Urge reformar la Ley del Suelo
El autor defiende que la nueva norma debe centrarse en la rehabilitación y la regeneración urbana
El pasado 24 de octubre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó -y analizó- un informe sobre el Borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid. No conocemos oficialmente el documento. No ha sido enviado a los grupos parlamentarios. Y, aunque todo apunta a una estratagema de distracción, de las muchas del Gobierno de Cristina Cifuentes, ante la inminente puesta en marcha en la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de una Ponencia que analice la actual Ley del Suelo y proponga medidas, los socialistas de Madrid tenemos opinión sobre este asunto tan importante.
Como reflexión general creemos que la nueva Ley del Suelo debe ser integral del territorio, incorporando al texto aspectos ambientales y territoriales, además de los propios del suelo. Debe ser, además, una ley breve, con principios básicos, más un único reglamento completo que integre los contenidos de planeamiento, gestión y disciplina, concentrando la gran cantidad de normas dispersas actuales en una única. Debe ser clara, evitando el carácter técnico de la actual ley, que solo está al alcance de los iniciados. Si queremos devolver el urbanismo a los ciudadanos, hay que simplificar términos, conceptos, procedimientos y reglas urbanísticas.
Y, sobre todo, la nueva Ley del Suelo debe centrarse en la rehabilitación y la regeneración urbana.
Resulta sorprendente que los responsables del Gobierno de Cifuentes prediquen una cosa y ofrezcan otra. El texto que conocemos extraoficialmente no incluye cambios que se han venido exigiendo por profesionales, operadores y ayuntamientos. Hasta la fecha, ni siquiera la discusión de un nuevo texto ha sido ofrecida a la totalidad de un sector que quiere normalizar las reglas del juego, unas reglas en cuestión por las más de 100 modificaciones ad hoc de la actual Ley del Suelo, llevadas a cabo a través de múltiples cambios legislativos.
El texto que conocemos pretende otorgar una amnistía urbanística generalizada al pretender normalizar los denominados asentamientos no regularizados, es decir, legitimar ilegalidades sin exigir las cesiones que tuvieron que hacer otros. Además, se prevén usos excesivos del suelo urbanizable protegido, legalizando de facto cualquier actividad, incluso las que están ilegalmente en zonas catalogadas de alto valor ambiental.
Es necesario que la Comunidad lidere el cambio de paradigma legislativo del urbanismo en nuestro país. El urbanismo del Gobierno del PP en Madrid no cumple con los fines públicos y finalistas que tiene encomendado. Ya es hora de reformular la esencia del urbanismo que debe mirar a la renovación urbana. Y hay que hacerlo con el máximo consenso de todos. Sólo así podremos hacer planificación territorial estratégica en nuestra región, que buena falta le hace.
