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Las eléctricas recurren la instrucción de Colau para multarlas

El Ayuntamiento de Barcelona solo había interpuesto hasta el momento una sanción

Alfonso L. Congostrina
Imagen de archivo de una manifestación contra la pobreza energética en Barcelona.
Imagen de archivo de una manifestación contra la pobreza energética en Barcelona.M.Minocri

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), la patronal de las eléctricas, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la instrucción del Ayuntamiento de Barcelona que permite sancionar a las compañías suministradoras cuando no afronten, según estipulaba el Consistorio, la emergencia en el ámbito de la pobreza energética.

El pasado 22 de noviembre el Ayuntamiento de Barcelona anunciaba haber abierto 32 expedientes sancionadores a Gas Natural y Endesa por no informar correctamente a los usuarios de sus derechos antes de cortarles los suministros. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, aseguraba que se estaban investigando al menos 2.000 casos e interpuesto una multa de 7.000 euros a Endesa por no avisar a un usuario que podía acudir a los servicios sociales antes de proceder al corte de luz.

Las sanciones fueron interpuestas en virtud de una instrucción aprobada a finales de junio por el equipo de gobierno. La instrucción, que pretendía desplegar la ley 24/2015 del Parlament de Catalunya contra la pobreza energética, obligaba a las empresas a informar a sus clientes sobre las tarifas sociales y los mecanismos de mediación y arbitraje a los que podían acceder antes de cortarles el suministro.

En la instrucción se obligaba a las eléctricas a seguir un protocolo donde mensualmente informaran al Consistorio de los casos de impago para que los servicios sociales pudieran actuar. También debían solicitar un informe a los servicios sociales antes de cortar el suministro y el consistorio solicitaba la promoción de descuentos y tarifas sociales e imponía multas coercitivas.

Las medidas sancionadoras ya se habían impuesto y Endesa ha sido castigada con una multa de 7.000 euros. Esta mañana, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona han recibido el recurso presentado por UNESA, la patronal de las eléctricas, para dejar sin efecto esta instrucción que impone sanciones económicas.

Laia Ortiz ha asegurado que “este recurso es una falta de respeto a la ciudadanía y al Parlament de Cataluña que impulsó una ley de pobreza energética para proteger el derecho fundamental a los suministros básicos de las personas”. La teniente de alcalde ha insistido en la necesidad de “hacernos más fuertes que nunca en la defensa de la ley y de nuestra instrucción e ir juntos municipios, ciudadanía y Generalitat”, ha concluido.

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Por su parte, un portavoz de UNESA ha manifestado a EFE que el “motivo del recurso es que la instrucción se basa en la legislación autonómica catalana sobre clientes vulnerables cuando la doctrina del Constitucional establecida en recientes sentencias dice que las comunidades autónomas no tienen las competencias para regular en estos casos, sino el Estado”.

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