La falta de medios aboca al fracaso el refuerzo de los juzgados penales más saturados de Madrid
Si la Comunidad no solventa los problemas a final de mes, el Tribunal Superior retirará la medida
Una sala de vistas para celebrar juicios que no tiene bancos —ni para acusados ni para público— y tampoco una mesa y una silla para el funcionario que asiste al juez. Este es solo un ejemplo de la falta de medios materiales y humanos a la que se enfrentan las dos magistradas encargadas del plan de refuerzo acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Gobierno regional para desatascar los juzgados penales más saturados de la capital. El TSJM ha decidido que, si la Consejería de Justicia no soluciona las deficiencias antes del 31 de enero (por ejemplo, hay cinco funcionarios en lugar de los 10 necesarios), suspenderá la medida. Una portavoz de la consejería explica que sus movimientos están atados por las restricciones presupuestarias.
En los 26 juzgados penales no especializados de la ciudad de Madrid entran de media 509 casos al mes, por encima de los 450 que el Consejo General del Poder Judicial consideró en 2003 un máximo razonable. Pero el verdadero problema es que los casos que tienen preferencia (por ejemplo, en los que hay un detenido en prisión preventiva, los de abusos sexuales o los que tienen víctimas menores) van dejando permanente al final de la cola el resto de causas, que se acaban eternizando en los juzgados más saturados.
Por eso, hace más de ocho meses se empezó a gestar el acuerdo entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Gobierno regional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha un plan de refuerzo: la idea era que dos jueces asumieran esos casos preferentes para desatascar los juzgados con más dificultades. El Ministerio del Justicia debía aportar dos letrados de la Administración de Justicia (antes, secretarios judiciales) y la Comunidad, las instalaciones y 10 funcionarios (tres gestores, cinco tramitadores y dos empleados de auxilio judicial).
Asuntos pendientes
La tasa de pendencia es la proporción entre el número de casos por resolver y el volumen de los ya resueltos al finalizar el año.En la Comunidad, la cifra más alta está en los juzgados penales no especializados: 5,12. Si se multiplica esa cifra por 12, el resultado es el número de meses que harían falta para resolver los casos pendientes.
La inspección del Consejo General del Poder Judicial recordó al Tribunal Superior de Madrid el pasado abril “la conveniencia” de reforzar los juzgados penales madrileños con más pendencia. Estos eran, el pasado septiembre, el número 1, con 1.444 asuntos pendientes; el 3, con 957; y el 10, con 869. En todos ellos la cifra era, además, mayor que en 2015.
Con el objetivo de asumir 75 casos al mes de los tres juzgados de lo penal con más asuntos en tramitación en septiembre del año pasado —el número 1 (con 1.444 casos), el número 3 (957) y el número 10 (869)—, el refuerzo comenzó a funcionar el 1 de diciembre y a fijar vistas de juicio oral a partir del 9 de enero.
Pero para entonces los 10 funcionarios interinos pedidos a la Comunidad se habían quedado en solo tres (el TSJM aportó un cuarto trasladándolo desde otro destino) y era evidente que las instalaciones elegidas, en la sede de la calle de los Hermanos García Noblejas, 37, junto a los juzgados de menores en el distrito de San Blas, carecían de algunos de los más básicos medios materiales.
La sala de vistas no tenía sistema de grabación, imprescindible para los juicios orales; aunque ya había llegado por fin el teléfono a la sala, no había ni mesa ni silla donde colocarlo y, de paso, donde se pudiera sentar el funcionario de auxilio judicial, que tiene entre otras funciones “velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las mismas”. Además, el espacio es tan pequeño que en la sala de espera es casi imposible evitar que se junten acusados y víctimas, y para ir al baño hay que salir de las dependencias del juzgado y abrir con llave un servicio ubicado en otra parte del edificio.
De todo esto han ido informando las dos juezas del refuerzo al TSJM. Y el presidente del organismo, Francisco Javier Vieira, se lo trasladó por carta el pasado 10 de enero al consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Ángel Garrido. El refuerzo, dice esa carta, a la que ha tenido acceso este diario, “no dispone de los medios personales ni materiales para señalar y celebrar las causas que ha recibido, entre las que se encuentran varias con preso preventivo, lo que hace que la situación sea de gravedad extrema e insostenible”.
Por ello, Vieira le pide al consejero que solucione los problemas y, si no puede hacerlo, que se lo comunique lo antes posible para devolver los casos a los juzgados de origen y dar por finalizado el plan. Así, fue el pasado lunes 16 cuando, al no haber recibido respuesta por parte de Garrido, la Sala de Gobierno del TSJM decidió darse de margen hasta final de mes: si para el 31 de enero no se completan los medios materiales y humanos, se cerrará un refuerzo que en principio estaba pensado para funcionar durante seis meses (prorrogables) y pretendía servir, además, como prueba para diseñar futuros apoyos.
Próxima reunión
Independientemente de la respuesta a esa carta, una portavoz de la Consejería de Justicia entiende que el tema se tratará durante la reunión prevista para este próximo jueves de la Comisión Mixta del TSJM y el Gobierno regional, a la que tiene previsto asistir Garrido. Sobre la dotación de funcionarios interinos, la portavoz asegura que fueron solicitados los 10, pero que los responsables de la Consejería de Economía que debían aprobarlo solo autorizaron tres. Y sobre los medios materiales, asegura que están pendientes del acuerdo marco de compra de mobiliario, un sistema centralizado del Ministerio de Hacienda que busca abaratar costes.
Mientras tanto, los refuerzos culminaron la semana pasada con una funcionaria más (que, como varias de las otras, tampoco tiene experiencia, según informan las jueces). Sin embargo, siguen a la espera de un letrado que esté presente; los dos que les apoyan tienen que atender a sus respectivos juzgados y apenas se pasan por allí.
Así que la actual plantilla sigue siendo insuficiente para apoyar el trabajo de dos magistradas que ya tienen ante sí 81 procedimientos, seis de ellos con preso preventivo. En la parte material, ya está instalado el sistema de grabación, pero sigue sin haber, por ejemplo, bancos en la sala de vistas ni mesa y silla para el auxilio judicial.
Justicia intentará aumentar el dinero para mantenimiento
La Consejería de Justicia está intentando que los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2017, que están preparando en estos momentos, aumenten un 30% la partida de 17,8 millones para el mantenimiento de las sedes judiciales de la región, asegura una portavoz oficial. Este será sin duda uno de los argumentos del consejero Ángel Garrido en las reuniones que mantendrá en los próximos días con sindicatos, jueces y fiscales. Unos encuentros que llegan tras una semana de incesantes críticas —con alguna petición de cese del consejero incluida— por el mal estado generalizado de los juzgados de la región, originadas a partir del cierre por falta de salubridad de un a sede de Torrejón.
La consejería admite un problema, pero recuerda que viene lejos. Y no se trata solo de una caída del presupuesto para mantenimiento del 30% entre 2011 y 2015, sino que aún antes, y durante muchos años, la promesa de la Ciudad de la Justicia, que iba a aglutinar todas las sedes en un solo, nuevo y moderno espacio, hizo que nadie pensara excesivamente en el futuro de las instalaciones en uso. Al final, entre unas cosas y otras, con el proyecto de la Ciudad de la Justicia sin construir, empantanado entre continuas polémicas y acusaciones de corrupción, se ha llegado a la situación actual, con unos "edificios obsoletos carentes de las mínimas condiciones de seguridad estructural", según la última Memoria del TSJM.
Ahora, sindicatos y jueces echan en cara a Garrido que no haya salido antes al paso de esta situación y le exigen que lo haga de inmediatamente. Desde la consejería, explican que lo primero que tuvieron que hacer a su llegada al cargo a mitad de 2015 fue reparar la justicia gratuita; pusieron 10 millones de euros más. Después, llegó el turno en 2016 para recuperar los medios humanos con 700 interinos. Y ahora ya, en 2017, le llega el turno a las infraestructuras, asegura.
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