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Los Mossos detienen a los padres de la niña Nadia por estafa

El juez ordena la retirada del pasaporte de la menor, de 11 años

Fernando Blanco y su hija Nadia. EPV

El caso de Nadia Nerea ha vivido este miércoles un nuevo capítulo. Los Mossos d’Esquadra han detenido a los padres de la niña, Fernando Blanco y Marga Garau, acusados de un delito de estafa relacionada con las donaciones que ha recibido la familia para el tratamiento de la menor, de 11 años y afectada por tricotiodistrofia, una de las llamadas enfermedades raras. La policía autonómica tampoco había podido hasta ahora localizar al padre de la menor para entregarle los requerimientos del juez, que había pedido la documentación médica de Nadia. Está previsto que Blanco y Garau pasen a disposición judicial en los próximos días, según fuentes policiales. La menor se encuentra con personas del entorno de la familia.

Ni rueda de prensa ni abrir a los Mossos

El padre de Nadia, Fernando Blanco, se había comprometido públicamente a dar explicaciones ayer sobre la presunta estafa de la colecta de fondos para su hija enferma. Sin embargo, no llegó a convocar la rueda de prensa y tampoco apareció en el programa de Antena 3 que le esperaba para que hablara en directo en el plató. En su lugar, entró por teléfono la madre de la niña, que sigue manteniendo que el único error que han cometido es exagerar el relato.

A última hora de la mañana dos agentes de los Mossos se presentaron en su casa de Fígols i Alinyà (Lleida), frente a la cual estaba aparcado uno de los coches de la familia. Llamaron a la puerta principal y a las secundarias, dando la vuelta a toda la casa, para acabar volviendo por el mismo camino sin resultado. O la familia ya se había ido o se negaba a abrir la puerta a la policía. Unas horas antes el juez había reclamado el pasaporte de la niña.

Vecinos del pueblo relataron a EL PAÍS que los padres de Nadia viven de alquiler en una de las mejores casas de la localidad, de poco más de 200 habitantes. “Nunca entendí que, si necesitaban todo el dinero para la niña, se instalaran en un chalé de alta gama que puede costar más de 800 euros al mes y no en un piso de 250 o 300 euros de los que hay disponibles”, afirmó uno de ellos, que pidió anonimato. Este vecino relató también, en conversación telefónica, que otra de las cosas que sorprendían en el pueblo era el trasiego de distintos coches, algunos “bastante caros”, durante los apenas tres años que llevan viviendo allí los padres de Nadia.

Las detenciones se produjeron este miércoles por la tarde en la localidad de La Seu d’Urgell (Lleida). Los Mossos detuvieron en un primer momento a Blanco, y unas horas después a Garau, acusados del mismo delito. Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación el sábado, después de que trascendiese en el municipio los diversos artículos, entre ellos el de este diario, que destaparon que buena parte de su historia sobre los métodos de curación de su hija eran falsos. Luego judicializaron el caso, que asumió el titular del juzgado de instrucción 1 de La Seu. El consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, confirmó la detención inicial del padre. “Está en estos momentos en comisaría por un presunto delito de estafa y pasará a disposición judicial”, afirmó Jané.

El consejero dijo que los Mossos actuaron como “policía judicial”, es decir, a las órdenes del juez. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sin embargo, matizó que el magistrado no había dado la orden de detener a Blanco y a Garau, y que en todo caso se trata de una “detención policial”.

El juez, sin embargo, sí que ha hecho varios requerimientos. Una de esas peticiones fue enviada el pasado lunes, el mismo día en que se abrieron las diligencias de investigación en el juzgado: el magistrado exigió que se le enviaran los documentos médicos relacionados con la menor para que fueran contrastados por un forense. Este miércoles insistió en ello porque los padres de Nadia no habían atendido la demanda.

Fernando Blanco, con un relato en buena medida falso sobre los métodos de curación de Nadia Nerea, recaudó en solo una semana 150.000 euros a través de diversos medios de comunicación. La cifra global asciende a unos 300.000 euros, según la versión de la familia. Tanto el juez como los Mossos pretenden averiguar si existe una estafa tras esas campañas y si el dinero recaudado se ha destinado, efectivamente, a tratar la enfermedad de Nadia.

El juez pretende comprobar tanto la realidad de la enfermedad de la niña como la gestión hecha con los fondos. Como medida preventiva, el pasado lunes acordó inmovilizar las cuentas de los padres de Nadia, de manera que no pueden utilizar el dinero sin permiso. Ahora ha dado un paso más y ordenó que se le entregue el pasaporte de Nadia. De esa forma, los padres no podrán llevársela al extranjero sin permiso.

La tutela de la menor

Tras destaparse el escándalo, el padre de la menor no ha dado señales de vida, únicamente el lunes intervino por teléfono en el programa de Antena 3 Espejo Público, en el que admitió que parte de su historia no era cierta y había sido exagerada. Este miércoles estaba prevista su aparición de nuevo en televisión (anunció una rueda de prensa que jamás llevó a cabo), pero finalmente fue la madre quien habló, también en conversación telefónica. Marga Garau aseguró que no han estafado a nadie con las donaciones y que han intentado devolver el dinero recaudado. “El único fallo que ha cometido Fernando ha sido exagerar la historia e ir a curanderos”, afirmó.

Según agregó el TSJC, el juez también pidió a la fiscalía que se pronunciase sobre si ve oportuno pedir que se adopten “medidas civiles” en relación con la tutela de la menor. Esas medidas son amplias e incluyen otros aspectos como manutención, residencia, comunicación, tratamientos médicos o educación. La fiscalía de Lleida tardó apenas unas horas en contestar al requerimiento del juez. “En la situación actual no apreciamos riesgo para la menor, pero estamos vigilantes”, aseguró el fiscal jefe de Lleida, Juan Bonet, quien informó también de que la pequeña no está acudiendo estos días al colegio, en el pueblo de Organyà.

La Generalitat, por su parte, dice que está haciendo “seguimiento” del ámbito familiar de la niña.

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