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Prisión provisional para el padre de Nadia por la estafa de las donaciones

El juez deja en libertad a la madre pero suspende la patria potestad sobre la menor

La madre de Nadia (dcha.) declara ante el juez en La Seu d'Urgell.

El juez que investiga la estafa del caso Nadia ha dictado prisión provisional sin fianza para Fernando Blanco, el padre de la menor. La madre, Marga Narau, ha quedado en libertad con cargos pero el magistrado ha suspendido la patria potestad sobre la niña y comunicará la situación a la Generalitat, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Mientras tanto una familiar se hará cargo de la niña.

Ni se pasaron de frenada ni exageraron, bienintencionadamente, la historia de sufrimiento de su hija. Los nuevos detalles del caso Nadia, difundidos este viernes por los Mossos d'Esquadra, revelan que los padres de Nadia Nerea cometieron una estafa de grandes proporciones a costa de la enfermedad de la menor, de 11 años. La policía ha constatado no solo que recaudaron 918.000 euros entre miles de personas solidarias (el triple de lo que habían reconocido públicamente), sino que la mayor parte de ese dinero no lo han destinado a tratamientos médicos para Nadia, sino a su disfrute personal.

Fernando Blanco y Marga Garau iniciaron en 2008 una campaña para recaudar fondos a favor de su hija Nadia, afectada por tricotiodistrofia, una enfermedad genética rara. Los padres se han gastado ya dos terceras partes del dinero (unos 600.000 euros). Pero no han empleado el dinero en abonar los carísimos tratamientos médicos que, según el padre, precisaba la niña —como una supuesta operación en Houston— sino en bienes para su uso y disfrute particular.

Los Mossos han analizado los movimientos de las cuentas bancarias, inmovilizadas desde el lunes por orden del juez de La Seu d'Urgell (Lleida) que investiga el caso y que este viernes les toma declaración como investigados por un delito de estafa. La Fiscalía ha pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza para Blanco por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El alquiler del domicilio familiar, en Fígols —un pueblito rústico del Pirineo catalán— cuesta 9.800 euros al año. Una cifra que asumía la fundación creada por el padre para recaudar fondos. Con ese dinero, donado solidariamente por cientos de personas en carreras populares, obras de teatro o rifas —y aumentado exponencialmente en las últimas semanas, a través de campañas en cadenas de televisión— la familia compró también un coche valorado en 24.500 euros.

La investigación ha sido trepidante. El miércoles, el juez ordenó registrar la casa de Fígols. No erró el tiro: la policía encontró 1.845 euros en efectivo, 32 relojes de alta gama (valorados en 50.000 euros), aparatos electrónicos de primera línea... y marihuana. El registro se produjo poco después de que, ese mismo día, los Mossos decidieran detener a Blanco, de 52 años. En el coche encontraron más dinero, más relojes, más móviles y otra sorpresa: una pistola de fogueo y cartuchos para rifle. Blanco pasó 42 horas en comisaría y el jueves pasó a disposición del juez como investigado por un delito de estafa.

En una amplia nota sobre el caso Nadia —hecha pública justo cuando ha acabado la declaración de Blanco ante el juez— los Mossos han explicado por qué le detuvieron: el hombre había escapado de un control policial en la vecina comarca de la Cerdanya activado, precisamente, ante el temor de que abandonara el país. Ese día estaba previsto que acudiera a un programa de televisión para dar explicaciones. No apareció.

El juez y la fiscalía han preguntado a Blanco por los saldos que aún mantiene en las cuentas (319.676 euros, según los Mossos) y por los reintegros y gastos ajenos a los tratamientos médicos. Los investigadores han descubierto, además, que pediatras del Alt Urgell contactaron con un centro de Barcelona donde se tratan enfermedades como la que sufre Nadia. El padre se opuso y alegó que el tratamiento lo llevaban desde Mallorca y Houston. El pediatra de cabecera de la niña también había intentado, sin éxito, obtener sus informes médicos.

Antes de la declaración de sus clientes, y en un programa de televisión, el abogado de la familia, Alberto Martín, les había defendido: “Cualquier exageración o matiz no puede llevar a decir que esto es un absoluto montaje para sacar dinero”. “Los hechos esenciales”, insistió el abogado, “son ciertos; la niña padece lo que padece, la situación personal, humana, familiar y económica se ha descrito realmente”.

La madre, de 44 años, también fue detenida el miércoles. Pero los Mossos la dejaron en libertad por la noche, entre otras cosas, para que pudiera hacerse cargo de Nadia, con la que permaneció todo el jueves encerrada en casa. Esta mañana ha acudido por su propio pie a declarar como investigada por un delito de estafa a los juzgados de La Seu, inaugurados el 17 de octubre de 2003 por el entonces alcalde, el republicano Jordi Ausàs, que más tarde volvería allí por su implicación en una trama de contrabando de tabaco. “¡Mentirosa!”, le ha gritado una vecina al entrar.

Las investigaciones periodísticas pusieron en primer lugar en entredicho la realidad de los tratamientos y especialistas anunciados a bombo y platillo por el padre. Y llevaron al titular del juzgado de instrucción número 1 de La Seu, Ignacio Risueño, a abrir la investigación para averiguar si se había cometido una estafa que, según la policía, afecta a “un número muy elevado de personas” que solo querían ayudar a una niña enferma.

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