El nuevo edificio de los juzgados de Navalcarnero lleva 10 años abandonado
Las obras se adjudicaron en 2006 por 5,3 millones y la empresa entró en concurso de acreedores año siguiente
En 2006 la Comunidad de Madrid adjudicó las obras de lo que iba a ser la nueva sede de los juzgados de Navalcarnero por 5,3 millones de euros. La empresa se declaró en concurso de acreedores un año después y dejó tras de sí el esqueleto del edificio. Aunque el Gobierno regional recuperó el inmueble en 2010, todavía continúa abandonado. El año pasado se presupuestaron 500.000 euros para su recuperación, pero se han gastado en pagar una sentencia judicial.
Nadie sabe muy bien qué se podrá aprovechar de la estructura abandonada desde hace diez años del que en 2006 iba a ser el nuevo edificio judicial de Navalcarnero. Tampoco la Comunidad de Madrid, propietaria de la parcela y del esqueleto del inmueble.
El objetivo era mejorar las sedes judiciales de Navalcarnero, que cuenta con seis juzgados, distribuidos en tres edificios, que carecen de las condiciones adecuadas, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Este partido judicial comprende 22 pueblos del suroeste de la región.
El Gobierno regional destinó 500.000 euros en los presupuestos generales de 2016 para iniciar la reactivación de la construcción de Navalcarnero. Con el importe se pensaba realizar un peritaje de la edificación existente, “necesario dado el tiempo transcurrido desde la paralización de la obra”, además de revisar el proyecto de terminación y, en su caso, licitar los trabajos para terminar el edificio. Antes de la paralización del inmueble, se había completado su estructura, el saneamiento y un 30% de la tabiquería.
Buenas intenciones que no llegaron a cristalizar, porque los fondos se destinaron a cuestiones que no se podían dilatar. La mayor parte de la partida, 400.000 euros, “han tenido que ser empleados, ineludiblemente, en un gasto sobrevenido y de obligado cumplimiento como es el abono de una sentencia judicial firme, relativa a encargos de servicios de limpieza en sedes judiciales en el periodo 2012-2013”, contesta la Consejería de Presidencia a EL PAÍS por escrito. El resto de la partida no ejecutada (100.000 euros) correspondiente a Construcción de Edificios se ha empleado en la financiación de otras inversiones necesarias en las diversas sedes judiciales de la región. La Consejería no especifica cuáles.
Juan José Carral, presidente de CSIF de Justicia de Madrid explica que “es un edificio muy necesario, porque las sedes de Navalcarnero son completamente insuficientes, con instalaciones obsoletas y sin espacio”. El sindicato envió el 16 de noviembre pasado una misiva a Cristina Cifuentes en la que manifestaban su preocupación por la situación de la Administración de Justicia en la región, que “se encuentra al borde del colapso”, debido a la falta de medios y al “lamentable estado de muchas de las infraestructuras judiciales”. Piden a la presidenta un incremento de las partidas presupuestarias para el año próximo.
Sin presupuesto por pagar una sentencia
Fecha de inicio: Las obras se adjudicaron en 2006 a la empresa Mazotti por 5,3 millones de euros.
Abandono de los trabajos: La empresa se declara en concurso de acreedores al año siguiente y abandona sin finalizar la sede judicial.
Resolución contrato: En julio de 2010 la Comunidad de Madrid recibe la parcela y el inmueble, pero no reactiva la construcción.
Inyección económica: Los presupuestos generales de 2016 preveían un gasto de 500.000 euros en el edificio, pero 400.000 se han destinado al pago de una sentencia.
Sobre la firma
