La juez da 15 días a los okupas de la Rimaia para abandonar el edificio

La juez que investiga la denuncia por usurpación del edificio La Rimaia de Barcelona ha dado quince días de plazo a sus ocupantes para que abandonen voluntariamente el inmueble, después de tomar declaración como investigados a tres de ellos, que han presentado recurso contra la orden de desalojo.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona mantiene la orden de desalojo, mientras espera que la Fiscalía se pronuncie sobre el recurso contra la misma.

El desalojo del edificio de la ronda Sant Pau de Barcelona con viviendas de lujo que nunca han sido compradas ni alquiladas, fue ordenado el 11 de julio y los Mossos d'Esquadra tenían previsto ejecutarlo el 25 de octubre, aunque acabó suspendiéndolo por "razones de orden público". Paralelamente, el Ayuntamiento de Barcelona y la CUP pidieron la suspensión del desalojo, porque allí residen varias familias vulnerables, algunas con hijos menores.

La orden de desalojo que dictó el pasado abril sigue en vigor -los Mossos d'Esquadra podrían ejecutarla cuando acabe el plazo otorgado-, aunque la juez está a la espera que se resuelva el recurso que presentó la defensa de los investigados contra el desahucio. La Fiscalía, que no se ha pronunciado todavía, se mostró favorable a la suspensión de forma "circunstancial" al desalojo, aunque no a que este quedara sin efecto.

Aunque no es parte en el proceso judicial abierto por la ocupación del inmueble, el Ayuntamiento de Barcelona pidió al juez que suspendiera el desalojo, en el marco de los protocolos firmados con el TSJC para garantizar una respuesta coordinada de las administraciones en caso de desahucios de familias vulnerables. Paralelamente, el Consistorio ha abierto un expediente al propietario del edificio La Rimaia para "mantener el edificio vacío sin justificación durante décadas", desde 1993.

Según el expediente, el propietario habría incumplido la función social del inmueble prevista en el artículo 41 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña, aprobada en 2007, al haber rechazado de forma reiterada las medidas de fomento para destinar estos pisos al alquiler, por lo cual el Consistorio le puede imponer una sanción de entre 25.000 y 500.000 euros.