La juez envía a Louzán al banquillo por un delito continuado de cohecho
Un jurado popular juzgará al expresidente del PP de Pontevedra, a su mujer y al concejal Severino Reguera por el sobrecoste del alquiler de unos bajos comerciales
La juez de Cambados ha acordado la apertura de juicio contra el expresidente del PP de Pontevedra y de la Diputación, Rafael Louzán, por un presunto delito continuado de cohecho impropio para ser juzgado por un tribunal popular. El exbarón popular y actual presidente de la Federación Gallega de Futbol, afronta una condena de un año de prisión y más de dos años de suspensión de empleo y sueldo por recibir favores de otro político durante su etapa al frente del organismo provincial.
La juez, Laura Fernández, también acuerda sentar en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra a la mujer de Louzán, como colaboradora necesaria de delito de cohecho, y al concejal del Ayuntamiento de Pazos de Borbén y exdiputado provincial, Severino Reguera, cuya proyección política dependía del exbarón popular, según la acusación. Ambos también se enfrentan a condenas de un año de prisión y el decomiso de los bajos comerciales.
El auto difundido este miércoles por el Tribunal Superior de Galicia es firme aunque la última palabra la tiene la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, que tiene que convocar y presidir el tribunal del jurado popular, a la que podrían apelar las defensas de los acusados contra la apertura del juicio. Tras una prórroga de casi dos meses para analizar las pruebas, la jueza ha estimado los hechos de acusación descritos por el fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, que considera que el alquiler de unos bajos comerciales por el matrimonio Louzán al concejal y empresario de panadería, estaban previamente pactados y sobrevalorados respecto al precio medio del mercado, lo que “constituye una forma de cobrar favores políticos por el que entonces era presidente de la Diputación al diputado raso”.
También el auto desestima los argumentos expuestos por las defensas de los acusados para evitar el juicio durante la vista previa celebrada en el juzgado de instrucción el pasado 26 de octubre. Los abogados intentaron desmontar la tesis de la acusación y concluyen que los precios de los alquileres responden a la ley de la oferta y la demanda del mercado inmobiliario y pidieron el archivo de la causa que “se abrió por el empecinamiento del fiscal”, alegaron.
Louzán, que actualmente trabaja como asesor del partido a sueldo del organismo provincial desde que los socialistas y nacionalistas lograron por primera el gobierno de la diputación, podría verse incluso apartado de su actual cargo político (por el que percibe 45.000 euros anuales), incluso también el que desempeña al frente de la federación de futbol, si es finalmente inhabilitado para ejercer un cargo público. Los hechos se remontan a agosto de 2008, cuando Louzán y su mujer compraron los locales por 460.122,50 euros sin IVA, “a sabiendas de que Severino Reguera se los iba a alquilar” para abrir un local de la empresa Brunopán, incide el fiscal.
Santaló subraya que “en realidad habían reservado cinco bajos contiguos pero el concejal compra solo dos por importe 358.340 euros, pagando luego mucho más por el alquiler de lo que le hubiera costado comprarlos”. El hecho de que Reguera prestara a Louzán casi 104.000 euros para la fianza del alquiler y después sus bajos se unieron a los de Reguera, pasando a formar uno solo con el nombre comercial Boutique del pan, “acredita que el propósito inicial de los compradores era crear una especie de sociedad encubierta entre ellos”.
Llama la atención el fiscal sobre el hecho de que Reguera no comprara o alquilara otros bajos a precios más competitivos para evitar un sobreprecio de un 60% más por los de Louzán, según recoge un informe de la Agencia Tributaria. “Ello supone que hasta finales del 2013, Brunopán, SL abonó a los arrendadores 89.000 euros más, un premio injustificado para ellos”, concluye el fiscal. El exbarón del PP había declarado tras su última comparecencia en el juzgado que “este caso no se sostiene” y cree que “es un juicio político que solo existe porque fui presidente de la Diputación de Pontevedra durante doce años”, reprochó Louzán. “Creo que todos los ciudadanos tenemos que ser iguales ante las leyes y tener el mismo trato y no diferente por haber tenido un cargo público en esta provincia", añadió.
Para Louzán esta instrucción ha sido "un largo peregrinar" y avanzó que en el supuesto de que la juez de Cambados acordara la apertura de juicio él tendría “más oportunidades” de poder explicarse. “Mi defensa “está muy bien argumentada y documentada", dijo el expolítico, que se mostró convencido de que "todo está perfectamente claro, ya que las pruebas aportadas no pueden ser más contundentes a su favor.
