El Parlament ve una “amenaza a la democracia” el proceso a Forcadell

El pleno del Parlament ha aprobado este martes una resolución que critica duramente el proceso penal contra la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, por permitir que se votaran el pasado 27 de julio las conclusiones de la comisión del proceso constituyente. El texto - presentado conjuntamente por la CUP y Junts per Sí y apoyado a última hora por Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot tras la introducción de unas enmiendas- asegura que “la criminalización de la actividad de esta cámara, en tanto que legítima representante de la voluntad popular, supone una grave amenaza para la democracia”.

La causa contra Forcadell se inició tras querella presentada por la fiscalía, después de que el Tribunal Constitucional considerase que había desobedecido sus advertencias de no adoptar decisiones que supusieran un desarrollo de la declaración de “desconexión” del 9 de noviembre de 2015 que fue anulada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tramita la causa contra Forcadell y el pasado día 16 declaró como investigada.

La resolución aprobada considera que la imputación es “una vulneración de la inviolabilidad parlamentaria y un hecho sin precedentes en el entorno de la Unión Europea y de las democracias consolidadas”. En otro apartado se defiende el derecho de los diputados a “debatir y defender sus posiciones” en todas las cuestiones que se planteen y a presentar las iniciativas oportunas en “el ejercicio democrático” sin otro límite que “el respeto de la decisión mayoritaria y la garantía de los derechos de las minorías”. El texto entiende que corresponde a los órganos del Parlament amparar estos derechos, no coartarlos.

El pronunciamiento del Pleno logró 81 votos a favor y 50 en contra de Ciudadanos, PSC y PP, que defendieron, con notables diferencias, la necesidad del debate parlamentario sin desobedecer al Tribunal Constitucional. Así, Fernando de Páramo, en representación del partido naranja, acusó al grupo de Junts pel Sí de utilizar el “victimismo político” y de “distorsionar la realidad”, porque, en su opinión, “en el Parlament se puede hablar de todo”.

Por su parte, Ferran Pedret (PSC), criticó la reforma del PP de la ley del Tribunal Constitucional que ha permitido la causa penal contra Forcadell y pidió a la mayoría independentista que abandone la “estrategia obtusa” de la desobediencia.

Santi Rodríguez (PP) negó que estuviera en peligro la libertad de expresión de Forcadell, apeló al tradicional discurso de su partido de que la ley ha de cumplirse y censuró que la resolución invoque la inviolabilidad parlamentaria.

Lluís Rabell (Sí que es Pot) insistió en el error de trasladar a la vía penal una cuestión que ha de resolver la política, mientras que Lluís Llach (Junts pel Sï) afirmó que el problema de los españoles “no es con Cataluña, sino con una democracia que los trata como súbditos”.

Mireia Boya (CUP) arremetió con dureza contra la política del PP y acabó recordando “los siete muertos y una persona en coma” a causa de la trama Gürtel.