La dignidad y los presupuestos

Cuando el comunismo era un acicate para construir los Estados de bienestar en la Europa continental democrática, se ironizaba con que la diferencia entre la derecha y la izquierda se plasmaba en las películas programadas en los canales de televisión públicos, los únicos entonces realmente existentes. A mayor liberalidad, gobernaba la izquierda; a menor, la derecha, siempre preocupada por las almas descarriadas. Entonces, el denominador común de socialdemócratas y democristianos era la defensa de los logros sociales. Por convicción o por miedo. Eran tiempos en los que, para la izquierda dura, la cogestión era sospechosa de actuar como trampa saducea para integrar a los obreros al capitalismo. Y en los que se debatía si la sanidad era un mero útil para reparar la mano de obra averiada.

Desde la caída del Muro de Berlín, la cogestión ha pasado a ser una utopía, porque lo habitual en el mercado de trabajo es que se contrate por días cuando no por horas, como el cura vasco de la obra de Jacques Deval —El comprador de horas— que redime prostitutas a tiempo parcial para que recen el rosario. Y qué decir de la sanidad: la reparación de la mano de obra se ha convertido en un bien escaso. Ahora se llevan los pasillos de las urgencias a rebosar. Por no hablar de ese ejército de reserva de mano de obra que, más que desempleo estructural, supone una condena permanente a la condición de precariado, tal como explica Zygmunt Bauman.

Ahora, cuando todo logro social es tan caprichosamente líquido como el precio del megavatio hora, es normal que las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) se ocupen, preocupen y redoblen sus esfuerzos por lo inmediato. Toda pequeña conquista es bienvenida y, por ello, sería de agradecer que se pusieran en marcha ese 40% de las 273 medidas de emergencia que el Parlament aprobó desarrollar urgentemente en marzo de 2016, cuando se dio luz verde a una resolución para blindar los derechos que pudieran resultar afectados —como ha sucedido— por decisiones de las instituciones del Estado.

Entonces no se pudo hacer nada, según explicaciones del Gobierno catalán, debido a la prórroga presupuestaria. Pasada la Navidad, hemos conocido que la crisis —entendida, claro, como oportunidad— ha permitido que el 1% de la sociedad con más patrimonio de España aumente su porción del pastel de riqueza del 16,87% al 20,23% entre 2011 a 2014. Sería bueno contagiarse de ese espíritu emprendedor para que las cuentas de la Generalitat de 2017 sean una oportunidad social.

Pero los presupuestos para este año no llevan ese camino, a pesar de que se han convertido en la clave de bóveda que, al parecer, lo sostiene todo: el referéndum precisa de las cuentas para 2017; las inversiones sociales, también… De pronto, los presupuestos autonómicos —tal como están— son la panacea social en el camino hacia la independencia y estandarte de la “dignidad” de la mayoría que gobierna este país, de acuerdo con el término empleado por el propio presidente Carles Puigdemont. Si no se aprueban los presupuestos, “por dignidad” no hay referéndum. A veces todo parece un triste e indigno señuelo para seguir gobernando, porque desde el pleno de la pobreza de marzo del año pasado ni siquiera se han puesto a trabajar en serio las mesas que debían hacer el seguimiento de las medidas aprobadas: ni la de la pobreza energética, ni la de la vivienda, ni la de la infancia, ni la de ciudadanía e inmigración, según la Mesa de Entidades del Tercer Sector. Y en los presupuestos lo cierto es que se ha desperdiciado la oportunidad de revisar a fondo el sistema fiscal, tal como solicitan las entidades sociales, y de plasmar medidas de choque.

Es evidente que la praxis política actúa como eficaz disolvente de fronteras entre derecha e izquierda cuando ejercen el poder. Pero ahora, al contrario de lo que sucedía antes de la caída del Muro, lo que era un derecho consolidado se ha convertido en utopía. La riqueza se concentra en menos manos que nunca y no hay ni asomo de sentimiento de culpa ni propósito de enmienda respecto a las responsabilidades en los recortes y en la crisis. El 51% de los contratos de trabajo que se cerraron el año pasado en España no requieren de cualificación, pero hablar de que la renta básica continúa siendo un tabú. Malos tiempos para paliar los efectos nocivos que golpean a los eslabones más débiles.