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Las entidades piden a Junqueras más impuestos contra la pobreza

La mesa de seguimiento del pleno contra la emergencia social pide más claridad para fiscalizar las medidas

Manifestación a favor de la renta garantizada frente al Parlament.
Manifestación a favor de la renta garantizada frente al Parlament.

Las entidades, sindicatos y grupos políticos unieron ayer sus voces, durante la mesa de seguimiento del pleno contra la pobreza, para insistir en un aumento en los impuestos de tramo autonómico. Los asistentes a la reunión le afearon al vicepresidente Oriol Junqueras que no especificara cuánto dinero de los Presupuestos dedicará para pagar los programas de urgencia social aprobados en el Parlament. “Necesitamos información más precisa para evaluar el avance de los acuerdos”, pidió Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector.

El tono de las entidades y los sindicatos fue más duro que el de la primera reunión, en la que se había dado cierto margen de maniobra al Ejecutivo catalán para aplicar las medidas pactadas en marzo. “No ha habido suficiente determinación por parte de la Generalitat, ni en el terreno económico ni en el terreno de la iniciativa legislativa”, criticó ayer Joan Carles Gallego, secretario general de CC OO de Cataluña.

La Generalitat asegura que más del 75% de las 273 medidas pactadas en el Parlament ya están en marcha, si bien recuerda que el 30% están condicionadas a un incremento presupuestario. Desde la Mesa del Tercer Sector también se instó a los partidos a llegar a un pacto para sacar adelante los Presupuestos, prorrogados en 2016. “Es de vital necesidad llegar a un acuerdo”, insistió Illa.

La mayoría de los participantes en la reunión, sin embargo, expresaron su frustración porque Junqueras no especificó cuánto dinero dedicará de los próximos Presupuestos para sufragar las medidas de choque social. También le afearon que no se aviniera a concretar un posible ajuste al alza de figuras fiscales como el impuesto de sucesiones o el tramo autonómico del IRPF. Estas iniciativas también figuran en las medias del pleno contra la pobreza y según la Generalitat están “en estudio”.

Ningún miembro del Gobierno catalán compareció tras la reunión y su balance vino en forma de nota de prensa. La portavoz, Neus Munté, defendió durante la reunión que “sin querer hacer victimismo sino realismo, no se han tenido las manos libres” para poder cumplir con los compromisos del pleno. Y como ejemplo puso la impugnación de la ley antidesahucios.

Más becas comedor

Una lectura que, sin embargo, los partidos políticos matizan, aunque también aceptan algunos avances. “No solo es un tema de Presupuestos, también es de voluntad política”, dijo la diputada Eva Granados (PSC), que explica cómo aún no se conocen los resultados del protocolo de protección contra la malnutrición infantil. Desde Catalunya Sí Que Es Pot, Marta Ribas puso el acento en la reforma sin fecha de la renta mínima de inserción y las dificultades para pactar la Renta Garantizada.

Illa también consideró “justo” criticar a la Generalitat por su incapacidad para llegar a acuerdos con las eléctricas para que ayuden a pagar la factura de los pobres energéticos. Solo se han cerrado acuerdos con empresas de agua. Las entidades creen que hay que apostar por garantizar los derechos de las personas, por delante de dar bonificaciones, algo para lo que no hay “cobertura legal”, pues la ley 24/2015 no obliga a las suministradoras a poner dinero extra para hacer frente a los impagos.

Los avances en la cesión de pisos vacíos o la ampliación de la cobertura de las becas comedor —que sí ha implicado la movilización de recursos por parte de la Generalitat— fueron valorados positivamente. Gallego también pidió actualizar el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña, el baremo que determina la concesión de ayudas sociales y que está congelado hace seis años.

Además, las entidades piden celebrar otro pleno para evaluar a fondo en el Parlament los resultados de las medidas de urgencia. Un seguimiento que la propia Mesa del Tercer Sector acepta que es farragoso, pues carece de indicadores de gestión y de ejecución presupuestaria.