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Absuelta una banda de narcos por la anulación de los pinchazos telefónicos

Una decena de personas estaban acusadas de traficar con cocaína en Barcelona y Valencia

Jesús García Bueno

Con un brazo en cabestrillo y modernas gafas rojas, Shrek se levanta del asiento para hacer oír su voz en el juicio: “Me acojo a mi derecho a no declarar”. José Ángel G., conocido como Shrek, es el presunto líder de una banda de narcos españoles y venezolanos acusados de regar de cocaína los puertos de Valencia y Barcelona desde 2013. Uno a uno, los otros nueve acusados repiten la misma frase. La fiscalía tiene pruebas abrumadoras contra ellos, pero no puede usarlas: el tribunal anuló los pinchazos. Sabían que iban a ser absueltos.

La policía requisa 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.
La policía requisa 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.

Pese a los alias de Shrek y Cruasán, los investigadores se valieron de un nombre de mayor empaque mitológico para bautizar la operación contra la banda: Hércules. Ángel G. había sido detenido, años antes, con grandes cantidades de heroína y cocaína en su poder. Los agentes comprobaron que había vuelto al ruedo y utilizaba un gimnasio de la avenida Diagonal de Barcelona para vender droga. Creían que andaba en algo gordo: una organización de narcotráfico a gran escala. Pusieron esos indicios en manos de un juez de Terrassa que los vio más que suficientes y que, en junio de 2011, autorizó intervenir los teléfonos de Shrek y otros implicados.

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La investigación demostró que los agentes no se equivocaban. Desde su feudo de Terrassa, donde “disponía de un equipo a sus órdenes”, según el fiscal, José Ángel lideró una organización dedicada a importar cocaína desde Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Su socio al otro lado del Atlántico era el venezolano Nicolás V., que no figura entre los acusados porque las autoridades de Venezuela se negaron a extraditarle. Los agentes acreditaron parcialmente diversos envíos al puerto y al aeropuerto de Valencia. Un venezolano llegó a la terminal de Manises con 33 kilos de cocaína en la maleta. Ni siquiera se había molestado en ocultarla en un doble fondo porque la organización había “captado” a “colaboradores bien situados en el dispositivo policial y aduanero”. En su escrito de acusación, el fiscal cita a un sargento de la Guardia Civil que, presuntamente, cobraba por ello 10.000 euros.

El primer gran cargamento del que se tuvo en constancia llegó al puerto de Valencia en agosto de 2013. El buque CSAV Brasilia había partido de Panamá 24 días antes con un cargamento de garbanzos. La Guardia Civil lo sometió a una inspección aleatoria. Y halló cinco bolsas de viaje con 206 kilos de cocaína. En el suelo había un precinto idéntico al original para que, al retirar la droga, los traficantes pudieran volverlo a colocar sin levantar sospechas. Es lo que se denomina método del gancho ciego.

El fiscal señala que la banda había preparado 50.000 euros para pagar a sus colaboradores en el puerto; gente que podía “desenvolverse con discreción por la terminal de contenedores”. Conocían la matrícula y posición del buque y debían descargar la mercancía. Como el hallazgo fue casual, no le afecta la nulidad de pruebas decretada por la justicia y el fiscal ha podido preguntar por ello en el juicio, aunque de poco le ha valido.

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Tras esa incautación, la banda planeó nuevos envíos de droga, esta vez al puerto de Barcelona y camuflados como importación de frutas tropicales. Pero la carga se demoró y la banda abortó el plan por un “cambio radical” en el control informático de descarga de contenedores en los muelles. Aún no estaban preparados para burlar el nuevo sistema, subraya el fiscal, que también les acusa de blanquear el dinero de la droga con todo tipo de gastos: viviendas, compra de relojes o el pago de la educación privada de los hijos. Todos esos datos culminaron con el registro en los pisos de los 10 implicados; en el de José Ángel se hallaron dos pistolas y un revólver.

Con esas pruebas, el fiscal les acusó de delitos contra la salud pública, blanqueo y tenencia ilícita de armas. Y pidió elevadas penas de cárcel; 23 años, en el caso de Shrek. Pero sus planes se truncaron en junio de 2016, cinco años después de los primeros pinchazos y cuando ya estaba todo listo para el juicio. Los abogados pidieron que se anularan las pruebas. Y la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona les dio la razón. Los jueces alegaron que el primer auto judicial se limitó a “reproducir literalmente” los informes policiales y que estos no tenían “suficiente información” o esta no justificaba la intervención de los teléfonos. Con eso cayó todo. Es lo que se llama “teoría de los frutos del árbol envenenado” y que ha servido para librar del castigo penal a esta y otras bandas.

Media hora de juicio a la espera de absolución

La vista oral del juicio se celebró el pasado jueves. Iba a ser un juicio largo. Pero no. Se ventiló en apenas media hora. “Estamos ante un juicio grande venido a nada”, proclamó el fiscal que, convencido de que la sentencia será absolutoria a pesar de que está seguro de que son culpables.

“Estas personas han introducido toneladas de cocaína en este país, y se han enriquecido notablemente con ello”.

Pese a todo, conminaba aún a los acusados a “decir verdad” en su turno para la última palabra. Ninguno habló.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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