_
_
_
_
_

El Parlament pide investigar a la empresa que desaloja viviendas ocupadas

La Cámara insta a la Generalitat a llevar a cabo "todas las acciones necesarias" para averiguar la legalidad de Desokupa

Carlos Garfella
Varios empleados de 'Desokupa' tras un intento de desalojo en el Raval.
Varios empleados de 'Desokupa' tras un intento de desalojo en el Raval.

A raíz del centenar de desalojos extrajudiciales que la empresa Desokupa ha llevado a cabo durante los últimos meses en viviendas ocupadas de Cataluña, el Parlamento aprobó ayer por unanimidad una resolución que insta al Gobierno catalán a investigar su legalidad. La resolución, propuesta por el PSC, también insta al Ejecutivo a llevar a cabo todas "las actuaciones necesarias" para averiguar si la empresa ha lesionado derechos y si tiene vínculos con la extrema derecha.

Más información
Querella contra la empresa que se dedica a desalojar viviendas okupadas
Desalojos al límite de la ley

El diputado del PSC Carles Castillo ha recordado en la comisión de Interior del Parlament que diversas organizaciones sociales y asociaciones vecinales han alarmado sobre las prácticas de dicha empresa, contratada por particulares e inversores para desalojar a personas que ocupan ilegalmente sus propiedades. La empresa asegura que no trabaja con viviendas de alquiler y sobre las que recaigan ordenes de desahucio, sino que sus acciones se centran únicamente en viviendas que hayan sido ocupadas a la fuerza. 

La polémica con esta empresa surgió el pasado 26 de agosto, cuando un grupo de vecinos impidieron que cinco trabajadores de la empresa desalojaran sin orden judicial a un grupo de okupas, entre ellos una familia con dos niños de tres y ochos años, en la calle de la Cera de Barcelona. A raíz de este intento de desalojo, el Ayuntamiento de Barcelona anunció que iba a abrir una investigación sobre las acciones de dicha empresa.

El Observatorio de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) interpuso una querella en septiembre contra la empresa por allanamiento de morada, coacciones y amenazas a raíz de un desalojo llevado a cabo el pasado 14 de abril en Gràcia. En misma semana la empresa recibió otra denuncia de una vecina del Pacs del Penedés, a la que intentaron desalojar de la vivienda que ocupaba.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Carlos Garfella
Es redactor de la delegación de Barcelona desde 2016. Cubre temas ambientales, con un especial interés en el Mediterráneo y los Pirineos. Es graduado en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares, Máster en Periodismo de EL PAÍS y actualmente cursa la carrera de Filosofía por la UNED. Ha colaborado para otros medios como IB3 y Ctxt.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_