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La Junta aprueba el pago en 20 días a proveedores de servicios esenciales

La norma prevé también un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en Sevilla.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en Sevilla.

No más de 20 días en lugar de 30. Es el plazo que se ha autoimpuesto la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía en un decreto presentado este lunes para pagar a proveedores prioritarios para la Administración. Estos son, del ámbito de la salud, la educación y los servicios sociales. "Queremos que los proveedores no sufran los retrasos y las tensiones de liquidez de la Administración, que eso no sea una excusa para que no se pague en tiempo y forma a quien corresponda", ha declarado este lunes la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Gobierno en Sevilla.

Con este decreto, que entra en vigor en dos meses, también se fija un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones en estos tres ámbitos esenciales. En el ámbito de la salud, tendrán prioridad los servicios asistenciales y conciertos y partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales. En el ámbito educativo, se agilizarán los pagos vinculados a mantenimiento, gratuidad de libros, transporte, comedor y becas, entre otras áreas; y en los servicios sociales, la medida beneficiará a los servicios vinculados con dependencia, infancia, asistencia jurídica gratuita, planes de drogodependencia y contra la violencia de género.

Entre las novedades, la norma recoge además una garantía de pago y la posibilidad de cobro directo a través de una entidad de crédito. "El proveedor cobra su deuda con cargo a esa entidad financiera, entidad que será la que posteriormente mantenga la deuda con la Junta de Andalucía", ha aclarado Montero. Por lo tanto, en el caso de que, a pesar del decreto, se incumplan los plazos, se garantiza la financiación a través de la creación de la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde se puede consultar el estado de tramitación de la factura y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora.

"Esta medida se toma por la defensa de los servicios públicos esenciales y de calidad. Es un colchón de garantía. Es posible hacerlo y nos lo autoimponemos como tarea para mejorar", ha añadido Montero, que ha señalado que la medida ha supuesto importantes modificaciones de funcionamiento en los programas de gestión de la tesorería. "Se ha diseñado una ingeniería completa de pago. Ha cambiado la gestión, la fiscalización, la contabilización y el pago. Todo el proceso de trazabilidad de la factura".

En 2016, la Junta realizó pagos por un importe superior a los 8.200 millones de euros correspondientes a empresas de bienes y servicios, así como proveedores de suministros del sector público andaluz, y el 76 % de las facturas abonadas se destinaron a la cobertura de gastos en sanidad, educación y dependencia.

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