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Los dirigentes de un club cannábico aceptan dos años de cárcel

La asociación Kaneel de Barcelona pacta con la fiscalía por temor a una condena de cinco años

Una socia fuma un porro en un club cannábico.
Una socia fuma un porro en un club cannábico.

Los dirigentes de Kaneel, un club cannábico de Barcelona, han aceptado una pena de dos años de cárcel por un delito contra la salud pública. El juicio debía celebrarse ayer ante la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, la misma sala que, el pasado mes de abril, impuso un severo castigo (cinco años de prisión) a los responsables de otro club de cannabis por tráfico de drogas y asociación ilícita. Ese precedente es el que, precisamente, animó ayer a los jefes de Kaneel y a sus abogados a sellar un acuerdo con la Fiscalía para lograr una rebaja de la pena y evitar el ingreso en la cárcel a cambio de aceptar los hechos.

La Fiscalía dirigía la acusación contra cinco miembros de la Asociación Cannábica Kaneel Club, constituida en 2013 y ubicada en el barrio de Gràcia. Según los estatutos, la asociación se dedicaba al cultivo compartido de cannabis “sin ánimo de lucro y en circuito cerrado de usuarios”. Medio año más tarde, sin embargo, esos estatutos cambiaron. La asociación suprimió lo relativo al cultivo y añadió un nuevo fin: “El consumo responsable de cannabis en el interior de las instalaciones”.

La Generalitat suspendió el proceso de inscripción de la asociación y dio traslado a la Fiscalía para que estudiase si podía haber un delito contra la salud pública. Y el criterio de la Fiscalía ante la actividad de estos clubes, que se encuentran en un limbo legal, es claro: si la policía comprueba que se vende cannabis, acusa por un delito de tráfico de drogas al que se suma, a menudo, otro de asociación ilícita, al considerar que la junta directiva actúa como una especie de organización criminal.

Ésos son los cargos que afrontaban dos presidentes (Adrià B. y Pablo M.), dos secretarios (Albert S. y Alberto M.) y la tesorera de Kaneel Club (Camila S.). La Fiscalía cree que los directivos se dedicaban a la “venta indiscriminada de marihuana y hachís” y simulaban que “la forma asociativa amparaba la libre circulación de la droga”. En 2014, los Mossos comprobaron la “constante afluencia de personas” y, finalmente, inspeccionaron el local para constatar que se vendía marihuana a unos diez euros el gramo.

La Fiscalía solicitaba tres años de cárcel por tráfico de drogas y otros dos por asociación ilícita. Al final, rebajó la pena a solo dos años tras el pacto con los acusados. Su abogada, Laura Alegre, ha tenido en cuenta que la Sección Décima ya tiene un criterio formado sobre los clubes de cannabis porque, en un caso similar —el club La Mesa, de Barcelona— dictó una sentencia que implicó el ingreso en prisión de sus dos responsables.