Puigdemont afronta la cuestión de confianza pensando en las Cuentas

Solo una sorpresa impedirá esta semana a Carles Puigdemont superar la cuestión de confianza. La CUP le brindará su apoyo mientras él hace dos gestos: dirigirse al Gobierno central para que se avenga a negociar un referéndum de secesión y recalcar a los independentistas su compromiso de asegurar una consulta “vinculante”, ahora que el término “unilateral” espanta a su gobierno. Su equipo trabaja todavía en cómo hacerlo posible, una fórmula que no llegará antes del verdadero reto decisivo para el president: el debate de los Presupuestos.

Tanto las sesiones de la cuestión de confianza del miércoles y del jueves como el debate de Política General, una semana después, mostrarán la debilidad del Gobierno en el Parlamento, pero no condicionarán su continuidad. El compromiso de la CUP a votar a favor de Puigdemont el próximo jueves ha dado aire a su Ejecutivo, que ha ganado tiempo para resolver junto a los anticapitalistas la aprobación de las cuentas autonómicas. Ese sí será un debate a cara o cruz.

Si el Gobierno no es capaz de convencer a la CUP con partidas económicas concretas y una Ley de Acompañamiento sensibles a sus razones sociales y al proceso independentista, Cataluña se verá abocada a otras elecciones autonómicas antes de tiempo. Ambas partes son conscientes de que ahí se juega la legislatura.

El discurso de Puigdemont del miércoles es solo el primer paso en ese intento de no verse obligado a avanzar elecciones y abortar su proceso político. El presidente de la Generalitat se comprometerá a la celebración de un referéndum “inclusivo, vinculante y con reconocimiento internacional”, como afirman desde su equipo. También recordará, como recalcó ante la prensa extranjera la pasada Diada, que su objetivo sigue siendo el de alcanzar una convocatoria pactada con el Gobierno central sin esconder su escepticismo de que el futuro Ejecutivo, si es que no se repiten las elecciones generales, recoja el guante de negociar.

El Gobierno catalán trabaja en las fórmulas para hacerlo posible pese a las discrepancias que tiene dentro del Ejecutivo —consejeros como Santi Vila ven inadecuada esa posibilidad— y del propio Partit Demòcrata Català, donde parte de la antigua dirección ve un error mantener vivo el discurso del referéndum unilateral, al considerar que sería una repetición de la consulta del 9-N.

La sustitución del término “vinculante” asociado a la consulta por el de “unilateral” es un símbolo de la velocidad a la que avanza el lenguaje en esta legislatura a falta de hechos concretos. El Ejecutivo evita el segundo de ellos meses después de incluirlo en las conclusiones de la comisión de estudios del proceso Constituyente y de que el Partit Demòcrata Català también lo hiciera suyo introduciéndolo en su ideario.

No obstante, el objetivo de dar con la fórmula adecuada se ha convertido en un trabajo reservado para Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del Institut d'Estudis de l'Autogovern. El exmagistrado del Tribunal Constitucional tendrá que proponer cómo realizar una consulta que recoja los principios sobre referéndums desarrollados por la Comisión de Venecia, un organismo dependiente del Consejo de Europa que, entre otras cosas, defiende que “los aspectos fundamentales de la ley del referéndum no deben poder ser reformados durante el año anterior” (Código de Buenas Prácticas sobre Referendos aprobado en 2006), que defiende que tanto los partidarios del sí como del no tienen que sentirse apelados a participar y que sancionó el referéndum de Crimea porque este no estaba previsto en la Constitución de Crimea (2014).

“Un referéndum unilateral no solo es inconstitucional, es que o se acuerda o no será ni creíble ni viable”, señala Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional. No está previsto que Puigdemont ofrezca el miércoles aspectos concretos sobre cómo superará esos obstáculos.