El juez investiga la filiación de Nadia y si hay dinero oculto

El juez del caso Nadia investiga ahora la filiación de Nadia Nerea, la niña de 11 años afectada por una enfermedad genética rara. El magistrado indaga si Fernando Blanco es su padre biológico y otras circunstancias relacionadas con el nacimiento de la pequeña. Para ello, ha pedido al registro civil de Palma de Mallorca “el certificado original donde consta el nacimiento de la pequeña” y, también, los informes del médico que asistió al nacimiento de Nadia. También indaga si Blanco y la madre, Marga Garau, mantienen patrimonio oculto.

Las sospechas sobre la paternidad, adelantadas por okdiario.com, se centran en Blanco y surgieron, presuntamente, el pasado viernes, durante su interrogatorio como investigado por estafa. El padre afirmó que Nadia era “como una hija” para él. El hombre, con antecedentes por este delito, permanece en prisión provisional desde entonces.

Marga Garau, la madre, está en libertad, pero el juez les ha suspendido a ambos la patria potestad. La niña está en Palma junto a su tía. Allí está también su madre, que tiene derecho a un régimen de visitas. El abogado de la familia, Alberto Martín, sostiene en cambio que hay “pruebas documentales” que avalan que Blanco y Garau son los padres biológicos de la pequeña.

La instrucción judicial sobre la supuesta estafa de los padres de Nadia a costa de la enfermedad de la pequeña avanza a gran velocidad. Los Mossos han acreditado ya que la familia gastó más de 600.000 euros destinados a ayudar a la niña en la compra de bienes para su uso y disfrute personal. Pero las dudas ahora van más allá: además del asunto de la paternidad, los investigadores quieren saber hasta qué punto la dolencia que sufre la pequeña (tricotiodistrofia), que ha sido diagnosticada por profesionales sanitarios, es de la gravedad que Blanco y Garau han manifestado públicamente.

El juez ha ordenado al médico forense del juzgado que, tras recibir el historial clínico de la niña, “informe sobre su estado de salud” de manera inmediata.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu d’Urgell, Ignacio Risueño, también ha pedido al centro escolar donde estudia la pequeña en Organyà (Lleida) un informe sobre sus faltas de asistencia a clase y ha citado a declarar, como testigos, a dos profesores del centro. Nadia disponía de una profesora de refuerzo contratada expresamente por el colegio para atenderla.

Desde el año 2008, los padres de Nadia han recaudado 918.000 euros en donaciones vehiculadas a través de dos cuentas bancarias que han sido inmovilizadas por el juez. Dos terceras partes de ese dinero han desaparecido ya, según han acreditado los Mossos d’Esquadra. Pero los padres no lo han destinado a tratamientos médicos o cuidados de Nadia, sino que lo han empleado para costear un alto nivel de vida.

Del análisis de los movimientos bancarios se desprende que el dinero se ha utilizado en compras en centros comerciales, viajes, hoteles, restaurantes y comercio electrónico. También, en pagar el alquiler de la casa familiar (9.000 euros al año) y en la compra de un coche (24.500 euros).

Localizar bienes

La cantidad recaudada a costa de la solidaridad con Nadia puede ser mucho mayor, ya que los padres organizaron numerosas actividades —torneos, rifas, venta de décimos de lotería— con las que lograron dinero en efectivo. El juez, en cualquier caso, sospecha que los padres de Nadia puedan estar ocultando aún parte del dinero ganado a costa de su hija. Por eso ha ordenado “la localización y gestión” de todos los bienes que estén a nombre de Blanco, Garau, de su hija y de la Asociación Nadia Nerea para la Tricotiodistrofia y Enfermedades Raras de Baleares.

En un auto, el juez habilita a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a recabar informes de la Agencia Tributaria, de las bases de datos notariales y del Sepblac, la institución de prevención de blanqueo de capitales del Gobierno.

La defensa de la familia está preparando el recurso contra dos de las decisiones que adoptó el juez el pasado viernes: el ingreso en prisión provisional sin fianza de Blanco en la cárcel de Ponent (Lleida) y la suspensión de la patria potestad de la pareja sobre la niña.