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Miquel Sellarès debe 157.300 euros a la Generalitat

El miembro fundador de CDC y primer director de los Mossos desvió sin autorización parte de los 1,7 millones concedidos a una fundación

Miquel Sellarès en una imagen de 2004.

El Tribunal de Cuentas dictaminó el pasado mes de julio que el veterano activista independentista Miquel Sellarès desvió irregularmente 157.300 euros públicos a una entidad fundada y presidida por él. Estos fondos eran parte del presupuesto de 1,7 millones de euros concedido por la Generalitat y la Diputación de Barcelona en 2009 al Centro de Documentación Política (CDP), una fundación creada y presidida por Sellarès, participada por las dos administraciones públicas.

Miquel Sellarès, que fue miembro fundador de Convergència Democrática de Cataluña y primer director general de los Mossos d’Esquadra, decidió sin autorización desviar parte del presupuesto del CDP a otra entidad presidida por Sellarès, el Centro de Estudios Estratégicos de Cataluña (CEEC), según el Tribunal de Cuentas.

El caso fue remitido en 2011 por la Sindicatura de Cuentas catalana al Tribunal de Cuentas. El CDP fue liquidado aquel año por la elevada deuda que había contraído con Hacienda y la Seguridad Social, según la resolución del Tribunal. Este organismo establece que entre 2008 y 2010 Sellarès decidió sin la debida autorización del patronato la concesión de tres préstamos sin intereses al CEEC.

El Tribunal de Cuentas afirma que Sellarès “actuó de manera gravemente negligente”. Sellarès justificó al Tribunal que el patronato había dado su visto bueno aprobando las cuentas del ejercicio y que el CEEC compartía los mismos objetivos que el CDP.

El Centro de Documentación Política era una fundación creada en 1986 y en la que en 1998 pasaron a formar parte el gobierno catalán y la Diputación de Barcelona. La mayoría del patronato la ostentaba la Generalitat. Su función era realizar servicios de hemeroteca sobre noticias de política. El CDP tuvo un papel destacado en el suministro de resúmenes de prensa a diversas administraciones públicas catalanas.

La Generalitat confirmó en junio de 2015 que había solicitado sin éxito a Sellarès la devolución de los préstamos. El gobierno catalán retiró poco después la demanda contra Sellarès ante el Tribunal de Cuentas porque prefería solucionarlo “por la vía administrativa”. La resolución contra Sellarès se produce porque el ministerio fiscal mantuvo abierto el proceso.

A día de hoy Sellarès todavía no ha devuelto ni un euro, según el Tribunal de Cuentas. EL PAÍS no ha podido contactar con Sellarès para la elaboración de este reportaje. Tampoco se ha posicionado públicamente sobre la resolución, que dio a conocer el pasado noviembre la revista Tiempo. En un artículo de este diciembre, Sellarès aseguraba que “el CEEC ha sido desde 1984 la única entidad sin ánimo de lucro y sin apoyo institucional que ha intentado sensibilizarnos sobre seguridad”.

Las organizaciones gestionadas por Sellarès no han recibido subsidios de la Generalitat desde que el caso del CDP fue elevado al Tribunal de Cuentas, a finales de 2011. Este 2016 fue concedida una subvención de 18.000 euros a la Asociación Tribuna Catalana, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como función difundir artículos e informaciones sobre la actualidad política. El editor de Tribuna Catalana es Sellarès.

Subvención suspendida

El Departamento de Presidencia ha suspendido el pasado mes de diciembre la subvención porque Sellarès no ha justificado debidamente los gastos del proyecto para actualizar la tecnología de su página de Internet.

Jordi Del Río, director de Medios de Comunicación de la Generalitat, detalla que solo se retiran un 5% de las subvenciones por presupuestos no justificados. Del Río admite que su departamento no tenía constancia de la deuda de Sellarès con la Generalitat.

La legislación española sobre la concesión de subvenciones impide el acceso a estas por parte de entidades o personas que mantengan impagos con la administración o con Hacienda. La normativa catalana establece que Tesorería de la Generalitat debe comprobar antes de la concesión de la ayuda si el beneficiario tiene “deudas pendientes, tanto sean de naturaleza tributaria como si no lo son”.