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ANÁLISIS

Sin bolsa no hay vida

Huérfanos de marco político claro hay que buscar pistas técnicas para identificar salidas equitativas y eficaces para la cuestión catalana

Para encauzar la cuestión catalana es imprescindible —aunque no suficiente— resolver la infrafinanciación de la Generalitat. Pactar. El Gobierno lleva dos años violando su deber de actualizar el sistema de financiación autonómica, Y más de cuatro tratando a Cataluña como frío objeto de reglamento. Concreta poco lo que hará ahora.

Pero busca aproximarse. Sustituyó a su delegada posfalangista en Cataluña por el democristiano Enric Millo. Es el autor (12/1/2013) de una despreciada y apreciable propuesta de resolución al Parlament para mejorar los recursos de la Generalitat.

Tampoco el equipo del president Carles Puigdemont detalla sus objetivos de caja: salvo la genérica pretensión de independencia, que las obviaría. Sus papeles oficiales siguen hablando, aunque en sordina, de la “asfixia”, del gran déficit fiscal catalán (recursos aportados menos los recibidos), que calcula en 14.623 millones. Pero concentra su reivindicación inmediata en aumentar sus recursos fiscales en “al menos 2.600 millones de euros” anuales, dijo al Círculo de Economía el 26 de mayo.

Así que, huérfanos de marco político claro, busquemos pistas técnicas para identificar salidas equitativas y eficaces. Aprovechando la actual ventana de oportunidad del estreno del Gobierno, el plazo hasta las sentencias a dirigentes soberanistas y un alivio temporal de los aprietos financieros.

El alivio se debe a la mejora del ciclo económico (ergo, más recaudación de impuestos propios y cedidos); a los frutos retrasados de la reforma de 2009; y a la prórroga del presupuesto, que acotó el gasto de este año. Quizá la Generalitat cumpla ahora por vez primera su (estrecho) techo de déficit, y podrá elevar a fijos a 7.000 interinos en 2017, amén de lanzar un programa limitado de rescate social.

Hay tres ámbitos de tanta penuria que cualquier mejora inmediata —ya bilateral, ya multilateral—luciría, regates políticos aparte. Uno sería alcanzar la suficiencia de ingresos y la autonomía en su manejo. Quiza partiendo de la cesión del 100% de un impuesto potente, el IRPF.

Otro es observar el principio de ordinalidad, de manera que a Cataluña —o a Madrid, o Baleares— no le perjudique su alta solidaridad. Hoy es la tercera contribuyente, pero —tras la nivelación solidaria— la décima autonomía en la lista de receptores de recursos per cápita.

La ordinalidad consiste en no invertir las posiciones de contribuyente y receptor. Fue bendecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatut (28/6/2010), al rechazar ”el resultado de la peor condición relativa de quien contribuye respecto de quien se beneficia de una contribución” (fundamento 134).

El tercer pilar es ampliar la ínfima inversión pública estatal, siempre —siempre es siempre— muy inferior al 18,5% del peso del PIB catalán en el español. Un dato: de 2011 a 2015 la inversión presupuestada global bajó un 36,6%, por un 57,9% en Cataluña. Y la ejecutada fue aún mucho peor.

Hay margen para hacer cosas. Para, al menos, dar bolsa —y vida— a la vida.