La negociación de impuestos divide a Junts pel Sí

El Gobierno de Junts pel Sí afronta la negociación de los Presupuestos dividido acerca de las figuras tributarias que se modificarán para conseguir el voto de la CUP. Según fuentes cercanas a la negociación, el posible gravamen a las grandes fortunas y una eventual reforma del IRPF son el principal abismo entre los anticapitalistas y la antigua Convergència. ERC, que controla el Departamento de Economía y Hacienda, no rechaza de plano ninguno de los dos tributos, pero prefiere en cambio impuestos medioamientales. Las diferencias han hecho que, de momento, se aparque la reforma del impuesto de la renta.

El Ejecutivo catalán quiere llevar el mes que viene las cuentas al Parlament. Pero esta vez, quiere tener antes amarrado el apoyo de la CUP, que exige al Gobierno de Carles Puigdemont una subida de impuestos. Sobre la mesa, según fuentes de las negociaciones, hay desplegadas multitud de posibilidades. Entre estas, están nuevos impuestos medioambientales, reformas sobre tributos propios o cedidos —por ejemplo, para eliminar bonificaciones— e incluso el tributo para grandes fortunas.

Este último tributo divide a las partes. La CUP pide implantarla, pero el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDC) considera que ello podría suponer deslocalizaciones de grandes fortunas a todas las comunidades y argumenta que la presión fiscal es muy elevada. ERC está dispuesta a hablar de ello al considerar que el argumento del PDC es erróneo. El vicepresidente y titular de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, ya expuso en el Parlament que en presión fiscal sobre el PIB España, y también Cataluña, está solo por delante de “Estonia, Polonia, Chipre, Eslovaquia, Bulgaria, Lituania, Letonia, Irlanda y Rumanía” y lejos de otros países del entorno.

Una de las vías para aumentar ese gravamen podría ser el impuesto de Patrimonio. El único peligro que amenaza ese plan pasa por que el Gobierno central decida bonificarlo al 100%, lo que dejaría sin margen a la Generalitat. Otra fórmula pasaría por fijar un impuesto sobre inmuebles de alto standing o bien gravar las operaciones especulativas vinculadas al ladrillo.

Más consenso generarían, en cambio, impuestos que graven las externalidades. Gobierno y CUP negocian un tributo sobre las bebidas azucaradas. El Ejecutivo de Artur Mas trató de implantarlo, pero finalmente cedió ante las presiones de la industria del sector. Ahora, sin embargo, el Ejecutivo catalán tiene un informe de la Organización Mundial de la Salud que avala ese tributo. Pero además, también se planea una tasa sobre la contaminación de las nucleares y otro sobre el mismo hecho de las grandes superficies comerciales.

El debate sobre la reforma del IRPF, según estas fuentes, también se ha planteado en las negociaciones, aunque ha quedado aparcado al constatar que una modificación sobre este tributo no se notaría en el bolsillo del contribuyente hasta 2018. Es la única modificación fiscal a la que se ha comprometido en público el presidente de la Generalitat, en mayo pasado, aunque entonces aseguró que se limitaría a un recorte del gravamen a las rentas más bajas.

La CUP insiste en una modificación de diferentes tributos que apueste por los impuestos directos y en la progresividad fiscal. La diputada anticapitalista Eulàlia Reguant denunció ayer en el pleno del Parlament denunció que España se ha convertido en un Estado “fiel y sumiso” a los mandatos de la Unión Europea apostando por menos impuestos, y abogó por crear “un sistema tributario justo” y el “combate” contra el fraude fiscal.