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Caza sin control en L’Albufera de Valencia

48.412 patos y ejemplares de 25 especies protegidas son abatidos en un humedal vital para las aves migratorias

José Baldoví, presidente del Club de Cazadores de Sueca, en el parque natural de L'Albufera. Ampliar foto
José Baldoví, presidente del Club de Cazadores de Sueca, en el parque natural de L'Albufera.

En seis años se han cazado oficialmente 48.412 patos en L’Albufera de Valencia. Pero las estadísticas oficiales, basadas en los datos que proporcionan los cazadores, no son fiables. “Hay unos cupos. Pero como no existe un control por parte del Gobierno valenciano, es imposible saber cuántos patos se cazan realmente al año”, lamenta un portavoz de la fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.

El organismo está muy preocupado porque, además de los patos, desde 2010 han sido abatidas en L’Albufera aves de 25 especies protegidas. Algunas imposibles de confundir con un pato, como el flamenco común. Y otras en peligro de extinción, como el avetoro.

El número de aves protegidas tiroteadas no ha dejado de crecer desde 2012. Tanto los cazadores como la Consejería de Medio Ambiente, controlada por Compromís, una coalición que incluye a los ecologistas, aseguran ser conscientes del problema y tener voluntad de “extremar la vigilancia”. Pero el director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat valenciana, Antoni Marzo, admite al mismo tiempo la dificultad de controlar la caza en un parque natural “repleto de accesos y caminos por su condición de zona arrocera”. Y rodeado de núcleos muy poblados: una parte del parque natural se halla dentro del término municipal de Valencia.

Con una superficie de 21.200 hectáreas, L’Albufera es uno de los humedales más importantes de Europa. Representa una escala estratégica en la migración de aves entre África y Europa. Y, en invierno, es un refugio para las que huyen de los lagos de superficies heladas del norte de Europa, explica Mario Giménez, delegado de la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Bird Life) en Valencia. La caza de patos en el parque está permitida entre octubre y enero.

Giménez y la fiscalía de Medio Ambiente consideran que lo más alarmante es la falta de información realista sobre la caza en un espacio que tiene el mismo rango legal de protección que un parque nacional.

Las últimas estadísticas disponibles dicen que entre 2009 y 2014 se cazaron 48.412 patos. Pero la cifra fue muy superior. Las tablas se basan en las capturas declaradas por los cazadores. Y en 2011 y 2012 aparecen vacías, a pesar de que la prensa local publicó en ese periodo fotos de cazadores posando con largas filas de patos abatidos.

La estimación de aves protegidas alcanzadas también es muy aproximada. Se basa en los pájaros heridos por perdigones que fueron detectados por agentes medioambientales o excursionistas y llevados al Centro de Recuperación de Fauna de El Saler. En total, 86 aves pertenecientes a 25 especies entre 2010 y 2015. Aquellas que se hundieron en el lago o no fueron vistas por otro motivo, escapan a la estadística.

“Somos los primeros perjudicados por esta práctica y luchamos contra ella. Pero como en todos los colectivos siempre hay desaprensivos”, afirma José Badía, presidente del Club de Cazadores de Sueca. Badía añade que los tendidos eléctricos, los gatos asilvestrados y las zanjas de obra causan un mayor número de muertes entre las aves no cinegéticas en el parque natural. “Los cazadores, somos los que ponemos rampas de paso para que crucen. Y somos los más interesados en que las normas se cumplan, porque de lo contrario lo acaban pagando los cotos”.

El Club de Cazadores de Sueca organiza charlas para “concienciar” a sus socios sobre la situación de las especies amenazadas, asegura Badía. Y para recordar la prohibición de utilizar perdigones de plomo. Esta munición, vetada en los humedales desde 2007 por la grave contaminación que provoca, ha sido hallada en el 70% de las aves no cinegéticas trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna de El Saler en los últimos seis años.

La ley contempla penas de hasta dos años de cárcel por cazar aves protegidas. El portavoz de la fiscalía de Medioambiente de Valencia no oculta su frustración por el hecho de que, a pesar de la mortandad creciente, no se ha abierto ningún procedimiento, lo que atribuye a la falta de control. Si no se identifica a un presunto autor, señala, la justicia no puede actuar.

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