El portavoz del PP pide 100.000 euros a la diputada que le denunció por acoso

Hace dos semanas la diputada Elena González-Moñux, entonces portavoz adjunta del grupo popular en la Asamblea, relató a EL PAÍS el presunto acoso laboral al que estaba sometida, “con insultos incluidos”, por parte de su superior jerárquico, Enrique Ossorio, que ocupa el cargo de portavoz. El PP cerró filas desde el primer momento en torno a Ossorio, que negó de forma tajante las acusaciones vertidas por su compañera, y anunció medidas legales, que se iniciaron ayer con la presentación de un acto de conciliación, que precede a la denuncia.

El documento, dirigido a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, indica respecto a las “graves expresiones calumniosas y atentatorias contra el honor”, que se vertieron con “temerario desprecio a la verdad y tergiversando deliberadamente la realidad”. El acto de conciliación pide la rectificación y retractación de la diputada.

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La “gravedad” del daño ocasionado se ha visto incrementada por la “deliberada y absolutamente planificada actuación de la señora González-Moñux”, añade el escrito. El abogado de Ossorio se basa para realizar tales afirmaciones en que “sus falsas acusaciones” se difundieron a través de los principales medios de comunicación nacionales, tanto en edición en papel como digital. Incluso, “ocuparon la portada y las páginas interiores de EL PAÍS, diario de mayor difusión nacional”. La noticia apareció a continuación en otros medios. El escrito incluye el archivo de audio de la cadena SER donde González-Moñux “describe los inciertos insultos y actos de hostigamiento” que Ossorio habría cometido.

En opinión de los abogados del portavoz popular, “resulta evidente” que esta forma de actuar lo único que persigue es la de “atentar contra el buen nombre y reputación” de su mandante. Describen como “muy ilustrativo” que “ni uno solo de los diputados o miembros del grupo parlamentario popular haya secundado o apoyado las manifestaciones de González-Moñux”.

“Gravísimo daño moral”

La actuación estuvo “perfectamente planificada” con una “amplia difusión mediática de sus falsas acusaciones”, se puntualiza. Debido a lo cual se ha causado un “gravísimo e irreparable daño moral, personal y reputacional de difícil valoración”. Aún así, y teniendo en cuenta que no se persigue ningún lucro con esta acción, los letrados lo cuantifican en 100.000 euros. Ossorio solo pretende “salvaguardar su honor”, por lo que la cantidad sería destinada a varios comedores sociales de la Comunidad.

La diputada aseguró que llevaba “meses” denunciando ante sus jefes del Gobierno regional la situación que le ha conducido a una “depresión mayor”, según describe un informe del psicólogo que la trata desde el mes de agosto. La parlamentaria también relató distintos episodios con Ossorio que han acabado conduciéndola a la depresión. González-Moñux se encuentra de baja desde el pasado 10 de octubre y solo ha acudido a la Asamblea una vez desde entonces para participar en las votaciones de la sesión plenaria.

La parlamentaria, que aseguró haber ido “muchos días al trabajo con miedo”, no entiende cómo se puede encontrar en una situación semejante “con veintitantos años de servicio público en el partido”. También aseguró que Ossorio le dijo que [OSSORIO]“era tonta, y que no sabía hacer nada…”. En su relato, la diputada se detuvo en el pasado 14 de octubre, cuando asegura que Ossorio la “echó del despacho, con muy malos modos” mientras hablaban la llamada Ley de Sacrificio Cero.

González-Moñux fue viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas en la anterior legislatura con Esperanza Aguirre e Ignacio González.[/OSSORIO] El pasado jueves fue destituida por el grupo parlamentario de su puesto como portavoz adjunta.