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Madrid someterá parte de sus ordenanzas a consulta ciudadana antes de aprobarlas

El Ayuntamiento de la capital pone en marcha votaciones en Internet para “medir” el apoyo de los ciudadanos sobre algunas normas

El edil Pablo Soto, en el pleno municipal de Madrid.
El edil Pablo Soto, en el pleno municipal de Madrid.Claudio Alvarez

El Ayuntamiento ha decidido avanzar en su apuesta por la participación ciudadana con un mecanismo de consultas previas a la aprobación de las ordenanzas municipales. Las nuevas normativas de todas las materias, excepto las de ámbito económico, fiscal, urbanístico y organizativo, podrán votarse y comentarse a partir del próximo lunes en el portal de Madrid Decide. El delegado del Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, responsable de la propuesta, califica la iniciativa de "pionera".

El proyecto con el que el Ayuntamiento, liderado por Manuela Carmena (Ahora Madrid), pretende consagrar su idea de gobierno abierto obliga a consultar previamente con los ciudadanos las ordenanzas que se presentarán a partir del lunes. Según el acuerdo de gobierno firmado el jueves, al que tuvo acceso EL PAÍS, los madrileños empadronados en la capital y mayores de 16 años podrán expresar su opinión sobre las futuras normativas municipales. El voto no tendrá carácter jurídico vinculante, pero sí valor político para el gobierno municipal, según explican los promotores de la iniciativa.

El mecanismo elaborado por Pablo Soto junto a la gerente de la ciudad, Carmen Román, prevé que la web de Madrid Decide (la misma donde es posible votar los 70 proyectos para la reforma de la Plaza de España) recoja los comentarios de los madrileños sobre las futuras ordenanzas.

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Durante 15 días los ciudadanos podrán expresar su opinión sobre la "oportunidad" de las normas. Asimismo, podrán proponer alternativas y apoyar o criticar las propuestas depositadas por otros madrileños. El equipo de gobierno podrá recoger las que logren más respaldo o recular en su plan si detecta un grado elevado de rechazo.

Si decide seguir adelante, el texto llegará a la junta de gobierno, para luego volver a la web de Madrid Decide, donde, en un plazo de un mes, los madrileños podrán hacer alegaciones, que se votarán a través de un mecanismo semejante al anterior. "Antes también podían presentarse alegaciones, pero de esta forma tendremos un instrumento para medir las que tienen más apoyo en la sociedad civil", explica Soto.

El área de gobierno responsable de la ordenanza decidirá las propuestas que asume. No obstante, Soto señala el peso político que tendrán los comentarios: "No tienen una vinculación legal, pero sí política. Nosotros, como gobierno, nos comprometemos a estar vinculados a las opciones mayoritarias que apoye la ciudadanía". En una memoria se detallarán las razones que han implicado la aceptación de una alegación o su rechazo. Y, finalmente, la ordenanza volverá a su curso actual: irá a las comisiones municipales y al pleno para su ratificación.

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Una semana para votar los proyectos de la plaza de España

El próximo viernes acaba el plazo para votar los proyectos para reformar la plaza de España. El Consistorio preseleccionó 70 ideas, que, tras pasar por la valoración de un jurado y el parecer ciudadano, llegarán a la votación final en Madrid Decide.

Desde este sábado, los madrileños tienen a su disposición en la misma plaza de España a siete personas encargadas de explicarles cómo pueden votar online. Irán con tabletas, para que los ciudadanos puedan votar en ese mismo lugar.

Todas las futuras ordenanzas pasarán por esta ágora virtual, excepto las iniciativas para aprobar normas presupuestarias, organizativas, ordenanzas fiscales e instrumentos de planeamiento urbanístico. En el caso de las normas presupuestarias y del ámbito de urbanismo, Soto subraya que no se incluyeron porque ya tienen "mecanismos propios" de participación.

En definitiva, ¿todos los impuestos municipales escaparán a las consultas? "Es la junta de gobierno la que establece las modificaciones para que las consultasse apliquen a algunas tasas. En todos los demás casos, el proceso es obligatorio", contesta Soto. "Tiene sentido que los impuestos y las tasas tengan unos elementos fundamentales, que son costear lo que se quiere tener", explica en referencia a los servicios públicos.

El texto de la propuesta, sin embargo, también específica: "Podrá prescindirse del trámite de consulta pública (...) cuando concurran razones graves de interés público que así lo justifiquen" y "cuando la iniciativa normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia".

Soto subraya el valor "pionero" de la iniciativa. "Esto rompe con una desafortunada tradición en España, en la que se funcionaba por globos sondas. En temas importantes, los Gobiernos sacaban un texto, y lo primero que sabía la sociedad civil era que se ha aprobado un proyecto de ley, y lo que tenía que hacer para cambiarlo era echarse a la calle. Esto rompe con esa tradición, porque la gente puede posicionarse antes de que la ley se escriba".

Un paso hacia un modelo de democracia directa

La votación telemática de una ordenanza municipal se incluye en la política de fortalecimiento de la participación ciudadana a la que se ha comprometido el gobierno de Ahora Madrid. La alcaldesa, Manuela Carmena, consideró el pasado jueves, en el ciclo Sociedad civil y cambio global, organizado por la Universidad Autónoma y EL PAÍS, que su política pretende "gestionar y cuidar", ampliando las consultas ciudadanas. "El mundo de la democracia representativa se está acabando", explicó. El nuevo mecanismo aprobado el jueves busca, además de asegurar la privacidad de los participantes en la votación, la transparencia.

Todas las ordenanzas municipales sometidas a consulta figurarán en un "lugar visible" de la web de Madrid Decide. La plataforma permitirá encontrar las propuestas normativas tecleando su nombre o una referencia en un buscador. Se accederá así a todos los proyectos, "con la finalidad de que el órgano competente sobre la materia (...) pueda conocer el nivel de respaldo con el que cuentan", dice el texto del acuerdo.

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