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Inhabilitada una dirigente de ICV por autorizar un sistema ilegal de caza

Un juez condena a la exdiputada Núria Buenaventura a tres años y medio de inhabilitación por prevaricar

La Secretaria de Organización de ICV, Núria Buenaventura.
La Secretaria de Organización de ICV, Núria Buenaventura.

La secretaria de organización de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Núria Buenaventura, ha sido condenada a tres años y medio de inhabilitación por autorizar un sistema de caza de aves ilegal. El juzgado de lo penal número 14 de Barcelona considera a Buenaventura responsable de un delito de prevaricación administrativa. La exdiputada no podrá acceder a "empleo o cargo público" durante el tiempo de la condena. La pena podría haber sido mayor, pero el juzgado le ha aplicado la atenuante de "dilaciones indebidas" por el retraso que ha sufrido el proceso.

La dirección de Iniciativa ha anunciado que Buenaventura recurrirá la sentencia al considerar que no tomó ninguna decisión fuera de la normativa vigente y que, por lo tanto, "no cometió ningún delito administrativo como el juez y el fiscal indican". En un comunicado emitido este mediodía,la formación da a entender que no tomará ningunas medida disciplinaria contra su actual secretaria de organzación, al subrayar que el caso que le afecta "no es de corrupción sino de carácter administrativo". Buenaventura renunció en 2011 a optar a un cargo electo al no presentarse a las elecciones en el Congreso y por lo tanto, dice ICV, no ha ocupado un cargo público en los últimos cinco años, informa Àngels Piñol. 

En 2009, durante su etapa como directora general de Medio Ambiente de la Generalitat, Buenaventura concedió 3.374 autorizaciones para la captura de especies de ave protegidas mediante el método de liga, que consiste en poner pegamento en los árboles para atraer a los pájaros. Esa modalidad de caza, sin embargo, la había prohibido ella misma seis meses antes en consonancia con las normativas europea y española. De ahí el delito de prevaricación, que castiga con penas de inhabilitación al funcionario público que, "a sabiendas de su injusticia", dicta una resolución "arbitraria".

La sentencia es contundente. Buenaventura, dice el juez, "conocía sobradamente" la legislación que prohibía el método de la liga. En el juicio, la dirigente ecosocialista alegó que solo pretendía realizar, a instancias del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, un estudio y que para ello necesitaba autorizar algunas capturas. La Federación Catalana de Caza se había quejado de la prohibición al Síndic y éste recomendó a Medio Ambiente que estudiase si la liga se trataba de un "método masivo" de caza, como por otra parte ya indicaba claramente la normativa.

De esos supuestos estudios que justificaron la decisión no hay rastro. La sentencia concluye que Buenaventura tomó la decisión sin contar "con verdaderos informes técnicos", sino "simples conversaciones" de las que no hay constancia documental. La sentencia se apoya en la declaración de dos técnicos que hablaron con Buenaventura y se mostraron discrepantes de la "metodología a seguir" por el estudio y criticaron, además, que carecía "del más mínimo rigor científico".

El juez señala que Buenaventura autorizó capturas "de forma amplia, generalizada, sin control y sin voluntad sancionadora alguna" con la excusa de que "estaba prevista una excepción". La sentencia también señala que es "chocante" el cambio de parecer de Buenaventura después de recibir la recomendación del síndic. Medio Ambiente había prohibido el método de la liga, por primera vez, en 2008. Tras esas más de 3.000 capturas autorizadas en 2009, volvió a prohibirlo definitivamente en 2010.