,3 millones. La conflictividad alrededor de la marihuana también ha crecido desde que el crimen organizado ha visto un lucrativo negocio detrás de esta droga.

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